Los derechos de los consumidores están olvidados en México y, hoy más que nunca, es necesario voltear a ellos. Día a día, hay más abusos de las grandes empresas en contra del consumidor y el Estado mexicano tiene una actitud pasiva sobre este tema.
Querido lector, cuando usted contrata un servicio de teléfono, internet y televisión por paga es casi seguro que va a tener problemas con su internet. Usted realizará varias llamadas a la compañía, un técnico de la corporación acudirá en un horario inconveniente, y culpará a quien lo instaló o a los muros de su casa. Éste es un problema que difícilmente usted podrá solucionar de manera sencilla o sin pagar otros paquetes con más internet; y en ejemplos, podemos seguir abundando.
Cuando compramos una mercancía esperamos que la garantía sea de fácil ejecución, que cualquier problema de fábrica se pueda resolver a la brevedad. Los cierto es que no es así. Muchas veces las grandes tiendas de autoservicio no se hacen responsables y lo envían a uno con el proveedor. No hay sanciones para persona alguna y nadie es responsable. Aquí otro ejemplo, de cómo los derechos del consumidor están en el sótano de los derechos humanos.
Los precios de un vuelo con hotel a San Diego, Estados Unidos de América, son equiparables a viajar a un destino turístico en el territorio nacional. La diferencia será la puntualidad de en la salida y llegada del vuelo; todos los días se retrasan decenas de vuelos y se cancelan algunos otros en nuestro país. Nadie sanciona a las aerolíneas ni a los operadores de los aeropuertos en México. La Procuraduría Federal del Consumidor tiene un papel muy pasivo en contra de esas grandes irregularidades, que día a día, se cometen en contra de nosotros.
La legislación que quiso acabar con estos abusos, no lo logró. En efecto, hace casi una década se impulsó una ley para generar acciones colectivas, derechos de los consumidores y que las grandes empresas pagaran altas cantidades económicas cuando hubieran abusado de un grupo de clientes. Ésta sería una ley independiente y especializada en el tema. La legislación que se emitió salió bastante corta, enredada, difícil de accionar y, con ello, se generó impunidad para las grandes corporaciones.
Algunos casos, sobre consumidores, han llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los más exitosos estuvieron a cargo de la PROFECO. Hace aproximadamente un año, también llegó un caso a la Suprema Corte sobre el etiquetado de los productos que consumen nuestros niños y niñas. El asunto no se pudo resolver, de manera favorable a los derechos humanos, por cuestiones técnicas y quedó en vilo este tema.
El etiquetado de los productos que consumen nuestros niños y niñas es fundamental para la salud de estos. Necesitamos saber qué nos estamos llevando a la boca y, sobre todo, cómo estamos alimentando a nuestra infancia. Algunos productos ocultan la cantidad de azúcar que tienen y otros nos engañan respecto de su verdadero contenido. Hoy este tema está en el poder legislativo federal, esperemos que nuestros representantes populares expidan la normatividad que nos merecemos, y que se siga avanzando en todos los temas que involucran consumo. Es imposible que las grandes compañías generen ganancias descomunales a través de malos servicios, productos defectuosos o con mentiras.
