/ miércoles 18 de noviembre de 2020

De superdelegados a gobernadores

Por Manuel Guadarrama

Se dijo y se cumplió. Los llamados superdelegados de Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Nayarit, Querétaro y Tlaxcala anunciaron su renuncia para buscar las gubernaturas de sus estados. La advertencia sobre el uso electoral de estos puestos es evidente. A pesar de que hubo críticas y numerosas recomendaciones para evitar que funcionarios que desempeñarán cargos en oficinas de representación lo usaran de trampolín para ganar gubernaturas, los legisladores omitieron establecer candados en materia electoral. Se crearon vicegobernadores que manejan un aparato burocrático y recursos de forma paralela a los gobernadores y bajo el mando del Ejecutivo Federal.

El 30 de noviembre de 2018 entró en vigor la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) que creó una nueva figura de “superdelgado” encargado de implementar planes y programas sociales. Esta polémica reforma generó una especie de vicegobernadores. Dentro de sus facultades se incluyó supervisar programas, trámites y servicios no solo de las dependencias federales, sino también de los estados. Se les dotó de una propia estructura burocrática y se concentró la decisión sobre la disposición de recursos destinados a apoyos sociales.

La LOAPF creó e impulsó un perfil electoral para quien ocupara estos puestos. Se les dotó de herramientas para que pudieran crear clientelas y asegurar la permanencia del partido gobernante en el poder o asegurar victorias en estados gobernados por partidos de oposición.

En administraciones pasadas los delegados del gobierno federal en las entidades federativas ya eran puestos con privilegios, estratégicos y frecuentemente otorgados como premio de consolación. Sin embargo, existían candados importantes: solo se podían crear cuando fuera indispensable para la prestación de servicios o realizar trámites. Eran designados por los titulares de las secretarías y tenían que ser mexicanos en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, contar con estudios académicos en materias afines a sus atribuciones y haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia en materia administrativa. Tampoco podían ser delegados si habían sido sentenciados por delitos patrimoniales o estaban inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público.

Estos requisitos desaparecieron en la reforma aprobada en noviembre de 2018. Ahora los delegados que por dos años estuvieron a cargo de la coordinación e implementación de programas y acciones para el desarrollo social; es decir, dando atención ciudadana u otorgamiento de beneficios directos a la población, serán las y los candidatos a las gubernaturas.

El diseño de nuestras instituciones importa. Si las diseñamos para generar ventajas indebidas o con falta de transparencia y rendición de cuentas, no nos extrañe que la administración pública esté plagada de riesgos de corrupción. Las reformas tendrían que evitar un federalismo de premios y castigos, y transitar a uno de incentivos y competencia.

Coordinador de Gobierno y finanzas del IMCO.

@ManuGuadarrama

Por Manuel Guadarrama

Se dijo y se cumplió. Los llamados superdelegados de Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Nayarit, Querétaro y Tlaxcala anunciaron su renuncia para buscar las gubernaturas de sus estados. La advertencia sobre el uso electoral de estos puestos es evidente. A pesar de que hubo críticas y numerosas recomendaciones para evitar que funcionarios que desempeñarán cargos en oficinas de representación lo usaran de trampolín para ganar gubernaturas, los legisladores omitieron establecer candados en materia electoral. Se crearon vicegobernadores que manejan un aparato burocrático y recursos de forma paralela a los gobernadores y bajo el mando del Ejecutivo Federal.

El 30 de noviembre de 2018 entró en vigor la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) que creó una nueva figura de “superdelgado” encargado de implementar planes y programas sociales. Esta polémica reforma generó una especie de vicegobernadores. Dentro de sus facultades se incluyó supervisar programas, trámites y servicios no solo de las dependencias federales, sino también de los estados. Se les dotó de una propia estructura burocrática y se concentró la decisión sobre la disposición de recursos destinados a apoyos sociales.

La LOAPF creó e impulsó un perfil electoral para quien ocupara estos puestos. Se les dotó de herramientas para que pudieran crear clientelas y asegurar la permanencia del partido gobernante en el poder o asegurar victorias en estados gobernados por partidos de oposición.

En administraciones pasadas los delegados del gobierno federal en las entidades federativas ya eran puestos con privilegios, estratégicos y frecuentemente otorgados como premio de consolación. Sin embargo, existían candados importantes: solo se podían crear cuando fuera indispensable para la prestación de servicios o realizar trámites. Eran designados por los titulares de las secretarías y tenían que ser mexicanos en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, contar con estudios académicos en materias afines a sus atribuciones y haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia en materia administrativa. Tampoco podían ser delegados si habían sido sentenciados por delitos patrimoniales o estaban inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público.

Estos requisitos desaparecieron en la reforma aprobada en noviembre de 2018. Ahora los delegados que por dos años estuvieron a cargo de la coordinación e implementación de programas y acciones para el desarrollo social; es decir, dando atención ciudadana u otorgamiento de beneficios directos a la población, serán las y los candidatos a las gubernaturas.

El diseño de nuestras instituciones importa. Si las diseñamos para generar ventajas indebidas o con falta de transparencia y rendición de cuentas, no nos extrañe que la administración pública esté plagada de riesgos de corrupción. Las reformas tendrían que evitar un federalismo de premios y castigos, y transitar a uno de incentivos y competencia.

Coordinador de Gobierno y finanzas del IMCO.

@ManuGuadarrama

ÚLTIMASCOLUMNAS