¿Será… Que de verdad que podemos dormir tranquilos como nos sugiere el presidente, y confiar en su promesa sobre de que en el 2020 no habrá aumento de impuestos, gasolinazos, incrementos a la energía eléctrica etc., tal y como nos tenían acostumbrados en las administraciones anteriores, primero priistas y después panistas?
Sin duda los hechos le darán o no la razón, con todo lo que ello implica, pues las opiniones sobre ese tema también están polarizadas. Por un lado encontramos a quienes consideran imprescindible una reforma fiscal que pueda costear el enorme gasto social y la ambiciosa obra pública proyectados para 2020 y por el otro, quienes potencialmente se estiman afectados por la sola sospecha de nuevos impuestos o por el incremento de los ya existentes y por tanto, se oponen a ello.
Con tales posiciones, en la cultura a la mexicana revivimos la vieja polémica entre la necesidad de incrementar sustancialmente la recaudación fiscal para hacerle frente a los gastos y su profunda impopularidad. Lo cierto es que en la sana economía de una sociedad o de una familia, para poder realizar un gasto, primero hay que ganar lo suficiente para realizarlo, así de simple. Pero si consideramos que somos un país dominado por la informalidad, que alcanza más del 50% de su población económicamente activa, la obtención de los recursos necesarios se ve amenazada por esa sombra y una salida fácil al problema, recurrente en el caso de las administraciones anteriores, es precisamente la creación de nuevos impuestos y/o el crecimiento de las contribuciones que ya pagamos.
Hecho que de manera sencilla quiere decir que la mayoría de las personas que realizan alguna actividad económica que les reditúa ingresos, no contribuye para el sostenimiento de los servicios públicos y del Estado. Circunstancia sin duda injusta, para quienes religiosamente sí lo hacemos y que somos los causantes cautivos que cargan con todo el gasto público.
En contraste al compromiso presidencial, los gobiernos de las entidades federativas sí introdujeron nuevos impuestos y/o incrementaron los ya vigentes, por ejemplo, el de la Ciudad de México se aplicó en las bebidas alcohólicas, el servicio de hospedaje, la tenencia y los juegos de apuestas para realizar una recaudación fiscal más sustanciosa y suficiente durante 2020, son acciones que afectan directamente al consumidor.
Sin embargo, en ambos casos no observamos ninguna medida gubernamental o local, que tienda a ampliar el universo de causantes con la incorporación de los mencionados omisos, que viven refugiados en la informalidad y que están en posesión de cuando menos la mitad de la economía en el país, o los que tradicionalmente eluden el pago de las contribuciones de Seguridad Social en sectores importantes muy localizados, como son los casos de los trabajadores de las industrias de la construcción y textil así como del comercio, sectores especialmente sensibles ya que ilegal e injustamente les niegan a sus operarios la posibilidad de un retiro digno.
En ese sentido no vislumbramos cambio alguno en la 4T, pues la práctica de ver en los causantes cumplidos “la gallina de los huevos de oro” no ha cambiado respecto a la ceguera de las administraciones hacendarias anteriores empeñadas en que la solución es el aumento de impuestos, sobre todo los que son más fáciles de recaudar en el consumo de los productos pero:
“Tanto va el cántaro al agua que…lo rompe”
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