/ miércoles 20 de junio de 2018

Críticas sin acción para la Justicia Penal

Se cumplen dos años desde aquel plazo perentorio estipulado en la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia aprobada por el Congreso de la Unión en 2008, que determinaba ocho años para que en todo el país estuviera vigente un nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio.

Es así como el 18 de junio de 2016 se hacía público el reconocimiento a las instituciones operadoras del sistema de justicia penal por su esfuerzo, dedicación y responsabilidad de haber puesto en marcha una reforma de gran calado para todos los mexicanos, y construir un régimen legal en materia penal que favoreciera la paz, estabilidad y el desarrollo de la nación.

Esta reforma respondía de manera especial a la crisis de seguridad que se registraba desde hacía tiempo en todo el país y era abanderada por representantes de la Sociedad Civil, que levantaron una voz propositiva para demandar una evolución cualitativa en materia de justicia penal y generó la transformación jurídica e institucional más trascendente de los últimos 100 años.

Para dimensionar este hecho histórico, se invirtieron cerca de 21 mil MDP en la implementación de la reforma, de los cuales 18 mil 700 MDP −es decir, prácticamente el 90%− se ejercieron en esta administración que culmina. Pero destaca la labor que llevó a cabo el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, que fungía como eje de enlace, trabajo conjunto y seguimiento para que las determinaciones colegiadas de todos operadores se volvieran palpables, eficaces y se convirtieran en estrategias efectivas para un objetivo nacional común. Este Consejo se conformó por representantes los tres Poderes de Unión y los tres Poderes de las 32 Entidades Federativas, así como representantes ciudadanos y académicos.

El esfuerzo fue impresionante. Así lo confirma la capacitación de más de 270 mil operadores (jueces, magistrados, peritos, ministerios públicos, defensores y asistentes jurídicos) y más de 250 mil elementos de seguridad pública de corporaciones locales. En el plano legislativo se crearon o modificaron de 21 leyes federales y más de 400 locales. También, en el plano de infraestructura se construyeron o adecuaron al menos 2 mil 800 espacios para las diversas instancias de procuración e impartición de la justicia penal.

Cada una de estas cifras es respaldada por un enorme trabajo de las trincheras de los integrantes del Consejo de Coordinación y de miles de operadores del sistema de justicia penal, que dedicaron tiempo y espacio a la cristalización de una reforma que ha cambiado la manera en que se administra, procura e imparte justicia en nuestro país.

Y después de este esfuerzo, vinieron las críticas que responsabilizan al nuevo sistema de dejar libres a los criminales, de no demostrar su eficacia en el combate a la delincuencia y menos aún de contribuir a la seguridad que anhelan los ciudadanos.

Lo cierto es que después del 18 de Junio del 2016 el esfuerzo pareciera diluido, pues se reflejó nulo seguimiento para consolidar el sistema y ni que decir de la inexistente coordinación y comunicación entre los operadores para fortalecerlo, mejorarlo y darle la continuidad que este tema merece, pues esta pasividad retrasa la puesta en práctica de distintos cuerpos normativos, estrategias y sinergias, que ineludiblemente son transversales entre policías, ministerios públicos, peritos y jueces en favor del sistema. Hoy son muy pocos los operadores que deciden caminar juntos para perfeccionar la justicia penal y es notoria la carencia de indicadores cuantitativos y cualitativos que hagan evidente donde debe apuntalarse este sistema.

Hoy más que nunca podemos señalar enfáticamente que el acuerdo para continuar trabajando juntos, firmado la noche del 18 de junio del 2016 en un emblemático escenario, donde acudieron representantes de todos los poderes federales y locales, no ha tendido ningún eco y menos aún su texto se ha puesto en marcha.

Es urgente medir, evaluar y determinar qué funciona y que no ha funcionado del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Es menester emitir instrumentos normativos acordes de esta segunda etapa de desarrollo del sistema, así como el diseño de políticas públicas que lo robustezcan y, por supuesto, actualización y difusión de programas de capacitación aún forzosos. Es necesaria la realización, de nueva cuenta, de reuniones técnicas de los operadores a fin de evitar discrepancias en la operación del sistema y buscar coincidir en los criterios operativos.

El lunes se cumplieron dos años sin que exista algo diferente o que resaltar de nuestro sistema penal vigente. No se trata de criticar, tampoco de señalar, la intención es poner en perspectiva el trabajo realizado, el esfuerzo invertido y la convicción de contar con un régimen legal que nos cobije a todos sin distinción. Es tiempo de trabajar para reforzar lo que nuestra constitución estableció hace 10 años en la reforma de seguridad y justicia para lograr la paz que todos demandamos y queremos.

mafrcontacto@gmail.com

Se cumplen dos años desde aquel plazo perentorio estipulado en la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia aprobada por el Congreso de la Unión en 2008, que determinaba ocho años para que en todo el país estuviera vigente un nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio.

