Como otras medidas de la presente administración, siendo plausible la intención de combatir el robo de combustibles la forma de hacerlo ha resultado un fracaso y un perjuicio para los consumidores de más de la mitad de la población.
El apresuramiento, la obsesión de atribuir todo mal a la corrupción de la pasada administración, la improvisación y la falta de visión sobre las consecuencias, encuentran una confirmación en el repentino cierre de los ductos de las refinerías de Petróleos Mexicanos y el desabasto –la palabra es justa y precisa—de gasolina y diesel, así como la especulación y el súbito incremento en los precios de estos productos.
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Cerrar las válvulas de salida para distribuir el combustible mediante el costoso e inoperante sistema de transporte con pipas revela la incompetencia de la nueva administración de Pemex y su total desconocimiento de los sistemas de abastecimiento en el país. Cerrar los ductos equivaldría, en otras circunstancias, a suspender el tráfico de las líneas del Metro para evitar los robos que en ese medio de transporte ocurren a diario o a suspender el suministro de circulante ante los asaltos a las sucursales bancarias y el lavado de dinero en todo el país. En la primera semana de actividad real de 2019, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha propinado un duro golpe a la actividad de buena parte del país con una medida carente de todo cálculo razonable sobre los efectos que ha generado y generará en la economía y la vida social.
El robo de combustible, bautizado en México como huachicoleo por analogía con la adulteración de bebidas alcohólicas, data de muchos años atrás y es una práctica común en muchos otros países, inclusive los más desarrollados como Estados Unidos y muchos de Europa. Este delito tiene numerosos ángulos y características que en el mundo han exigido la aplicación de tecnologías de punta para combatirlo. En términos generales, puede decirse que en México el incremento de la delincuencia organizada, la corrupción y la generalización de prácticas comerciales ilícitas han superado los sistemas de control que desde hace décadas han estado en práctica frente al aumento de este ilícito.
La sustracción de combustibles se presenta desde las instalaciones y las líneas de distribución de Petróleos Mexicanos, pero también en la fractura de los ductos de la red de la empresa. A ello se aúna la participación, comprobada desde hace años, de muchas comunidades cuyo acceso al combustible robado ha llevado inclusive a la protección de los delincuentes especializados en ese delito y al enfrentamiento armado con las fuerzas del orden que intentan contenerlo. Frente al complejo problema del huachicoleo, se ha planteado la aplicación de medidas tales como la tipificación como grave del delito de robo o de combustibles y una acción coordinada de todas las fuerzas de seguridad para llevar a los delincuentes a proceso penal correspondiente.
Al mismo tiempo debe intensificarse el control fiscal de todos los establecimientos de venta de combustibles para verificar su procedencia y sancionar a los infractores de la ley. El combate al robo de combustibles es urgente, dada la dimensión de sus efectos en la economía del país. Pero no es con medidas apresuradas, con decisiones más perjudiciales que benéficas, ni tampoco con la idea fija de culpar a pasadas administraciones como se logrará abatir o reducir la incidencia de este delito. Ni gasolinazos ni huachicolazos como el que aún se registra en el comercio y distribución de combustibles que se logrará atacar con efectividad este cáncer que corroe a la sociedad.
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