/ miércoles 14 de marzo de 2018

Debates, reglas y libertad de expresión

Debatir en democracia es un ejercicio cotidiano, fundamental en época electoral para nutrir la deliberación pública y facilitar a votantes ponderar ofertas de gobierno y representación legislativa, contrastar posturas, identificarse o no en ellas, decidir. La disputa política por cargos electivos encuentra ahí un espacio privilegiado que pone sobre la mesa diferencias o coincidencias, visiones distintas, alternativas de solución sobre un mismo problema. No son un mecanismo que tengan como fin destruir adversarios o convertirse en spot largo y secuenciado con monólogos predefinidos, sino encuentros de interacción para clarificar ante la población qué ofrece uno u otro para obtener respaldo en las urnas.

Apostar por abrir debates permanentes entre candidaturas presidenciales es una buena práctica en principio pero es un hecho que enfrenta tensiones jurídicas y estrategias políticas que matizan su alcance efectivo antes del arranque formal de las campañas, por ejemplo, existen mandatos legales vigentes para propiciar equidad cuando algún medio convoca libremente a un debate político, y en interpretación de la SCJN, esas reglas mínimas implican obligación de invitar siempre a todas y todos los contendientes a un mismo cargo. Ahí se han generado críticas por parte de empresas de comunicación que consideran poco atractivo para sus audiencias, incompatible incluso con sus formatos de programas cortos (de 30 o 15 minutos en algunos casos), tener una discusión con 5 o hasta 6 aspirantes presidenciales en lugar de solo uno o dos punteros.

Las propias reglas de competencia electoral, diseñadas para que haya un terreno de competencia parejo, sin que se adelanten unos al banderazo de salida en detrimento de otros, establece que antes del inicio de las campañas las y los candidatos no pueden hacer llamados al voto o promover su imagen en spots, porque estarían cometiendo un acto anticipado sancionable, lo mismo ocurre con el corazón de sus propuestas, porque las plataformas electorales no pueden tampoco promocionarse en tiempos como el que hoy vivimos de intercampaña, es decir, antes de que comience la temporalidad definida para difusión de ofertas, debates obligatorios y propaganda que llame al voto, hay cierts restricciones que impactan en la promoción de candidaturas y sus agendas.

Un asunto que ha ocupado la discusión de los medios y actores políticos durante las últimas semanas es el acuerdo del INE en donde se establecía que si no era posible difundir propuestas, llamar al voto o promover plataformas en periodo de intercampaña, tal y como no es posible hacerlo el mismo día de la elección o los tres previos, pues un debate entre candidaturas durante esta etapa sería contrario a esos criterios de no llamar al voto, no promover candidaturas o plataformas electorales, porque de eso tratan los debates, de contrastar posturas que son los contenidos de esas plataformas.

El tribunal electoral ha determinado sin embargo, que sí es válido abrir una etapa de contraste entre candidaturas para exponer sus visiones en medios masivos aunque las campañas no hayan comenzado, en el mismo sentido que permitió difundir promocionales de radio y televisión con la imagen de precandidatos únicos en periodo de precampaña, cuando el criterio de 2012 había sido que solo aquellas precandidaturas que tuvieran una competencia interna podrían aparecer en spots.

En los hechos, la temporada electoral de campaña se ha extendido y eso, en la medida que representa una base común para todas las fuerzas y actores políticos, no es necesariamente una mala noticia, es una base que a todos aplica. En todo caso, el diseño legal que marcó etapas de contienda interna con restricciones específicas, el que definió un margen para impugnaciones a esas contiendas internas llamado intercampaña y además una etapa para campañas con 90 días, poco a poco se fusiona.

Los debates no solo enfrentan esas fronteras legales, interpretaciones jurisdiccionales y formatos diversos, su prevalencia también depende de la voluntad de los propios candidatos para participar y poner en ellos contenido serio, de los medios para organizar sus propios ejercicios cara a cara, la disposición de radiodifusoras y televisoras no solo para cumplir con la obligación legal de transmitir dos debates oficiales organizados por el INE, también el compromiso que debieran asumir para difundir un tercer debate que por primera vez se organizará desde la autoridad electoral dando un paso más a los dos que por ley son obligados.

Debatir los debates es saludable si la práctica se normaliza y los diseños legales se armonizan con nuevas realidades, si la voluntad para arraigar espacios de discusión pública se multiplican en un entorno que permita la libre expresión pero sobre todo el derecho a un voto informado y razonado.

