Hace una semana, se celebró el Día Internacional de la Mujer. En diferentes partes del mundo presenciamos grandes movilizaciones encabezadas por mujeres de todas las edades exigiendo: cese de la violencia, la discriminación y el hostigamiento; oportunidades educativas y laborales; respeto a la equidad de género; justicia ante la ola de feminicidios; incluso, la reducción de la brecha salarial que padecen respecto a los hombres, entre muchos problemas más.
Los abusos en contra de las mujeres empeoran. Por eso, esta vez nos han transmitido de manera contundente el hartazgo, la indignación y desesperanza que viven de manera cotidiana.
Por si esto fuera poco, en el tema de la participación política de las mujeres también hay mucho que decir. Justo ahora que vivimos tiempos electorales quiero comentar brevemente algunos aspectos del extraordinario estudio desarrollado por ONU Mujeres, el PNUD y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA, por sus siglas en inglés), denominado “La Democracia Paritaria en México. Avances y Desafíos”.
Si bien se reconoce que nuestro país ha logrado importantes avances para garantizar los derechos de las mujeres -tal es el caso de la paridad que los partidos políticos deben cumplir en la postulación de candidaturas-, aún persisten profundas contradicciones.
Ciertamente, los partidos políticos están obligados a que el cincuenta por ciento de sus candidaturas a los congresos federal y locales sean encabezadas por mujeres -esto no se concretó en los ayuntamientos-. Sin embargo, aún existe una cultura política que impide que las mujeres lleguen a ser mayoría en el Congreso. Con datos al 2017, en la Cámara de Diputados había 207 mujeres y 293 hombres, mientras que en el Senado 43 mujeres y 85 hombres.
Rescato otros datos interesantes: no contamos con un mandato constitucional que establezca un porcentaje mínimo de mujeres en cargos del gabinete presidencial. El resultado es que en el año de 1976, solo el 3 % de secretarías de estado eran ocupadas por mujeres y en el 2017, únicamente representaban el 18.7 por ciento. Después de 42 años, el avance ha sido mínimo.
En la Cámara de Diputados, de 56 comisiones ordinarias, el 26.7 por ciento están presididas por mujeres y el 69.6 por hombres. Esta inequidad va mucho más allá todavía: de un total de 8 partidos, sólo una mujer ejercía como jefa de su fracción legislativa y, para terminar de completar el diagnóstico, en ninguna de las dos cámaras existe una Bancada Femenina, como si ocurre en otros países.
Al interior de los aparatos burocráticos de los partidos políticos también predomina una evidente desventaja de género. En conjunto, todos los partidos reúnen 244 posiciones en sus estructuras ejecutivas, pero solo 62 están ocupadas por mujeres (25.4 %) y los hombres mantienen 182 (74.5%).
Sin ánimo de extenderme más tenemos que, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial, la investigación revela que de un total de 7 magistrados/as, sólo dos son mujeres, esto es un 28.5 %.
Estas breves referencias, no sólo dan cuenta de cómo los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, incluso los partidos políticos, no han hecho nada para consolidar la equidad de género en sus propias estructuras; sino que también revelan los obstáculos que aún persisten para que las mujeres accedan a espacios desde los cuales puedan reivindicar los derechos de todas las mujeres de México.
Presidente de la Academia Mexicana de Educación
