Con la ligereza de las acusaciones de traición a la Patria a 223 diputados de cuatro partidos, Andrés Manuel López Obrador atribuye a meras maniobras politiqueras los dichos del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre la respuesta del gobierno de México a su amenaza de castigar con aranceles las exportaciones de nuestro país. No he visto a nadie doblegarse así, afirmó Trump en un mitin político en el estado de Ohio al referirse al despliegue de 25 mil elementos de la Guardia Nacional y del Ejército en las fronteras norte y sur en junio de 2019 para contener con el empleo de la fuerza los flujos de migrantes hacia la Unión Americana. Tal decisión obsecuente, agregó Trump, permitió la aplicación del programa Quédate en México mediante el cual alrededor de 170 mil migrantes centroamericanos, mexicanos y de otras nacionalidades fueron devueltos a México, en espera del asilo solicitado.
En su conferencia de prensa matutina del lunes pasado, el presidente López Obrador intentó restar importancia a la gravedad de la revelación de Donald Trump sobre la forma en que su gobierno se “dobló” ante la presión consistente en la amenaza de aplicar severas medidas fiscales a las exportaciones de México. Sin embargo de las protestas de amistad y de simpatía personal de López Obrador hacia Donald Trump, los dichos de su ex homólogo confirman los hechos de ese junio de 2019, cuando López Obrador se avino a las exigencias del gobierno norteamericano, lo que cambió radicalmente la política de bienvenida, trato humanitario y oferta de trabajo a todo migrante que pisara el territorio nacional, según las expresiones del presidente en los inicios de su gobierno. La acusación de traición a la Patria, en voz de críticos de la política se ha convertido en un recurso retórico sin mayor consecuencia para quien la profiere o para el sujeto de ese señalamiento. Dicha por el presidente de la República, la acusación de traición a la Patria adquiere una gravedad de carácter jurídico a la que debería seguirse un proceso ante los tribunales por la comisión o la presunción de un delito sancionado por la Constitución y el Código Penal Federal. El presidente está obligado a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan.
Con esa misma irresponsabilidad, el máximo dirigente de Morena, Mario Delgado, anuncia las acusaciones de traición a la Patria y la vinculación a proceso por ese delito en contra de los 223 diputados de cuatro partidos que votaron en contra de la reforma eléctrica presentada por el presidente López Obrador y rechazada por la representación popular. Desde la Constitución de 1857 quedó establecida la inmunidad parlamentaria de diputados y senadores, que no podrán ser reconvenidos, mucho menos penalmente sancionados por la expresión de sus ideas o sus decisiones legislativas. Para el presidente acusar sin base alguna de traición a la Patria a todo aquel que se opone a sus designios implica una grave irresponsabilidad frente a sus obligaciones como jefe del Estado; para la fracción parlamentaria de Morena la acusación a los opositores, a quienes quiere exhibir con pizarrones en la vía pública, es un elemento más que muestra la torpeza y la ridiculez del seguimiento ciego a los dictados de la política autoritaria de la actual administración. ¿Quién traiciona, el presidente que se dobla ante un gobierno extranjero o los diputados opositores a su reforma eléctrica?
