- Otra mancha al tigre
De que se tenga memoria, jamás la Procuraduría General de la República había actuado de modo tan faccioso o, cuando menos, lo hacía con disimulo. La exoneración de César Duarte es una mancha más al tigre.
El liberarlo de cargos federales, por operación de recursos de procedencia ilícita y delito bancario y defraudación fiscal, es un auténtico agravio contra una sociedad que exige justicia. Al régimen en el Poder y a su partido tricolor, parece que les importa un bledo, la vox pópuli.
La denuncia surgió, hace tres años y medio, de un activista –Jaime García Chávez-, presidente del movimiento chihuahuense, “Unión Ciudadana”. Con documentos y unaamplia investigación se solicitaba se iniciara el expediente acusatorio.
El meollo del asunto era la compra del Banco Unión Popular, por parte del exgobernador de Marras, quien creó un fideicomiso con la esposa, mismo que trasladó los miles de millones de pesos, que le permitieron convertirse en dueño del negocio. La adquisición de este bien, con dineros públicos, fue imposible de ocultar, como tampoco pudo esconder la cantidad de propiedades en su terruño y en Estados Unidos.
Uno de sus principales colaboradores, el entonces Secretario de Finanzas, Jaime Herrera, con la determinación de la PGR, también queda exento de toda culpa, cuando fue cerebro de los tejemanejes de Duarte. Vive en Chihuahua, como si no hubiera roto un plato.
En los años en los que se desgobernó a la norteña entidad, hubo todo tipo de corruptelas. La ambición de Duarte fue tan desmedida como la de su homónimo veracruzano. La diferencia es que, el tal Javier está bajo proceso, mientras al César se le trata con una benevolencia, en la que hay gato encerrado.
Las tranzas involucraron a instituciones bancarias importantes y a gallones de un Revolucionario Institucional, urgido de fondos subrepticios, para sus campañas. Por supuesto, perdieron el estado, que ganó el panista Javier Corral.
Han querido tapar el sol con un dedo, temerosos de que salgan a la luz los nombres de los prinosáuricos cómplices, a quienes se intentará seguir cubriendo con un manto de impunidad. La jerarquía de éstos, recorre la escala de la casta divina, hasta lo más alto.
Al interfecto le quedan once procesos vivos, a nivel procuraduría estatal. Será difícil que puedan echarle el guante, sin la ayuda de la federación, aunque Corral intente llegar hasta las últimas consecuencias.
La PGR está destruida. En manos de un “encargado de despacho”, lacayo de las órdenes del Ejecutivo, se persigue por motivos político electoreros; se intenta destazar a los contrincantes y se encubren corrupciones del tamaño de Odebrecht, auténtico escándalo.
En gran medida el culpable es el Congreso. Los legisladores se avinieron a dejar descabezada una institución, que podría tener un fiscal independiente. El PRI trató de dejar a Raúl Cervantes, a quien la oposición rechazó por su afiliación tricolor. Se enredaron por evitar la imposición, pero, cuando la ganaron decidieron que, el nombramiento podía esperar a que pasaran las elecciones. Craso error.
Cuando menos, fueron negligentes –por sus constantes acuerdos en lo oscurito-, para aplicar una Reforma, que garantizaría un órgano autónomo, esencial para la procuración de justicia. No pensaron en que, a la Procu se le pudiera hacer añicos, con componendas dignas de una dictadura.
El daño está hecho y ahora habrá que esperar el juicio de la historia.
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