/ jueves 17 de mayo de 2018

Decirle sí a las farmacéuticas

La semana pasada nos enteramos de que Novartis, la compañía farmacéutica suiza, le pagó a Michael Cohen —el abogado personal de Donald Trump—1.2 millones de dólares por la que acabó siendo una sola reunión. Después, el viernes, Trump anunció un “plan” para reducir los precios de los medicamentos.

¿Por qué las comillas? Porque el “plan” en su mayor parte carece de sustancia. Nada de esto debería sorprendernos. A estas alturas “Trump incumple otra de sus promesas populistas” es más bien otro de esos encabezados predecibles y ordinarios.

No obstante, aquí hay dos preguntas sustantivas. La primera, ¿el gobierno de Estados Unidos realmente debería hacer lo que Trump dijo que haría, pero que no hizo? Y de ser así, ¿por qué no se ha actuado con respecto a los precios de los medicamentos?

La respuesta a la primera pregunta es un sí. Estados Unidos paga más que ninguna otra de las naciones principales por medicinas y no hay una buena razón que lo justifique. En esencia, tratándose de medicamentos, somos los tontos de último recurso de las grandes farmacéuticas.

Tengan en cuenta que la forma en que funciona el negocio de los medicamentos no puede ni debe guardar similitud alguna con la clase de economía básica, ni las historias de oferta y demanda que fascinan a los entusiastas del libre mercado. En cambio, tenemos un sistema de patentes en el que a la farmacéutica que desarrolla un medicamento se le otorga un monopolio provisional sobre las ventas de este. Ese sistema está bien, o al menos es defendible, como una forma de recompensar la innovación, pero no hay nada en la lógica del sistema de patentes que diga que los propietarios de las patentes deberían estar en libertad de explotar sus monopolios al máximo.

¿Entonces, por qué no estamos haciendo nada con los precios de los medicamentos?

Es cierto que simplemente otorgarle a Medicare el derecho de negociar los precios no ayudaría mucho por sí solo. También tenemos que darle a Medicare algo de poder de negociación, quizá incluyendo el derecho de rehusarse a cubrir medicamentos cuyos precios sean exorbitantes y antes de que se quejen de que esto es “racionamiento” recuerden que antes de 2003, Medicare ni siquiera pagaba los medicamentos.

A pesar de ello, decir que no, podría molestar a algunos beneficiarios de Medicare; las encuestas muestran un apoyo público abrumador (¡92% !) para permitir que Medicare negocie bajar los precios, pero el apoyo podría erosionarse una vez que la gente se dé cuenta de lo que requiere una negociación efectiva.

Sin embargo, las interrogantes sobre los detalles no es lo que está deteniendo las acciones que se deben tomar con los precios de los medicamentos, ya que ni siquiera hemos llegado al punto de permitir que Medicare intente reducirlos. La razón por la que no hemos llegado a ese punto es, tristemente, simple y llanamente que la industria farmacéutica ha comprado los suficientes políticos para bloquear las políticas públicas que pudieran reducir sus ganancias.

No sólo estoy hablando de contribuciones a las campañas. Estoy hablando del enriquecimiento personal de los políticos que sirven a los intereses de la agenda de las farmacéuticas.

La semana pasada nos enteramos de que Novartis, la compañía farmacéutica suiza, le pagó a Michael Cohen —el abogado personal de Donald Trump—1.2 millones de dólares por la que acabó siendo una sola reunión. Después, el viernes, Trump anunció un “plan” para reducir los precios de los medicamentos.

¿Por qué las comillas? Porque el “plan” en su mayor parte carece de sustancia. Nada de esto debería sorprendernos. A estas alturas “Trump incumple otra de sus promesas populistas” es más bien otro de esos encabezados predecibles y ordinarios.

No obstante, aquí hay dos preguntas sustantivas. La primera, ¿el gobierno de Estados Unidos realmente debería hacer lo que Trump dijo que haría, pero que no hizo? Y de ser así, ¿por qué no se ha actuado con respecto a los precios de los medicamentos?

La respuesta a la primera pregunta es un sí. Estados Unidos paga más que ninguna otra de las naciones principales por medicinas y no hay una buena razón que lo justifique. En esencia, tratándose de medicamentos, somos los tontos de último recurso de las grandes farmacéuticas.

Tengan en cuenta que la forma en que funciona el negocio de los medicamentos no puede ni debe guardar similitud alguna con la clase de economía básica, ni las historias de oferta y demanda que fascinan a los entusiastas del libre mercado. En cambio, tenemos un sistema de patentes en el que a la farmacéutica que desarrolla un medicamento se le otorga un monopolio provisional sobre las ventas de este. Ese sistema está bien, o al menos es defendible, como una forma de recompensar la innovación, pero no hay nada en la lógica del sistema de patentes que diga que los propietarios de las patentes deberían estar en libertad de explotar sus monopolios al máximo.

¿Entonces, por qué no estamos haciendo nada con los precios de los medicamentos?

Es cierto que simplemente otorgarle a Medicare el derecho de negociar los precios no ayudaría mucho por sí solo. También tenemos que darle a Medicare algo de poder de negociación, quizá incluyendo el derecho de rehusarse a cubrir medicamentos cuyos precios sean exorbitantes y antes de que se quejen de que esto es “racionamiento” recuerden que antes de 2003, Medicare ni siquiera pagaba los medicamentos.

A pesar de ello, decir que no, podría molestar a algunos beneficiarios de Medicare; las encuestas muestran un apoyo público abrumador (¡92% !) para permitir que Medicare negocie bajar los precios, pero el apoyo podría erosionarse una vez que la gente se dé cuenta de lo que requiere una negociación efectiva.

Sin embargo, las interrogantes sobre los detalles no es lo que está deteniendo las acciones que se deben tomar con los precios de los medicamentos, ya que ni siquiera hemos llegado al punto de permitir que Medicare intente reducirlos. La razón por la que no hemos llegado a ese punto es, tristemente, simple y llanamente que la industria farmacéutica ha comprado los suficientes políticos para bloquear las políticas públicas que pudieran reducir sus ganancias.

No sólo estoy hablando de contribuciones a las campañas. Estoy hablando del enriquecimiento personal de los políticos que sirven a los intereses de la agenda de las farmacéuticas.