/ viernes 20 de septiembre de 2019

Democracia y derechos

El domingo pasado se celebró el día internacional de la democracia. Desde noviembre de 2007 la Asamblea General de la ONU decidió que cada 15 de septiembre será el día en que se conmemore a los derechos humanos y las libertades fundamentales como elementos necesarios para el desarrollo de todo sistema democrático.

Es importante señalar que para la ONU el ejercicio de derechos fundamentales debe sustentarse en condiciones que garanticen la inclusión y la igualdad. En otras palabras, hablar de democracia implica asegurar no solo que el mayor número de personas puedan participar en la toma de decisiones, sino también que éstas puedan ejercer sus derechos sin discriminación.

De hecho, en la Agenda 2030 de la ONU, la cual fue adoptada en 2015 por los 193 Estados Miembros de la Naciones Unidas (incluido México) y en la que se establecen objetivos para el desarrollo sostenible cuyos fines son combatir y eliminar la pobreza, la desigualdad, la injusticia y el cambio climático, se prevén en el objetivo 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas), diversas metas, entre las que destaca: Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.

Por ello es importante señalar algunas medidas que el INE ha adoptado, como institución rectora del sistema nacional de elecciones del país, y que garantizan la inclusión y una mayor participación de todas las personas.

La primera tiene que ver con asegurar la participación política de las personas trans. En noviembre de 2017, el INE aprobó el Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana, que establece directrices para asegurar que el derecho al voto de las personas trans se ejerza en condiciones de igualdad y sin discriminación.

Dentro de las medidas de inclusión que prevé dicho documento, se encuentra la relativa a que en ningún caso la falta de concordancia entre la expresión de género, del o de la votante, con la fotografía de la credencial para votar, o bien, con el nombre o el sexo (hombre o mujer) asentado en ella, podrá ser causa para impedir el voto. También se estableció que quienes integren las mesas directivas de casilla no aplicarán procedimientos adicionales para confirmar la identidad de una persona.

Otra medida se dirigió a garantizar la inclusión de personas con discapacidad para integrar las mesas directivas de casilla. A través del Protocolo para la inclusión de personas con discapacidad como funcionarios y funcionarias de mesas directivas de casilla, aprobado en mayo de 2017, se aprobaron directrices para crear las condiciones necesarias para la participación igualitaria y efectiva de personas con discapacidad (física o motriz, mental o psicosocial, intelectual y/o sensorial) como funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla en todos los tipos de elecciones.

Algunos datos reveladores sobre la importancia de la medida y que evidencian el deseo de participación, es que en el proceso electoral de 2018 fueron designados como integrantes de mesas directivas de casilla 1,963 personas con discapacidad, de las cuales 1,564 aceptaron participar (80%). En Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Tlaxcala y Zacatecas, el 100% de las y los funcionarios con discapacidad que fueron designados, aceptaron participar en la integración de mesas directivas de casilla.

Por otra parte, tratándose de personas indígenas, el INE junto con el TEPJF, aprobaron para el proceso electoral 2018 una medida que obligó a los partidos políticos a la postulación de candidaturas indígenas. Esto es, se estableció que, de los 28 distritos decretados como indígenas, los partidos debían postular a personas indígenas en los 13 distritos con mayor porcentaje de población indígena (60% o más). También se determinó que en dicha postulación había que atender la regla de paridad de género; es decir, no más de 7 distritos podrían ser para un mismo género.

Las medidas señaladas muestran el compromiso del INE con el ejercicio igualitario e incluyente de los derechos políticos de las y los ciudadanos. También debe reconocerse que varias autoridades electorales estatales han replicado ese compromiso. El objetivo siempre será consolidar nuestro sistema democrático.

Por ello es preocupante que, bajo el argumento de una austeridad mal entendida, exista la intencionalidad de algunos legisladores de someter a través de recortes presupuestarios a las instituciones que promueven y trabajan para garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía. Ojalá se entendiera que el gasto que se genera en beneficio de la democracia, siempre será dinero bien invertido.

