/ sábado 10 de febrero de 2018

Criminalizados

Ser joven y ser pobre es garantía de detención. Así lo dicen ellos mismos, conscientes del peligro frecuente de que se violen sus Derechos Humanos. El caso de Marco Antonio Sánchez es el ejemplo de una criminalización aberrante.

 

El chico que estuvo cinco días desaparecido –después de que se lo llevaran policías de la Ciudad de México- se convirtió en el símbolo de una generación que pide a gritos, garantías. Que exige que se le mire con otros ojos y se le den las oportunidades a las que aspira.

Lo que sucedió con el estudiante de preparatoria se repite con constancia inaudita: detenciones arbitrarias sin que medie delito alguno, por el solo hecho de encontrarse en una esquina platicando con los amigos.

Más de seis mil jóvenes, menores de 17 años, desaparecidos, sin que autoridad alguna se moleste en ventilar su expediente.

Como si se los tragara la tierra se esfuman, sin que la familia logre conmover a quienes tendrían la obligación de hacer lo imposible, por dar con su paradero. A un buen número se los llevó la policía.

Atacar a quienes se encargan de velar por nuestra seguridad, parecería deporte nacional. Las críticas, a las distintas corporaciones, son cotidianas y hay quien piensa que es un absurdo lacerarlos en general, cuando son unos cuantos los que provocan el desprestigio.

Nadie duda el que hayan buenos “elementos”, aunque son parte de una institución que, sea a nivel federal o local, desde hace décadas carga con el San Benito de la corrupción.

Era vox populi la mochada que, los de abajo, tenían que entregar a sus superiores. Fuera por extorsión a negocios, mordidas a automovilistas, a ambulantes, o por vaciarle la cartera a cualquier sospechoso, de algún sitio tenía que salir la obligatoria cantidad. ¿Desapareció la costumbre o en cuantísimos lugares de la República se sustituyó por las “aportaciones” del narco?

La juventud actual tiene otras normas de conducta. Sujeta a un bombardeo de medios de comunicación, que la condicionan al consumismo, en su mayoría carece de los recursos para materializar sus sueños.

Se sabe sin acceso a oportunidades, tenga o no, estudios. De la rígida educación del reglazo se pasó a la incapacidad de transmitir valores, ya sea por exceso de trabajo de los progenitores, por ignorancia o por desidia.

En una sociedad regida por el “cuanto tienes, cuanto vales”, por el “tener” y no por el “ser”, el intento por estar dentro de los parámetros de aceptación, al fallar, propicia resentimiento y frustración.

Viven en medio de la violencia, en su hogar, en la calle, en la escuela, en el trabajo (Casi tres millones de menores trabajan). 63 de cada 100, sufren violencia intrafamiliar y el Ombudsman, González Pérez, señaló que tienen casos “atroces” documentados.

Lo dije en mi comentario radiofónico y me llamó una señora. A su hija se la llevaron unos agentes, la retuvieron tres días y la devolvieron intoxicada, con señales de una tortura brutal. Han pasado cinco años y la chica no levanta cabeza.

El gobierno capitalino y el del Estado de México, tienen que esclarecer lo sucedido con Marco Antonio. Si no se trató de desaparición forzada, sí fue detención arbitraria. Se multiplican las especulaciones, las hipótesis. Se confronta el padre del joven con las autoridades y se menciona un sesgo político electoral.

Y los adultos, tenemos que dejar de discriminar a quienes, por el hecho de tener pocos años se les considera una escoria, unos vándalos.

Criminalizados

catalinanq@hotmail.com

@catalinanq

Ser joven y ser pobre es garantía de detención. Así lo dicen ellos mismos, conscientes del peligro frecuente de que se violen sus Derechos Humanos. El caso de Marco Antonio Sánchez es el ejemplo de una criminalización aberrante.

 

El chico que estuvo cinco días desaparecido –después de que se lo llevaran policías de la Ciudad de México- se convirtió en el símbolo de una generación que pide a gritos, garantías. Que exige que se le mire con otros ojos y se le den las oportunidades a las que aspira.

Lo que sucedió con el estudiante de preparatoria se repite con constancia inaudita: detenciones arbitrarias sin que medie delito alguno, por el solo hecho de encontrarse en una esquina platicando con los amigos.

Más de seis mil jóvenes, menores de 17 años, desaparecidos, sin que autoridad alguna se moleste en ventilar su expediente.

Como si se los tragara la tierra se esfuman, sin que la familia logre conmover a quienes tendrían la obligación de hacer lo imposible, por dar con su paradero. A un buen número se los llevó la policía.

Atacar a quienes se encargan de velar por nuestra seguridad, parecería deporte nacional. Las críticas, a las distintas corporaciones, son cotidianas y hay quien piensa que es un absurdo lacerarlos en general, cuando son unos cuantos los que provocan el desprestigio.

Nadie duda el que hayan buenos “elementos”, aunque son parte de una institución que, sea a nivel federal o local, desde hace décadas carga con el San Benito de la corrupción.

Era vox populi la mochada que, los de abajo, tenían que entregar a sus superiores. Fuera por extorsión a negocios, mordidas a automovilistas, a ambulantes, o por vaciarle la cartera a cualquier sospechoso, de algún sitio tenía que salir la obligatoria cantidad. ¿Desapareció la costumbre o en cuantísimos lugares de la República se sustituyó por las “aportaciones” del narco?

La juventud actual tiene otras normas de conducta. Sujeta a un bombardeo de medios de comunicación, que la condicionan al consumismo, en su mayoría carece de los recursos para materializar sus sueños.

Se sabe sin acceso a oportunidades, tenga o no, estudios. De la rígida educación del reglazo se pasó a la incapacidad de transmitir valores, ya sea por exceso de trabajo de los progenitores, por ignorancia o por desidia.

En una sociedad regida por el “cuanto tienes, cuanto vales”, por el “tener” y no por el “ser”, el intento por estar dentro de los parámetros de aceptación, al fallar, propicia resentimiento y frustración.

Viven en medio de la violencia, en su hogar, en la calle, en la escuela, en el trabajo (Casi tres millones de menores trabajan). 63 de cada 100, sufren violencia intrafamiliar y el Ombudsman, González Pérez, señaló que tienen casos “atroces” documentados.

Lo dije en mi comentario radiofónico y me llamó una señora. A su hija se la llevaron unos agentes, la retuvieron tres días y la devolvieron intoxicada, con señales de una tortura brutal. Han pasado cinco años y la chica no levanta cabeza.

El gobierno capitalino y el del Estado de México, tienen que esclarecer lo sucedido con Marco Antonio. Si no se trató de desaparición forzada, sí fue detención arbitraria. Se multiplican las especulaciones, las hipótesis. Se confronta el padre del joven con las autoridades y se menciona un sesgo político electoral.

Y los adultos, tenemos que dejar de discriminar a quienes, por el hecho de tener pocos años se les considera una escoria, unos vándalos.

Criminalizados

catalinanq@hotmail.com

@catalinanq