/ martes 21 de mayo de 2019

De la impunidad a Fuente Ovejuna

El Estado tiene el deber de garantizarnos la seguridad pública y, en su caso, la procuración y la administración de justicia. En los últimos treinta años esta obligación no se ha cumplido por decir lo menos. La incidencia delictiva nos arrebató la tranquilidad en las calles, comunidades, parques, carreteras, centros comerciales, escuelas, en nuestros hogares y oficinas. Nadie está a salvo.

La seguridad pública, procuración y administración de justicia implican hacer prevalecer mandatos o reglas que se reconocen como válidas y mantener cierto orden dentro de una comunidad política. Lo anterior conlleva el uso legítimo o ilegitimo de la fuerza; esto debería ser siempre una función de estatal, pero como el Estado claudicó en su tarea de hacer prevalecer las leyes y el orden, el vacío de poder se llenó por diversos grupos que van desde la delincuencia organizada, grupos de autodefensas o la justicia por propia mano. Hace algunos años se publicó un vídeo en donde la Tuta, líder del grupo delictivo Los Caballeros Templarios y antiguo líder de la Familia Michoacana, repartía la herencia de un tercero conforme a su leal saber y entender.

Aquí, no hay duda de que la administración de justicia había sido asumida por un particular que hacía un uso ilegítimo de la fuerza. Los grupos de autodefensas también han asumido funciones estatales y, son ellos, quienes deciden quién transita por sus comunidades, las faltas administrativas, los delitos y, en algunos casos, hasta las sanciones dentro de la comunidad. La ausencia del poder estatal generó autoridades paralelas, en algunos casos necesarias, en otros arbitrarias, pero con igual o hasta mayor imperio que el del propio Estado. En este extremo del Estado natural, el caso más preocupante es la justicia de propia mano.

Los medios de comunicación nos han informado de linchamientos en todos los rincones del país. Sería imposible obviar el hartazgo, la impotencia y el enojo de todos y todas las mexicanas frente a la inactividad del Estado en contra de la delincuencia; sin embargo, esto no lo justifica. En los linchamientos no hay responsable, siempre fue Fuente Ovejuna, y en este momento la Fuente Ovejuna está fuera de control, pues varios inocentes ya han sido llamados secuestradores, además han sido acusados por una voz anónima, juzgados y sentenciados a pena de muerte.

Nuestras instituciones formales de administración de justicia fabrican culpables, pues lo mismo sucede con las instituciones informales. Los jueces y Fuente Ovejuna se equivocan al sentenciar a los acusados, los primeros dan condenas de cientos de años y los segundos golpean o queman vivos a los sospechosos.

El Estado tiene que recobrar el control del territorio nacional y detener la incidencia delictiva. Los ciudadanos debemos centrar nuestras fuerzas en exigirle a la autoridad. Menos personas linchando y más protestando a las fiscalías, a los juzgados y a la policía. No podemos renunciar a la idea de una comunidad política ordenada por las leyes y el uso legítimo de la fuerza. La violencia solo crea una espiral de violencia.

El Estado tiene el deber de garantizarnos la seguridad pública y, en su caso, la procuración y la administración de justicia. En los últimos treinta años esta obligación no se ha cumplido por decir lo menos. La incidencia delictiva nos arrebató la tranquilidad en las calles, comunidades, parques, carreteras, centros comerciales, escuelas, en nuestros hogares y oficinas. Nadie está a salvo.

La seguridad pública, procuración y administración de justicia implican hacer prevalecer mandatos o reglas que se reconocen como válidas y mantener cierto orden dentro de una comunidad política. Lo anterior conlleva el uso legítimo o ilegitimo de la fuerza; esto debería ser siempre una función de estatal, pero como el Estado claudicó en su tarea de hacer prevalecer las leyes y el orden, el vacío de poder se llenó por diversos grupos que van desde la delincuencia organizada, grupos de autodefensas o la justicia por propia mano. Hace algunos años se publicó un vídeo en donde la Tuta, líder del grupo delictivo Los Caballeros Templarios y antiguo líder de la Familia Michoacana, repartía la herencia de un tercero conforme a su leal saber y entender.

Aquí, no hay duda de que la administración de justicia había sido asumida por un particular que hacía un uso ilegítimo de la fuerza. Los grupos de autodefensas también han asumido funciones estatales y, son ellos, quienes deciden quién transita por sus comunidades, las faltas administrativas, los delitos y, en algunos casos, hasta las sanciones dentro de la comunidad. La ausencia del poder estatal generó autoridades paralelas, en algunos casos necesarias, en otros arbitrarias, pero con igual o hasta mayor imperio que el del propio Estado. En este extremo del Estado natural, el caso más preocupante es la justicia de propia mano.

Los medios de comunicación nos han informado de linchamientos en todos los rincones del país. Sería imposible obviar el hartazgo, la impotencia y el enojo de todos y todas las mexicanas frente a la inactividad del Estado en contra de la delincuencia; sin embargo, esto no lo justifica. En los linchamientos no hay responsable, siempre fue Fuente Ovejuna, y en este momento la Fuente Ovejuna está fuera de control, pues varios inocentes ya han sido llamados secuestradores, además han sido acusados por una voz anónima, juzgados y sentenciados a pena de muerte.

Nuestras instituciones formales de administración de justicia fabrican culpables, pues lo mismo sucede con las instituciones informales. Los jueces y Fuente Ovejuna se equivocan al sentenciar a los acusados, los primeros dan condenas de cientos de años y los segundos golpean o queman vivos a los sospechosos.

El Estado tiene que recobrar el control del territorio nacional y detener la incidencia delictiva. Los ciudadanos debemos centrar nuestras fuerzas en exigirle a la autoridad. Menos personas linchando y más protestando a las fiscalías, a los juzgados y a la policía. No podemos renunciar a la idea de una comunidad política ordenada por las leyes y el uso legítimo de la fuerza. La violencia solo crea una espiral de violencia.

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