Keyla Vargas* y Carlos Hernández**
A inicios del mes de octubre el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una red internacional ubicada en Washington, D.C., publicó su más reciente macro investigación Pandora Papers, sobre el uso de esquemas offshore por parte de empresarios, celebridades y políticos para movilizar sus fortunas hacia jurisdicciones laxas en la aplicación de estándares internacionales en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Para el caso mexicano, es notorio que en el tercer grupo se encuentren 7 personas funcionarias públicas de alto nivel, como senadores, titulares de secretarías de gobierno del orden federal, estatal y municipal, gobernadores y alcaldes.
Si bien existen pautas y guías emitidas por organismos internacionales especializados para conocer, evaluar, administrar y mitigar los riesgos de hacer negocios con aquellas personas que, por su cargo, empleo o comisión, puedan ser consideradas como Personas Políticamente Expuestas (PEP), la realidad ha demostrado que la prevención no es suficiente para consolidar a un país como altamente efectivo en el combate a la corrupción y a la reducción de flujos financieros ilícitos. Consolidar el liderazgo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para la atención de ambos fenómenos es una muestra de que existe voluntad política para que México se sume a las iniciativas internacionales para promover sociedades pacíficas e inclusivas conforme el Objetivo 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. La gran pregunta por resolver es si la UIF debe ser el pilar prioritario para enfocar la lucha contra la corrupción en el caso de los PEP. Es en este punto donde la visión de lo “glocal” entra en el debate.
Este término, acuñado originalmente en el mundo de los negocios, refiere al entendimiento de los procesos en que dinámicas globales de diversa naturaleza (migración, comercio, seguridad) se adaptan y moldean conforme a lo permiten las condiciones legales, sociales, políticas y culturales del ámbito local. La idea fundacional de esta filosofía de negocios, “pensar globalmente y actuar localmente”, es el mismo principio bajo el cual actúan aquellos PEP relacionados con los grandes escándalos de corrupción. En 20 años, 25 gobernadores estatales han estado involucrados en casos de corrupción derivados de investigaciones periodísticas y judiciales. Es decir, más de 50 % de los estados del país han tenido por lo menos un caso en que la máxima autoridad política fue señalada, tanto por delitos contra la administración pública como por aquellos directamente relacionados con la seguridad, como es la delincuencia organizada.
Seis años de estudiar, analizar y cotejar la información revelada por el ICIJ en los “Panama Papers” han dejado claro que, si en el ámbito estatal y municipal, no existen capacidades de detectar, e investigar potenciales PEPS involucrados en actos de corrupción o de lavado dinero, esto puede repercutir en la gravedad del delito y el alcance de sus consecuencias. Primero, porque las estructuras locales se corrompen cuando su titular está involucrado en estos esquemas. Segundo, porque los montos aumentan de manera significativa mientras no sean detectados. Tercero, porque en caso de que algún indicio llame la atención de una autoridad de vigilancia o cumplimiento de “nivel superior”, los rastros de las irregularidades son sumamente difíciles de encontrar.
En este contexto, el Estado Mexicano debe evolucionar la operación de sus estrategias anticorrupción para romper el eslabón que conecta a los flujos ilícitos con aquellas jurisdicciones laxas, y así proteger los recursos públicos mexicanos. Debe establecer una coordinación efectiva entre su política de prevención y su política criminal, y entre las autoridades municipales, estatales y federales. Si no es posible prevenir, es fundamental perseguir y sancionar los hechos de corrupción, y más importante, operar los medios legales nacionales e internacionales para recuperar los activos producto estos. Solo así, lograremos casos de éxito y empezaremos a romper el círculo vicioso de la impunidad que se extiende a nivel internacional.
No nos sorprendamos de la aparición de más reportajes como Panamá y Pandora Papers, al contrario, son fundamentales para que las autoridades realicen los actos de investigación necesarios. Pero sí preocupémonos y ocupémonos, si a pesar de este tipo de investigaciones periodísticas, de los estándares internacionales y de las políticas nacionales anticorrupción, la impunidad persiste y las venas de los flujos ilícitos siguen siendo alimentados de recursos públicos y privados destinados, en principio, al desarrollo sostenible y la prosperidad de nuestros países.
*Coordinadora de Proyectos del CASEDE.
** Gerente del Proyecto de de Estado de Derecho de la Embajada Británica.
