/ viernes 26 de octubre de 2018

Debatir la Legalización de las Drogas

Recientemente se difundió una noticia que vale la pena tomar en cuenta: el 17 de octubre, en Canadá entró en vigor la nueva legislación “Cannabis Act”, aprobada por el Senado de aquel país el pasado mes de junio y mediante la cual se legaliza el uso recreativo de la mariguana en todo su territorio.

En varios sentidos, esta decisión es importante. Por una parte, porque tal parece que el tema de la legalización de esa droga tenderá a convertirse en una medida adoptada por distintos países considerando el apoyo social que genera; por la otra, porque en México está demostrado que ante el evidente fracaso en la lucha contra las drogas, es necesario valorar nuevas alternativas que hasta ahora han sido bien recibidas por los ciudadanos de otras naciones.

Previo a la medida adoptada por Canadá, en el mes de julio de 2017 Uruguay ya había tomado la delantera al convertirse en el primer país del mundo en legalizar la venta de mariguana, por lo que ahora se permite la compra de 10 gramos de cannabis, el autocultivo o la pertenencia a clubes cannábicos.

También está el caso de los Estados Unidos; sin embargo aquí el avance ha sido parcial, pues sólo ha alcanzado a casi la mitad de sus estados. Aunque habría que agregar que, precisamente, esta semana nos enteramos que el 66 por ciento de los estadounidenses apoya la legalización de la mariguana.

Desde luego, la experiencia canadiense ha llamado mucho más la atención puesto que se trata de un país que no sólo es miembro de la OCDE, del G-7 (el grupo de los países más industrializados) y ahora, nuestro -renovado- socio junto con Estados Unidos, con la renegociación del acuerdo comercial.

De cualquier forma, los ciudadanos uruguayos y canadienses ven con buenos ojos que ya pueden adquirir mariguana en un mercado que no sólo es legal, sino que también les garantiza el acceso -compra- a través de establecimientos formales -incluso también la pueden adquirir en línea-, a un costo menor de la que se ofrece en la calle y con una mejor calidad; esto es, libre de pesticidas, semillas y tallos.

Entre ambas naciones existieron incentivos similares que los llevó a concretar cambios radicales en su política antidrogas; por ejemplo: contar con un registro de productores y consumidores; garantizar un control de calidad que permita reducir daños a la salud; tener un control del mercado para debilitar -desempoderar- al crimen organizado; contener la corrupción y la violencia producidas por las actividades de las organizaciones criminales y, reducir el abuso a los derechos humanos.

Adicional a lo anterior, en Canadá, existe la expectativa de que las ventas legales de cannabis se traduzcan en un impulso a la economía en 1,100 millones de dólares canadienses y una recaudación de cerca de 400 millones de dólares vía impuestos. En Uruguay, se estima que los beneficios económicos de la legalización se traduzcan en beneficios para el gobierno del orden de unos 10 millones de dólares al año. Todo parece indicar que al final ganan los consumidores y también gana el gobierno, particularmente porque esos millones de dólares ya no llegan a las organizaciones criminales.

Coincidentemente a finales del mes pasado la Comisión Global de Política de Drogas, grupo conformado por 22 ex jefes de estado, de gobierno y dos premios Nobel, presentó aquí en México el Informe 2018 Regulación: El Control Responsable de las Drogas, en el cual se concluye que la vía para arrebatar al crimen organizado el negocio de la venta de drogas es la regulación; esto es, su “legalización”. Las razones que este grupo expone ante dicha propuesta, se ubican en la misma línea que los argumentos esgrimidos por Canadá y Uruguay.

Hasta aquí he intentado trazar de manera general tanto la experiencia de estos países como la posición del grupo de expertos que por ahora es la más reconocida y la que más consensos ha generado. A primera vista existen interesantes ventajas, pero esto no ha evitado que surjan voces críticas a ese tipo de políticas progresistas ni la oposición de otros países y de la propia ONU, que apelan a los tratados internacionales sobre estupefacientes vigentes.

Más allá de lo anterior, lo que me interesa precisar es que, en lo personal, no estoy a favor ni en contra de la legalización. Por el contrario, estoy plenamente convencido de que, ante el rotundo fracaso de las estrategias antidrogas, muy probablemente llegó el momento de revisar con seriedad otras experiencias y de abrirnos a un debate serio para definir puntualmente el camino que debemos seguir.

En consecuencia, considero mucho más útil saber qué opina la sociedad en su conjunto respecto a un problema que le impacta directamente en su salud, en su vida y en su seguridad personal y familiar, en lugar de que el gobierno electo nos distraiga y manipule con una consulta opaca sobre el destino del nuevo aeropuerto, que por cierto, a muy pocos mexicanos les interesa.


