Por una #SociedadHorizontal
Gran preocupación ha generado la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por el impacto que ésta pudiera tener sobre la privacidad y la seguridad de los usuarios de telefonía celular. A partir de este nuevo marco legal, se creará el polémico Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, mediante el cual, para obtener una línea telefónica en México, se requerirán datos biométricos como huellas dactilares o las facciones del rostro.
Como objetivo de esta nueva legislación, los representantes de Morena plantearon crear una base de datos a partir de las personas usuarias de una línea telefónica -de las 126 millones de líneas que hay en el país- ya sea de prepago o de pospago. Los usuarios tendrán que proporcionar sus datos personales, los cuales deberán ser desde el nombre hasta la nacionalidad. No obstante, lo más polémico es que los usuarios estarán obligados a “registrar su información biométrica”: por ejemplo las huellas dactilares, facciones del rostro o el iris.
Diversas organizaciones han criticado que esta propuesta no se encuentra “homologada ni armonizada” con lo que señala la legislación en materia de protección de datos personales. Al día de hoy no se sabe de que manera se protegerán estos datos y la forma en la que la autoridad habrá de utilizar el padrón propuesto. Cabe recordar que en 2008 se trató de configurar el Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (Renaut), pero éste se terminó vendiendo en el mercado ilegal. El resultado fue catastrófico. Pese a que el objetivo era reducir el crimen, el uso ilegal de la base de datos se convirtió en un incremento del 40% de la extorsión y en 8% del secuestro.
De esta forma, frente a la ley aprobada el pasado 13 de abril, no solo está en duda la forma en que el gobierno empleará los datos personales de millones de usuarios, sino la preocupación que conlleva que con instituciones tan permeables como las que tenemos en el país, el crimen organizado se haga de esta sensible y delicada información. Por lo pronto, habría que esperar que el Instituto Nacional de Acceso a la Información (Inai), acuda a la SCJN. El pleno de dicho órgano ya votó por unanimidad que acudirán a presentar una acción de inconstitucionalidad por el desmedido poder que podría darle al gobierno sobre la vida privada de los ciudadanos, la posesión de esta base de datos.
En este contexto, frente a la entrada en vigor de la controversial ley, ya se ha concedido el primer amparo contra el polémico Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut). El magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, ha dado la razón a Óscar González Abundis para que su línea de telefonía móvil no sea cancelada por no registrar sus datos personales. El integrante del Poder Judicial amparó que esta ley implica “una afectación a los derechos”. Es de esperarse que durante los próximos meses, se presente un caudal de amparos en este mismo sentido.
Desde el tema de la inseguridad que sufren los mexicanos, hasta la reciente controversia creada por AMLO de desaparecer a los organismos autónomos, la reforma en Telecomunicaciones ha puesto a prueba las capacidades de la #SociedadHorizontal para exigir un mejor funcionamiento de nuestras instituciones. Es indispensable que se involucre a fondo.
