- Doble injusticia
Pasan los meses y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sigue en el limbo. Las autoridades, a pesar de la presencia persistente de los familiares, intentan escurrir el bulto, sin éxito, porque ahora fue la misma ONU la que los llamó a cuentas.
Un informe de 64 páginas, paró de pestañas a un gobierno omiso, en cuanto a concluir una investigación que, dada la gravedad, debió resolverse con eficacia y rapidez. A los ojos del mundo, la “verdad histórica, que presentó el entonces procurador Murillo Karam, fue un montaje oficialista, sin fundamentos.
La faramalla de la PGR, en cuanto a que hizo miles de “inspecciones oculares del terreno”, entrevistas a cientos de personas y la aprehensión de docenas de presuntos implicados, cayó en tierra estéril. Conforme se fue desmenuzando el grueso expediente, pocos se lo creyeron y los organismos internacionales de Derechos Humanos, criticaron acremente, la falta de profesionalismo, entre otras carencias.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, para los Derechos Humanos, revisó 63 casos –de los 129 procesados-, ante las quejas recibidas por tortura de los aprehendidos.
Las denuncias de quienes siguen sin recibir sentencia, llevan meses. Se dirigieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA), la que incluso tuvo a un equipo especial de investigación en México. Sus demandas escalaron, hasta llegar al escritorio del máximo vigilante de las garantías individuales.
Para comprobar si alguien ha sido sujeto de tortura se le somete al “Protocolo de Estambul”, normativa universal por la que se establece si la sufrió. Puede ser psicológica, física o ambas. Las conclusiones no tienen vuelta de hoja y resultan definitivas en un proceso.
En el documento se afirma que, 51 de los presuntos delincuentes, fueron sometidos a tortura, además de a detenciones arbitrarias y otras violaciones a sus Derechos Humanos. Estas transgresiones anulan el debido proceso, por lo que se les tendría que dejar en libertad y con ello acabaría de caerse el castillo de naipes oficial.
La respuesta del gobierno llena de vaguedades y el reconocimiento de que sólo a algunos (Como excepción) se les torturó. ¡Qué tanto es tantito! Insistieron en que, “Doble Injusticia” poco aporta para la resolución del caso –como si la ONU tuviera la obligación de hacer el trabajo de los Sherlock Holmes de nopal-.
Pésima imagen para el exterior. Ni se cierra un tema tan grave, a pesar de la reciente detención de un cabecilla, ni se proyecta un país con apego a la ley. Y, de que hubo transgresiones a las garantías individuales, ni quien lo ponga en duda.
La tortura ha sido método policiaco reconocido. Imposible olvidar los horrores en locales clandestinos –e incluso, en sus propias instalaciones-. Años negros de agentes judiciales de pavor y jefes todavía más sádicos, que sus subordinados.
Técnicas como la del pocito, los toques eléctricos, los golpes, la agresión sexual; amenazas contra la familia y una enciclopedia completa de “tratos especiales”, por los que, el más inocente confesaba lo que se le exigiera.
La creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, favoreció el que se exhibiera la barbarie y se podría decir que ha habido avances, aunque, “lo que bien se aprende no se olvida”.
Ayotzinapa está vivo, mientras el Régimen agoniza. ¿Habrá forma de que esclarezcan la tragedia, que nos proyectó como enclave del subdesarrollo?
@catalinanq
