Tras la detención del General Cienfuegos ocurrida en Los Ángeles, California y su posterior liberación por acuerdo entre las fiscalías de Estados Unidos y México, ha habido un conjunto de elucubraciones que debemos disipar. En un primer momento, el propio presidente López Obrador tomó una posición desinformada. En su conferencia mañanera dijo “Es muy lamentable que esto suceda. Es muestra de la descomposición del régimen. Es muestra de cómo se fue degradando la función pública durante el periodo neoliberal. No es una crisis, es una decadencia, un proceso de degradación progresiva. Estamos constatando la profundidad de esta descomposición”.
Posteriormente se supo que el gobierno mexicano no había sido enterado de las investigaciones que se realizaron respecto a dicha detención. El discurso gubernamental cambió. El mismo López Obrador afirmó que, de acuerdo con los procedimientos legales vigentes, solicitaría a Estados Unidos toda la información sobre los presuntos vínculos con el narcotráfico del exsecretario de la Defensa y enfatizó “que nos permitan conocer sobre esas operaciones de complicidad en el caso de que se tengan las pruebas. No podemos permitir que se juzgue a alguien si no hay pruebas sólo por razones políticas o de otra índole”.
Lo cierto es que surgieron dudas sobre la contundencia de la supuesta “operación padrino”, en la que se basaron las acusaciones contra Cienfuegos. El imaginario colectivo recordó pifias previas realizadas por la Agencia Antinarcóticos, tales como su participación en el secuestro en Guadalajara del Dr. Humberto Álvarez Machain. Hubo también quienes cuestionaron el repentino viraje de opinión del gobierno estadounidense, considerando que el ex secretario de la Defensa fue reconocido apenas el 20 de septiembre de 2018, por parte del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa, William J. Perry.
No obstante, otros se volcaron en críticas, usaron la detención del militar mexicano para señalar que en México existe una “mafiocracia que permite que la delincuencia organizada continúe creciendo a nivel nacional”. También hubo quienes elucubraron que la razón por la que el gobierno mexicano intervino para exigir el retorno del General, fue la presión ejercida por un presunto grupo de militares de alto rango, entre los cuales habría efectivos en el cargo y otros retirados.
Mas allá de la polémica que suscitó este tema y una vez que la fiscalía estadounidense desestimó los cargos contra Cienfuegos, habría que decir que la relación del gobierno de AMLO se mantiene en armonía con el poder militar. El discurso del General Secretario Sandoval del 20 de noviembre da prueba de ello. Lo que si quedó lastimada es la relación entre la DEA con el gobierno mexicano. Habrá que trabajar para recomponer.
Lo prioritario es que el gobierno mexicano sea sumamente cuidadoso en la forma en que llevará el proceso en nuestro país. La buena reputación de un militar ampliamente condecorado y con más de 50 años de servicio al país está en riesgo, al mismo tiempo que la credibilidad en las instituciones mexicanas, encargadas de evitar la impunidad. Tratándose de personajes e instituciones tan relevantes para la vida del país, la #SociedadHorizontal reclama transparencia, información fidedigna y apego a la justicia, no show.
