Por Carlos Villaseñor Franco / Vicepresidente de Finanzas en COPARMEX
"La política es para los políticos", y le voy a decir por qué. Hace un par de años, participaba en un consejo editorial para incidir en la opinión pública desde las ideas, el análisis y la pluma, una forma valiosa de apostar por la pluralidad y de poner sobre la mesa los temas de la agenda ciudadana. Y fue justo ahí, siendo ingeniero preocupado por la innovación y la economía, cuando comencé a sospechar que la política no era más que para ellas y ellos, los políticos que gestionan el quehacer del servicio público.
El ciudadano como usted y como yo no siempre se da el lujo —porque lo es— de sentarse a leer sobre los temas que componen la agenda común, aunque no le pongamos atención.
Entonces me quedaron claras dos cosas: la primera y más importante, las y los ciudadanos no tenemos más opción que confiar en nuestras instituciones y autoridades, porque las herramientas que nos brindan para ejercer la democracia, votar y decidir, son tan básicas y aceleradas que terminamos eligiendo en la penumbra de los "otros datos" que nos presentan, acordes a lo que quieren y les conviene que sea visto.
La segunda, la política es para los políticos, porque entre ellos se entienden y entre ellos se arreglan. Las y los ciudadanos somos espectadores de sus series y novelas, a las que añaden capítulos y temporadas para que la parafernalia eche un velo sobre sus propios intereses y los oculte.
Pero, ¿y los ciudadanos? ¿Y la democracia? ¿Qué papel jugamos? Hasta ahora, y con frustración lo digo: ninguno, o si acaso, testimonial. Con la reciente Reforma Judicial, compruebo el primer punto: las y los ciudadanos que votaron por el partido que ocupa la mayoría en los curules no esperaban el camino que se tomó, aunque ya estaba anunciado. No representa la pluralidad ni los valores nacionalistas que dicen defender; al contrario, siembra la desconfianza y las pocas herramientas que ponen a nuestro alcance para participar son cada vez más insuficientes. Fue una reforma arrebatada, no consensuada y ventajosa, tanto en la forma como en el fondo, fruto de la extorsión. Al final, fue una decisión que, a todas luces, evidencia lo que no es una república.
Al grado que, incluso para los propios seguidores del actual régimen —los demás ciudadanos ya tenían cautela—, la desconfianza se ha apersonado. Los pasos que sí se habían dado, aunque aún no suficientes, pero en el sentido correcto, en temas como transparencia, derechos humanos, justicia, contrapesos, democracia y participación, sufrieron un parón en seco, abriendo la puerta al retroceso, lo que implica, por ejemplo, más corrupción y un alejamiento de la posibilidad de que las decisiones de la ciudadanía sean tomadas en cuenta.
Situación que viene bien a los oportunistas que sólo buscan su beneficio, a despecho de lo que sea. Lo vemos en Jalisco, donde a tres meses de una elección ganada por el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Pablo Lemus, obtenida con una ventaja considerable, hoy se respira la incertidumbre generada por un grupo político que desestima el voto de la gente, creando un ambiente de inferencia política basado en acusaciones y difamaciones. Los jaliscienses no queremos eso, quedó asentado en las urnas el 2 de junio.
El estado necesita certeza, las instituciones autonomía y los ciudadanos confianza y respeto por su decisión en las urnas; ninguna de las tres se está cumpliendo. En Jalisco y en el país necesitamos que las autoridades cumplan con su responsabilidad a partir de su autonomía. No necesitamos que la polarización sea caldo de cultivo para que unos cuantos cumplan sus caprichos. Exigimos que los tribunales electorales se conduzcan con transparencia y apego a derecho. Necesitamos recuperar el estado de derecho que se ha perdido.