Consejero del INE

@MarcoBanos

Debatir en democracia es un ejercicio cotidiano, fundamental en época electoral para nutrir la deliberación pública y facilitar a votantes ponderar ofertas de gobierno y representación legislativa, contrastar posturas, identificarse o no en ellas, decidir. La disputa política por cargos electivos encuentra ahí un espacio privilegiado que pone sobre la mesa diferencias o coincidencias, visiones distintas, alternativas de solución sobre un mismo problema. No son un mecanismo que tengan como fin destruir adversarios o convertirse en spot largo y secuenciado con monólogos predefinidos, sino encuentros de interacción para clarificar ante la población qué ofrece uno u otro para obtener respaldo en las urnas.

Apostar por abrir debates permanentes entre candidaturas presidenciales es una buena práctica en principio pero es un hecho que enfrenta tensiones jurídicas y estrategias políticas que matizan su alcance efectivo antes del arranque formal de las campañas, por ejemplo, existen mandatos legales vigentes para propiciar equidad cuando algún medio convoca libremente a un debate político, y en interpretación de la SCJN, esas reglas mínimas implican obligación de invitar siempre a todas y todos los contendientes a un mismo cargo. Ahí se han generado críticas por parte de empresas de comunicación que consideran poco atractivo para sus audiencias, incompatible incluso con sus formatos de programas cortos (de 30 o 15 minutos en algunos casos), tener una discusión con 5 o hasta 6 aspirantes presidenciales en lugar de solo uno o dos punteros.

Las propias reglas de competencia electoral, diseñadas para que haya un terreno de competencia parejo, sin que se adelanten unos al banderazo de salida en detrimento de otros, establece que antes del inicio de las campañas las y los candidatos no pueden hacer llamados al voto o promover su imagen en spots, porque estarían cometiendo un acto anticipado sancionable, lo mismo ocurre con el corazón de sus propuestas, porque las plataformas electorales no pueden tampoco promocionarse en tiempos como el que hoy vivimos de intercampaña, es decir, antes de que comience la temporalidad definida para difusión de ofertas, debates obligatorios y propaganda que llame al voto, hay cierts restricciones que impactan en la promoción de candidaturas y sus agendas.

Un asunto que ha ocupado la discusión de los medios y actores políticos durante las últimas semanas es el acuerdo del INE en donde se establecía que si no era posible difundir propuestas, llamar al voto o promover plataformas en periodo de intercampaña, tal y como no es posible hacerlo el mismo día de la elección o los tres previos, pues un debate entre candidaturas durante esta etapa sería contrario a esos criterios de no llamar al voto, no promover candidaturas o plataformas electorales, porque de eso tratan los debates, de contrastar posturas que son los contenidos de esas plataformas.

El tribunal electoral ha determinado sin embargo, que sí es válido abrir una etapa de contraste entre candidaturas para exponer sus visiones en medios masivos aunque las campañas no hayan comenzado, en el mismo sentido que permitió difundir promocionales de radio y televisión con la imagen de precandidatos únicos en periodo de precampaña, cuando el criterio de 2012 había sido que solo aquellas precandidaturas que tuvieran una competencia interna podrían aparecer en spots.

En los hechos, la temporada electoral de campaña se ha extendido y eso, en la medida que representa una base común para todas las fuerzas y actores políticos, no es necesariamente una mala noticia, es una base que a todos aplica. En todo caso, el diseño legal que marcó etapas de contienda interna con restricciones específicas, el que definió un margen para impugnaciones a esas contiendas internas llamado intercampaña y además una etapa para campañas con 90 días, poco a poco se fusiona.

Los debates no solo enfrentan esas fronteras legales, interpretaciones jurisdiccionales y formatos diversos, su prevalencia también depende de la voluntad de los propios candidatos para participar y poner en ellos contenido serio, de los medios para organizar sus propios ejercicios cara a cara, la disposición de radiodifusoras y televisoras no solo para cumplir con la obligación legal de transmitir dos debates oficiales organizados por el INE, también el compromiso que debieran asumir para difundir un tercer debate que por primera vez se organizará desde la autoridad electoral dando un paso más a los dos que por ley son obligados.

Debatir los debates es saludable si la práctica se normaliza y los diseños legales se armonizan con nuevas realidades, si la voluntad para arraigar espacios de discusión pública se multiplican en un entorno que permita la libre expresión pero sobre todo el derecho a un voto informado y razonado.

Consejero del INE

@MarcoBanos