El pasado lunes, el presidente López Obrador realizó la primera reunión del 2021 con su gabinete legal. En ella, uno de los temas principales que abordó, fue la reforma con la que busca que el gobierno federal asuma las tareas que hoy desempeñan los órganos autónomos. En dicha reunión se planteó integrar un primer borrador que buscará reformar la estructura de la administración pública federal.
Después de plantearlo en una de sus conferencias mañaneras, AMLO solicitó a su equipo revisar la forma en que las secretarías de Estado podrían “absorber” a los órganos autónomos, tales como el Instituto Nacional de Acceso a Información (Inai), el Insitituo Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). Para hacerlo, el principal argumento que ha señalado para hacerlo ha sido disminuir los gastos “suntuosos” que estos generan, evitar la duplicidad de funciones e incluso mejorar el servicio. A manera de ejemplo ha dicho que las solicitudes de acceso a información pública, ahora tardarían 72 horas en la Secretaría de la Función Pública, en lugar de un mes, como hoy ocurre en el Inai.
Los asistentes recibieron la encomienda de hacer proyecciones en sus secretarías. Cabe recordar que en reiteradas ocasiones, el presidente ha planteado que estas instituciones representan los “excesos” del período neoliberal, en el que el Estado se fragmentó con la finalidad de incrementar los privilegios de la clase gobernante. Es evidente que López Obrador ha buscado utilizar a estos organismos como un símbolo de los errores del pasado. Sin embargo, más allá de los discursos y la narrativa, lo que todo indica es que la desaparición de estos organismos podría estar motivado principalmente por la necesidad de obyener recursos de donde se pueda.
Hace apenas unas semanas, el Secretario de Hacienda aseguraba que el paquete fiscal busca conseguir un equilibrio primario de las finanzas públicas, mientras se mantiene la vocación social del gobierno y se apoya al sector salud y la inversión. No obstante, lo cierto es que tras la aprobación del paquete fiscal para 2021, mucho analistas han puesto en duda que se consiga un crecimiento de la economía del 4.6% sin déficit fiscal. Ante los claroscuros que aún prevalecen frente a la pandemia, hay quienes opinan no sólo que no se logrará el crecimiento anunciado, sino que derivado de ello podría haber una importante caída en la recaudación. Si esto ocurre, el boquete fiscal podría poner en riesgo las finanzas públicas.
Dado que el gobierno de la República se comprometió a no impulsar una reforma fiscal hasta pasado el primer trienio, es altamente probable que el verdadero motivo por el que AMLO ha decidido, no solo desaparecer los organismos autónomos sino tambiíen secretarías como la de turismo, tenga que ver con la imperiosa necesidad de reducir el gasto gubernamental.
El problema es de fondo. No se trata de una simpre disminución de las erogaciones públicas. Estos recortes podrían afectar el desempeño del gobierno en perjuicio de los ciudadanos. Hoy los mexicanos demandan transparencia y acceso a la información. Si los ciudadanos pagan impuestos, el gobierno está obligado a decirle cómo se utiliza ese dinero. En este tema es indispensable impulsar la participación de la #SociedadHorizontal, para exigir un debate mucho más amplio y constructivo. Lo que hoy existe siempre será perfectible, pero desaparecer algo por el simple hecho de ahorrar, puede ser una ruta equivocada.