Es así como el 18 de junio de 2016 se hacía público el reconocimiento a las instituciones operadoras del sistema de justicia penal por su esfuerzo, dedicación y responsabilidad de haber puesto en marcha una reforma de gran calado para todos los mexicanos, y construir un régimen legal en materia penal que favoreciera la paz, estabilidad y el desarrollo de la nación.

Esta reforma respondía de manera especial a la crisis de seguridad que se registraba desde hacía tiempo en todo el país y era abanderada por representantes de la Sociedad Civil, que levantaron una voz propositiva para demandar una evolución cualitativa en materia de justicia penal y generó la transformación jurídica e institucional más trascendente de los últimos 100 años.

Para dimensionar este hecho histórico, se invirtieron cerca de 21 mil MDP en la implementación de la reforma, de los cuales 18 mil 700 MDP −es decir, prácticamente el 90%− se ejercieron en esta administración que culmina. Pero destaca la labor que llevó a cabo el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, que fungía como eje de enlace, trabajo conjunto y seguimiento para que las determinaciones colegiadas de todos operadores se volvieran palpables, eficaces y se convirtieran en estrategias efectivas para un objetivo nacional común. Este Consejo se conformó por representantes los tres Poderes de Unión y los tres Poderes de las 32 Entidades Federativas, así como representantes ciudadanos y académicos.

El esfuerzo fue impresionante. Así lo confirma la capacitación de más de 270 mil operadores (jueces, magistrados, peritos, ministerios públicos, defensores y asistentes jurídicos) y más de 250 mil elementos de seguridad pública de corporaciones locales. En el plano legislativo se crearon o modificaron de 21 leyes federales y más de 400 locales. También, en el plano de infraestructura se construyeron o adecuaron al menos 2 mil 800 espacios para las diversas instancias de procuración e impartición de la justicia penal.

Cada una de estas cifras es respaldada por un enorme trabajo de las trincheras de los integrantes del Consejo de Coordinación y de miles de operadores del sistema de justicia penal, que dedicaron tiempo y espacio a la cristalización de una reforma que ha cambiado la manera en que se administra, procura e imparte justicia en nuestro país.

Y después de este esfuerzo, vinieron las críticas que responsabilizan al nuevo sistema de dejar libres a los criminales, de no demostrar su eficacia en el combate a la delincuencia y menos aún de contribuir a la seguridad que anhelan los ciudadanos.

Lo cierto es que después del 18 de Junio del 2016 el esfuerzo pareciera diluido, pues se reflejó nulo seguimiento para consolidar el sistema y ni que decir de la inexistente coordinación y comunicación entre los operadores para fortalecerlo, mejorarlo y darle la continuidad que este tema merece, pues esta pasividad retrasa la puesta en práctica de distintos cuerpos normativos, estrategias y sinergias, que ineludiblemente son transversales entre policías, ministerios públicos, peritos y jueces en favor del sistema. Hoy son muy pocos los operadores que deciden caminar juntos para perfeccionar la justicia penal y es notoria la carencia de indicadores cuantitativos y cualitativos que hagan evidente donde debe apuntalarse este sistema.

Hoy más que nunca podemos señalar enfáticamente que el acuerdo para continuar trabajando juntos, firmado la noche del 18 de junio del 2016 en un emblemático escenario, donde acudieron representantes de todos los poderes federales y locales, no ha tendido ningún eco y menos aún su texto se ha puesto en marcha.

Es urgente medir, evaluar y determinar qué funciona y que no ha funcionado del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Es menester emitir instrumentos normativos acordes de esta segunda etapa de desarrollo del sistema, así como el diseño de políticas públicas que lo robustezcan y, por supuesto, actualización y difusión de programas de capacitación aún forzosos. Es necesaria la realización, de nueva cuenta, de reuniones técnicas de los operadores a fin de evitar discrepancias en la operación del sistema y buscar coincidir en los criterios operativos.

El lunes se cumplieron dos años sin que exista algo diferente o que resaltar de nuestro sistema penal vigente. No se trata de criticar, tampoco de señalar, la intención es poner en perspectiva el trabajo realizado, el esfuerzo invertido y la convicción de contar con un régimen legal que nos cobije a todos sin distinción. Es tiempo de trabajar para reforzar lo que nuestra constitución estableció hace 10 años en la reforma de seguridad y justicia para lograr la paz que todos demandamos y queremos.

mafrcontacto@gmail.com

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