*Presidente de la Academia Mexicana de Educación .

Recientemente se difundió una noticia que vale la pena tomar en cuenta: el 17 de octubre, en Canadá entró en vigor la nueva legislación “Cannabis Act”, aprobada por el Senado de aquel país el pasado mes de junio y mediante la cual se legaliza el uso recreativo de la mariguana en todo su territorio.

En varios sentidos, esta decisión es importante. Por una parte, porque tal parece que el tema de la legalización de esa droga tenderá a convertirse en una medida adoptada por distintos países considerando el apoyo social que genera; por la otra, porque en México está demostrado que ante el evidente fracaso en la lucha contra las drogas, es necesario valorar nuevas alternativas que hasta ahora han sido bien recibidas por los ciudadanos de otras naciones.

Previo a la medida adoptada por Canadá, en el mes de julio de 2017 Uruguay ya había tomado la delantera al convertirse en el primer país del mundo en legalizar la venta de mariguana, por lo que ahora se permite la compra de 10 gramos de cannabis, el autocultivo o la pertenencia a clubes cannábicos.

También está el caso de los Estados Unidos; sin embargo aquí el avance ha sido parcial, pues sólo ha alcanzado a casi la mitad de sus estados. Aunque habría que agregar que, precisamente, esta semana nos enteramos que el 66 por ciento de los estadounidenses apoya la legalización de la mariguana.

Desde luego, la experiencia canadiense ha llamado mucho más la atención puesto que se trata de un país que no sólo es miembro de la OCDE, del G-7 (el grupo de los países más industrializados) y ahora, nuestro -renovado- socio junto con Estados Unidos, con la renegociación del acuerdo comercial.

De cualquier forma, los ciudadanos uruguayos y canadienses ven con buenos ojos que ya pueden adquirir mariguana en un mercado que no sólo es legal, sino que también les garantiza el acceso -compra- a través de establecimientos formales -incluso también la pueden adquirir en línea-, a un costo menor de la que se ofrece en la calle y con una mejor calidad; esto es, libre de pesticidas, semillas y tallos.

Entre ambas naciones existieron incentivos similares que los llevó a concretar cambios radicales en su política antidrogas; por ejemplo: contar con un registro de productores y consumidores; garantizar un control de calidad que permita reducir daños a la salud; tener un control del mercado para debilitar -desempoderar- al crimen organizado; contener la corrupción y la violencia producidas por las actividades de las organizaciones criminales y, reducir el abuso a los derechos humanos.

Adicional a lo anterior, en Canadá, existe la expectativa de que las ventas legales de cannabis se traduzcan en un impulso a la economía en 1,100 millones de dólares canadienses y una recaudación de cerca de 400 millones de dólares vía impuestos. En Uruguay, se estima que los beneficios económicos de la legalización se traduzcan en beneficios para el gobierno del orden de unos 10 millones de dólares al año. Todo parece indicar que al final ganan los consumidores y también gana el gobierno, particularmente porque esos millones de dólares ya no llegan a las organizaciones criminales.

Coincidentemente a finales del mes pasado la Comisión Global de Política de Drogas, grupo conformado por 22 ex jefes de estado, de gobierno y dos premios Nobel, presentó aquí en México el Informe 2018 Regulación: El Control Responsable de las Drogas, en el cual se concluye que la vía para arrebatar al crimen organizado el negocio de la venta de drogas es la regulación; esto es, su “legalización”. Las razones que este grupo expone ante dicha propuesta, se ubican en la misma línea que los argumentos esgrimidos por Canadá y Uruguay.

Hasta aquí he intentado trazar de manera general tanto la experiencia de estos países como la posición del grupo de expertos que por ahora es la más reconocida y la que más consensos ha generado. A primera vista existen interesantes ventajas, pero esto no ha evitado que surjan voces críticas a ese tipo de políticas progresistas ni la oposición de otros países y de la propia ONU, que apelan a los tratados internacionales sobre estupefacientes vigentes.

Más allá de lo anterior, lo que me interesa precisar es que, en lo personal, no estoy a favor ni en contra de la legalización. Por el contrario, estoy plenamente convencido de que, ante el rotundo fracaso de las estrategias antidrogas, muy probablemente llegó el momento de revisar con seriedad otras experiencias y de abrirnos a un debate serio para definir puntualmente el camino que debemos seguir.

En consecuencia, considero mucho más útil saber qué opina la sociedad en su conjunto respecto a un problema que le impacta directamente en su salud, en su vida y en su seguridad personal y familiar, en lugar de que el gobierno electo nos distraiga y manipule con una consulta opaca sobre el destino del nuevo aeropuerto, que por cierto, a muy pocos mexicanos les interesa.


*Presidente de la Academia Mexicana de Educación .