En México, el manejo del presupuesto siempre había sido discrecional y con poco margen de control. Basados en una sesgada interpretación de la ley, pudieron llevar a los extremos un sistema normativo que de por sí ya estaba diseñado para simular la existencia de un “gobierno institucional”.
Hoy la oposición se rasga las vestiduras para defender la facultad de la Cámara de Diputados y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, omitiendo aspectos importantes que es necesario aclarar: 1) de conformidad con la Cuenta Pública reportada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 2019 fue la primera vez que el gobierno gastó menos de lo autorizado; 2) durante el periodo 2013-2018, las variaciones siempre se registraron a la alza –en 2016, fue de 613 mil millones de pesos, lo que representó 12.9% del total del presupuesto autorizado para ese año–, y ese excedente presupuestal siempre se aplicó de modo discrecional y sin aprobación del Poder Legislativo; 3) en el sexenio pasado, sumaron casi 2 billones de pesos los recursos ejercidos sin control de la Cámara de Diputados, el equivalente a casi 30% del presupuesto ejercido en 2019.
Los siguientes datos lo muestran con toda claridad:
• 2013 - $249,989.30
• 2014 - $99,583.10
• 2015 - $222,570.00
• 2016 - $613,975.60
• 2017 - $366,975.10
• 2018 - $331,892.10
• 2019 - $23,618.20
Tal ha sido el grado de discrecionalidad e impunidad en los gobiernos anteriores respecto al ejercicio presupuestal. Curiosamente, ahora que se busca establecer controles al gasto discrecional por parte del Ejecutivo, la oposición manifiesta que se trata de una invasión de facultades entre poderes. Cuando esa misma oposición –antes en el poder– ejerció con toda la discreción posible el presupuesto en cuestión. Entonces callaron como una tumba; pero ahora su alharaca lo único que demuestra es su brutal y enfermiza resistencia a aceptar que hoy sí vamos a vivir en un país donde las leyes se respeten.
El presidente propuso una modificación a la Ley de Responsabilidad Hacendaria, como un ejercicio democrático y necesario de colaboración entre poderes, en un contexto de pandemia y consecuente crisis de la economía. La Comisión de Presupuesto, presidida por un morenista, propuso modificaciones encaminadas no sólo a fortalecer la iniciativa presidencial. El objetivo es aportar mecanismos que definan con toda claridad cuándo se considera que hay crisis económica, y así establecer un tope del 10% a la modificación del presupuesto. Si se requiriera modificar aún más, deberá autorizarlo la Cámara de Diputados, y en todos los casos informarse cómo se ejercieron esos recursos. En síntesis, la propuesta consiste en poner candados a la impunidad con que los presidentes anteriores ejercían el presupuesto, y además empoderar las facultades del Congreso para tener un mayor control del gasto. Es a lo que realmente se resiste la oposición, llena de odio y simulación.
Aun con las restricciones derivadas de la crisis de salud que estamos viviendo, se han organizado foros y se ha escuchado a especialistas y a la oposición para seguir contando con mejores leyes. En esta legislatura mantenemos la firme convicción de seguir fortaleciendo un parlamento abierto.
En cada crisis y dificultad, Morena aprovecha para avanzar en la construcción de instituciones y la legalidad que tanta falta le ha hecho a nuestro país. Desafortunadamente, en México carecemos de una oposición consciente y responsable; y en su lugar tenemos agoreros del desastre, que ven las crisis como una oportunidad de atacar al gobierno, de dividir y lanzar campañas negras que sólo afectan –a veces de manera muy grave– a los mexicanos más marginados. La desinformación y el caos que pretenden implementar es ya un mal imputable a una oposición que definitivamente no nos merecemos.
Los diputados de Morena, seguimos trabajando.
Diputada Federal Coordinadora Temática de Economía del Grupo Parlamentario de Morena
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