Por estudiantes del IMJUS
En el marco de la 26ava Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático (COP 26), celebrada en Glasgow, Reino Unido del 31 de octubre al 12 de noviembre de 2021 que culminó con la Declaración de Glasgow, no se alcanzaron plenamente las metas esperadas de financiamiento climático, transparencia climática, aumento en la ambición de las contribuciones nacionalmente determinadas y tampoco en la justicia climática.
Entendiendo que la justicia climática no es un concepto legal únicamente, sino el reconocimiento de que el cambio climático impacta a los países, a las comunidades y a los seres vivos de manera diferente y diferenciada.
Con base en lo anterior, los integrantes de la primera generación del Diplomado en Derecho y Justicia Ambiental del Instituto Mexicano de la Justicia (IMJUS) reconocemos el esfuerzo que hizo la comunidad internacional en los diferentes temas que integran la agenda climática, sin embargo expresamos nuestra preocupación en torno a la justicia climática ya que falla en atender las brechas de desigualdad y las necesidades de las poblaciones afectadas e históricamente vulnerables.
La Declaración de Glasgow 2021 insta a los países a plantear metas más ambiciosas hacia finales de 2022 con el fin de no permitir que el aumento de la temperatura global supere los 1.5 °C como se acordó en París en 2015. La medida reconoce las diferencias entre los países para alcanzar dicho objetivo a través de la adopción de políticas de mitigación y adaptación nacionalmente determinadas, pero falla en reconocer la deuda histórica que los países desarrollados y los principales emisores mantienen frente a los países en vías de desarrollo, las poblaciones vulnerables y aquellos países y grupos más afectados por el cambio climático.
Los países desarrollados representan sólo el 12% de la población mundial, pero históricamente han emitido el 50% de los gases contaminantes a nivel global. El cambio climático afecta al menos al 85% del planeta, siendo particularmente severo en países pobres, en vías de desarrollo o naciones isleñas. Sus efectos impactan con mayor dureza a las poblaciones tradicionalmente expuestas a las amenazas del clima, incluida la población en pobreza y pobreza extrema, como comunidades indígenas o a las mujeres, creando nuevos grupos en situación de vulnerabilidad al obligar a desplazarse, refugiarse y migrar a millones de personas al año.
La COP26, a pesar de reconocer estos impactos, falló en fortalecer y exigir la implementación de medidas más ambiciosas para frenar el aumento de la temperatura global, y sobre todo en proponer medidas estratégicamente dirigidas a atender las necesidades adaptación de las poblaciones y países más vulnerables y afectados por el cambio climático, entre otras. La Reunión tampoco garantizó el cumplimiento del compromiso de financiamiento climático (100,000 millones de dólares anuales de los países desarrollados a los países en vías de desarrollo) para que la transición energética puedan transitar a la brevedad, así como tampoco alcanzó la instauración de una economía sustentable que no afecte el desarrollo de las naciones ni profundice las brechas de desigualdad existentes y las vulnerabilidades históricas de las poblaciones más afectadas.
En un país como México, marcado por profundas brechas de desigualdad y existencia de grupos vulnerables, la justicia climática debe de reconocerse como necesidad urgente a atender, en cumplimento con el artículo 4° de la Constitución y los 72 tratados internacionales firmados por México en materia ambiental, incluido el más reciente Acuerdo de Escazú, que precisamente aboga por la justicia climática.
Desde el IMJUS se hace un llamado para garantizar la protección y seguridad de los defensores ambientales, al ser el segundo país más peligroso para aquellos que activamente defienden el medio ambiente; exigimos a la comunidad internacional se creen los mecanismo y recursos necesarios para que a nivel global nadie que se atreva a exigir el respeto a la naturaleza y a un medio ambiente sano y adecuado para su desarrollo y bienestar sea atacado, censurado ni asesinado. Los crímenes cometidos contra defensores ambientales deben ser investigados y castigados a la brevedad posible. No debe haber impunidad.
La exigencia de cualquier derecho inherente al ser humano no debería ser motivo de ningún tipo de agresión ya sea verbal, psicológica o física. Todos los foros internacionales ambientales deben incorporar a la justicia ambiental como eje de las políticas públicas a implementar global y nacionalmente para en verdad respetar, prevenir, garantizar y promover el derecho humano a un medio ambiente sano
La justicia climática nos ayuda a poner en el centro de las acciones, de adaptación y mitigación, a las personas y a las comunidades. Hacemos una invitación a los diferentes niveles de gobierno para incorporar esta variable en la toma de decisiones en materia de cambio climático, ya que no podemos condenar a las generaciones futuras y a las poblaciones vulnerables que hoy ya sufren las vulnerabilidades climática y de continuar así, la brecha de la desigualdad aumentará en el país.
POSICIONAMIENTO DE LA 1a GENERACIÓN DEL DIPLOMADO EN DERECHO Y JUSTICIA AMBIENTAL DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUSTICIA SOBRE LA COP 26
