Con una baja de nueve puntos de aceptación en los principales sondeos de opinión, signos de nerviosismo y caídas en los mercados y el tipo de cambio, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador llegará el sábado próximo, en medio de la mayor crisis migratoria de los últimos años que amenaza con fracturar la tersa relación que su administración ha procurado y logrado mantener con la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El dilema enfrentado por Enrique Peña Nieto en las últimas semanas de su gobierno de once mil migrantes centroamericanos en camino o estacionados cerca de la frontera con la Unión Americana no es una herencia que López Obrador podría atribuir a la mafia del poder en el umbral de su asunción del gobierno de la República, es un problema cuya solución le exigirá un fino trabajo diplomático y político desde el momento de su toma de posesión.
Las llamadas caravanas de migrantes centroamericanos engrosadas por grupos de otras nacionalidades e incluso de mexicanos, recorrieron el territorio nacional desde la frontera con Guatemala hasta las puertas del vecino país del norte en un éxodo de magnitud sin precedente, lo que agudizó la crisis en la relación de México con Estados Unidos. La respuesta del presidente Donald Trump era previsible y fue anunciada en los días previos a la llegada de los contingentes de migrantes a las garitas de San Isidro y El Chaparral, las más apartadas de la frontera entre los dos países.
Las fuerzas norteamericanas desplegadas para contener el paso de los migrantes hacia territorio norteamericano llegaron el domingo pasado incluso a disparar, así fuera con balas de goma y gases lacrimógenos, más acá de la línea divisoria. Si no fuera por la gravedad de la situación, tal hecho merecería algo más que la nota diplomática con la que el gobierno de México manifestó su rechazo a tal acción, que es una violación a la soberanía nacional.
En la crisis que el gobierno de López Obrador recibirá desde el primer momento de asumir el poder, el de Enrique Peña Nieto ha actuado con la prudencia y la ponderación que esta grave situación demanda: respeto a los derechos humanos, medidas legales como la deportación de un centenar de ellos anunciada por la secretaría de Gobernación, como resultado de la ilegalidad y la violencia con la que realizaron sus acciones.
El gobierno de López Obrador no podrá imputar al del presidente Enrique Peña Nieto una postura y decisiones injustas para enfrentar este grave problema. La solución, sin embargo, a pesar de las decisiones tomadas por el gobierno de Peña Nieto, está lejos de alcanzarse. El rumbo y los sesgos de la presencia masiva de los migrantes procedentes de Centroamérica son impredecibles. Las causas de este fenómeno, considerado como uno de los más graves de las corrientes migratorias de los últimos años en el mundo, son variadas, de naturaleza tanto política como de injusticia social.
López Obrador ha señalado su intención de lograr acuerdos y el diseño de programas de carácter social y económico, con inversiones para atacar las raíces y las motivaciones del problema. Lo mismo que el gobierno de Peña Nieto, el de López Obrador propone soluciones que sólo podrán materializarse en el mediano y largo plazos. En tanto lo álgido de la situación es un hecho que ambas administraciones, el pequeño tramo de la saliente y el comienzo de la entrante, deberán afrontar con el tacto y la ponderación que la situación exige.
La amenaza de un agravamiento de la relación entre México y Estados Unidos, agudizada por las intemperancias del presidente Donald Trump es también una realidad a la que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador deberá hacer frente desde las primeras horas de su arribo al poder.
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