*Jefe de Oficina de la Presidencia del Consejo del INE

@ebuendiaz

El domingo pasado se celebró el día internacional de la democracia. Desde noviembre de 2007 la Asamblea General de la ONU decidió que cada 15 de septiembre será el día en que se conmemore a los derechos humanos y las libertades fundamentales como elementos necesarios para el desarrollo de todo sistema democrático.

Es importante señalar que para la ONU el ejercicio de derechos fundamentales debe sustentarse en condiciones que garanticen la inclusión y la igualdad. En otras palabras, hablar de democracia implica asegurar no solo que el mayor número de personas puedan participar en la toma de decisiones, sino también que éstas puedan ejercer sus derechos sin discriminación.

De hecho, en la Agenda 2030 de la ONU, la cual fue adoptada en 2015 por los 193 Estados Miembros de la Naciones Unidas (incluido México) y en la que se establecen objetivos para el desarrollo sostenible cuyos fines son combatir y eliminar la pobreza, la desigualdad, la injusticia y el cambio climático, se prevén en el objetivo 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas), diversas metas, entre las que destaca: Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.

Por ello es importante señalar algunas medidas que el INE ha adoptado, como institución rectora del sistema nacional de elecciones del país, y que garantizan la inclusión y una mayor participación de todas las personas.

La primera tiene que ver con asegurar la participación política de las personas trans. En noviembre de 2017, el INE aprobó el Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana, que establece directrices para asegurar que el derecho al voto de las personas trans se ejerza en condiciones de igualdad y sin discriminación.

Dentro de las medidas de inclusión que prevé dicho documento, se encuentra la relativa a que en ningún caso la falta de concordancia entre la expresión de género, del o de la votante, con la fotografía de la credencial para votar, o bien, con el nombre o el sexo (hombre o mujer) asentado en ella, podrá ser causa para impedir el voto. También se estableció que quienes integren las mesas directivas de casilla no aplicarán procedimientos adicionales para confirmar la identidad de una persona.

Otra medida se dirigió a garantizar la inclusión de personas con discapacidad para integrar las mesas directivas de casilla. A través del Protocolo para la inclusión de personas con discapacidad como funcionarios y funcionarias de mesas directivas de casilla, aprobado en mayo de 2017, se aprobaron directrices para crear las condiciones necesarias para la participación igualitaria y efectiva de personas con discapacidad (física o motriz, mental o psicosocial, intelectual y/o sensorial) como funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla en todos los tipos de elecciones.

Algunos datos reveladores sobre la importancia de la medida y que evidencian el deseo de participación, es que en el proceso electoral de 2018 fueron designados como integrantes de mesas directivas de casilla 1,963 personas con discapacidad, de las cuales 1,564 aceptaron participar (80%). En Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Tlaxcala y Zacatecas, el 100% de las y los funcionarios con discapacidad que fueron designados, aceptaron participar en la integración de mesas directivas de casilla.

Por otra parte, tratándose de personas indígenas, el INE junto con el TEPJF, aprobaron para el proceso electoral 2018 una medida que obligó a los partidos políticos a la postulación de candidaturas indígenas. Esto es, se estableció que, de los 28 distritos decretados como indígenas, los partidos debían postular a personas indígenas en los 13 distritos con mayor porcentaje de población indígena (60% o más). También se determinó que en dicha postulación había que atender la regla de paridad de género; es decir, no más de 7 distritos podrían ser para un mismo género.

Las medidas señaladas muestran el compromiso del INE con el ejercicio igualitario e incluyente de los derechos políticos de las y los ciudadanos. También debe reconocerse que varias autoridades electorales estatales han replicado ese compromiso. El objetivo siempre será consolidar nuestro sistema democrático.

Por ello es preocupante que, bajo el argumento de una austeridad mal entendida, exista la intencionalidad de algunos legisladores de someter a través de recortes presupuestarios a las instituciones que promueven y trabajan para garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía. Ojalá se entendiera que el gasto que se genera en beneficio de la democracia, siempre será dinero bien invertido.

*Jefe de Oficina de la Presidencia del Consejo del INE

@ebuendiaz