Así quedó el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, con la puesta de patitas en la calle que le asestó a Santiago Nieto, ahora exfiscal especial para delitos electorales.
Cuando leí la entrevista de Nieto en un pe- riódico nacional, hará un par de semanas, me quedé con el ojo cuadrado. El funcionario, con todas las letras, daba a conocer una carta que le había enviado el abogado de Emilio Lozoya Austin (exPemex), en la que, de acuerdo a sus palabras, “lo había presionado y amenazado”.
Si alguna norma es inviolable en la PGR es la del “sigilo y secrecía de los elementos de una investigación en curso”. Para que se entienda, hasta en las películas gringas se saca a relucir el cuidado que hay que tener con los procedimientos judiciales, a fin de evitar que un presunto culpable salga libre por habérselos saltado.
En esta República se vive de “filtraciones”, las que, cualquier abogado –que sea ético y res- petuoso del Derecho-, condena. Lo de que “se presume inocente” les importa un bledo a algunos mequetrefes –seudo servidores públicos-, acicateados por intereses económicos, políticos o protagonismos exhibicionistas.
El tal Nieto, además de violar el debido proceso, mintió. En la misiva de Marras no aparece una sola frase amenazadora, ni que le pudiera provocar presión. En varias entrevistas, el indefendible centro del debate –Emilio Lozoya-, rechazó haber cruzado una sola comunicación con el interfecto, salvo la carta escrita por su abogado, lo que implica que es la palabra de uno contra el otro.
Académicos, comunicadores, legisladores, presidentes de partidos de oposición, exigieron se reinstalara al despedido y lo conminaron a presentar su queja en el Senado, el cual podría revertir la orden.
Cuando interviene la política se liquida a la justicia. Más grave, el que muchos de los defensores de Nieto reconocen que violó la norma, pero que eso es frecuente. Aplauden el que se tuerza el Estado de Derecho, “porque es costumbre” y, como parece que a nadie le interesa cambiar las cosas, se justifican y perdonan fallas inadmisibles.
Todavía duele la herida de Florence Cassez, a quien la Suprema Corte dejó en libertad por la representación televisiva de su aprehensión. Los ministros jamás la declararon inocente de secuestro, pero tuvieron que abrirle las rejas.
Muchos otros culpables quedan sin castigo y, con la puesta en marcha del nuevo sistema oral todavía hay que ser más meticulosos del debido proceso.
Lo de Odebrecht es harina de otro costal. La poderosa empresa brasileña –que resultó lavadora de dinero y corrompió incluso, a presidentes en funciones-, debe haber embarrado a más de un azteca.
Se dice que le entregó 10 y pico millones de dólares a Lozoya, quien intenta salir limpio del embrollo. El añadido de que se usaron para la campaña de Peña Nieto (Lozoya era su colaborador), sigue en el limbo, en vista de que la FEPADE del removido era la encargada de la investigación. Al dejar el cargo de procurador, Raúl Cervantes dijo que estaba concluido el expediente. Le tocaría al encargado, Alberto Elías Beltrán, exponerlo a la brevedad, so pena de que se confirme
que hubo gato encerrado, en contra de Nieto. Habría que hacer a un lado la consecuencia de las pesquisas sobre Odebrecht y exigir que, con Nieto o sin él, quienes ocupan cargos de tanta responsabilidad, cumplan con su compromiso y se dejen de filtraciones, que inciden en la correcta aplicación de la justicia. Queremos vivir en un Estado de Derecho.
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