El estado de Puebla se empieza a llevar la palma, en el homicidio de mujeres. Los crímenes se multiplican, sin que parezca que a sus autoridades les haga mella y sin que, los criminales reciban castigo.
Los asesinatos de dos jóvenes, a últimas fechas, tuvieron resonancia en la República entera. Primero fue Mara Castilla, la que perdió la vida, presuntamente a manos de un conductor de Cabify, quien está bajo proceso.
Lo pescaron de milagro. La chica regresaba de un convivio y tomó el mencionado servicio. La compañía, a cargo del vehículo, colaboró en la investigación y se logró dar con el chofer, aprehenderlo y consignarlo. A Cabify le costó la licencia para operar en la entidad, aunque habrá que esperar a que el juzgador sancione al criminal, con todo el peso de la ley.
Cuando Mara desapareció, su familia pensó que se trataba de un secuestro y se hizo un enorme quórum, de la opinión pública, exigiendo que se diera con su paradero. Se encontró su cadáver en un barranco.
Hace poco más de una semana, otra estudiante universitaria, Mariana Fuentes, murió baleada, en una colonia de la Angelópolis, cuando se dirigía a casa de unas amigas. La policía dijo que se trataba de un intento de robo, aunque no se llevaron nada.
Al secuestro de Mara se respondió con una enorme movilización. La repulsa fue apoteósica y se centró en la demanda de que se ponga un alto a la violencia contra el género.
Las cifras, en relación al número de muertas –la mayoría de las cuales deberían considerarse feminicidios-, varían. El Sol de Puebla, en julio, mencionó que, en este año eran 61. La Jornada de Oriente, habla de 88, nada más en la capital del estado.
Sin embargo, el Observatorio Ciudadano y Reproductivo señala que, las tres entidades con el mayor número de homicidios de mujeres, en violencia familiar y con armas de fuego, son el Estado de México, Chihuahua y Puebla.
En 2007 se logró la Ley General al Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Incluye la estrategia que se conoce como Alerta de Género, por la que se declara el riesgo en una localidad y obliga a tomar acciones: La aceptación del gobierno de su responsabilidad del daño causado y su compromiso de investigar, repararlo, sancionar a autoridades negligentes, o que llevaron a la violación de los Derechos Humanos de las víctimas y a la impunidad.
Habrá que instrumentar políticas públicas, que eviten la comisión de delitos contra las mujeres y la verificación de los hechos, así como la publicidad de la verdad.
En el Estado de México la tienen 11 municipios y, aunque el problema persiste se aceptó su implementación. Hay constancia del número de delitos y se les clasifica como atentado contra el género.
En Puebla hay alarma. ¿Tendrán las jóvenes que vivir enclaustradas, sin salir de sus casas, evitar reuniones y pisar la calle en estado de terror?
Y si los ataques contra estudiantes universitarias suman un número alto, qué decir de quienes viven en comunidades aisladas, bajo el temor de las agresiones de la pareja, o de cualquiera.
La venganza hacia el contrario se enfoca a su compañera o sus hijas y hace un par de meses leí lo sucedido con una joven embarazada de 7 meses, a la que violaron varios tipejos, frente a sus otros dos pequeños, en una zona huachicolera. Con seguridad, semejante aberración, les pasó de largo a las autoridades.
El gobierno poblano tiene que tomárselo en serio y poner en marcha la alerta de género, que cuando menos hablaría de su intención de poner un alto. Basta de atentar contra las poblanas.
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