En vísperas del cambio de gobierno y con la discusión del paquete económico ya en marcha es pertinente retomar la Guía Conceptual sobre la Reforma Constitucional sobre Derechos Humanos elaborada hace unos años por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
En esta guía se señala que bajo el enfoque de derechos humanos, a partir de la reforma constitucional de 2011, toda política pública debe asumir que las autoridades están obligadas a proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
El reto no es menor pues obliga a identificar las capacidades de las instituciones de la República para atender las responsabilidades que se desprenden de la reforma, ello lleva también a considerar que si no existe una estructura institucional adecuada o si los recursos presupuestales son insuficientes, entonces se debe organizar el proceso mediante el cual se llevará a cabo el cambio institucional y se captarán los recursos que darán sustento financiero al cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos.
El reto del enfoque de derechos es que exista la capacidad y voluntad política para impulsar un ejercicio que invierta los pasos con los que se construyen las previsiones de ingreso y gasto de la hacienda pública. Sin duda, ello no quiere decir que de inmediato se podría contar con la suficiencia de recursos, pero lo que sí se puede establecer es una ruta de crecimiento y generación de ingresos que permita gradualmente alcanzar la capacidad institucional y la fortaleza presupuestal para cumplir con las obligaciones en materia de derechos.
A su vez el “Estudio sobre Presupuesto Público y Derechos Humanos” elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM plantea una Agenda para la convergencia de politícas, presupuesto público y Derechos Humanos. En esta Agenda se señala que “ … el enfoque de derechos abre la oportunidad de una mirada nueva en la gestión gubernamental, en donde se busca redefinir la relación entre el plan, los programas y el presupuesto; asimismo conlleva la revisión de objetivos de recaudación y gasto, todo ello ordenado por una estrategia de politíca pública que tenga como prioridad alcanzar en el tiempo el pleno acceso a los derechos humanos de toda la población”. Esto exige como primer paso “Definir el programa de gobierno en términos del articulo 1o. constitucional”, lo cual implica que el programa de gobierno considere como objetivo central el cumplimiento de los compromisos en materia de Derechos Humanos y que los programas que se desprendan consideren objetivos y acciones en términos de derechos humanos, ello, implica señalar explicitamente los derechos sobre los que se espera incidir por parte cada Secretarıa a cargo de un programa sectorial.
