/ viernes 31 de agosto de 2018

Desaparición de Personas

Las consecuencias de los elevados niveles de violencia e impunidad que se viven en el país son incontables y a la vez preocupantes; pero sólo logramos dimensionarlos en momentos en que un asunto hace crisis o cuando diversas circunstancias los colocan en el centro de la atención nacional.

Una de las manifestaciones de aquellos problemas no resueltos es la “desaparición de personas”, situación que prácticamente se ha convertido en un hecho cotidiano para todos nosotros y que, el día de ayer 30 de agosto, volvió a reactivar la protesta social en el marco del “Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas”, instituido por las Organización de las Naciones Unidas en el año 2010.

De acuerdo con este organismo internacional, las desapariciones forzadas ocurren cuando “se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley”.

Al momento de leer esta conceptualización, con toda certeza vienen a la mente de cada uno de nosotros muchos casos de desapariciones de las cuales nos hemos enterado por uno u otro medio. Sin duda alguna, el más impactante ha sido el de los normalistas de Ayotzinapa, que precisamente el próximo mes de septiembre se cumplirán cuatro años de tan lamentables hechos.

De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, al 30 abril de este año, existía un total de 36 mil 265 hechos registrados del fuero común, aunque no hay que olvidar que hay tantos otros que no se denuncian. Esta cifra la integran 34,016 mexicanos, 209 extranjeros y 2 mil 40 casos “no especificados”. Del total de víctimas 9,327 son mujeres y 26,938 corresponde a hombres.

En el año de 2016, los registros daban cuenta de 29,485 personas desaparecidas; para el 2017 había ascendido a 32,277 y para el 2018 llegamos a esas 34,016 víctimas. Esto nos da un panorama de la espiral en la que nos encontramos.

También, es una pena que ningún estado de la república está a salvo de este problema. En todo el país, en mayor o menor medida, ocurre la desaparición de personas. Existen casos en donde notablemente la situación se ha desbordado: Tamaulipas (5,990 personas), México (3,890), Jalisco (3,362) y Sinaloa (3,027). Tan sólo en estos cuatro estados se concentra casi el 50 por ciento de personas desaparecidas. Es incomprensible, que teniendo bien identificadas las entidades más vulnerables, el estado mexicano no sea capaz de garantizar seguridad a los ciudadanos.

En contraste, podría decirse que los estados “más seguros” son: Tlaxcala, Campeche y Baja California Sur, los cuales no superan los cincuenta registros, cada uno.

Por otra parte, llama la atención que el sector de mayor riesgo son los jóvenes que tienen entre 15 y 29 años; en este segmento se han acumulado 14,649 hechos, que representan el 40 por ciento del total nacional.

Ante lo que brevemente he expuesto, uno podría pensar que a estas alturas el gobierno federal cuenta ya con una estrategia bien articulada, infraestructura y suficientes recursos para atender las demandas de los familiares de las víctimas.

Pero no es así, estamos a unos meses de que concluya esta administración y, en este tema, también se les queda a deber mucho a los mexicanos. La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas tiene apenas pocos de meses de haber sido creada y según notas periodísticas, cuenta únicamente con 20 empleados para empezar a operar.

Esto nos da una pequeña idea de la indolencia del gobierno que ya se va.

Ojalá que el gobierno que viene asuma con responsabilidad y eficacia este problema que, literalmente, está fuera de control.

A los miles de familiares de las víctimas les urge tener resultados; para ellas y ellos los temas de la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto, la Amnistía o la venta del avión presidencial, que por ahora tienen ocupado al futuro gobierno, son asuntos secundarios.

Presidente de la Academia Mexicana de Educación.


Las consecuencias de los elevados niveles de violencia e impunidad que se viven en el país son incontables y a la vez preocupantes; pero sólo logramos dimensionarlos en momentos en que un asunto hace crisis o cuando diversas circunstancias los colocan en el centro de la atención nacional.

Una de las manifestaciones de aquellos problemas no resueltos es la “desaparición de personas”, situación que prácticamente se ha convertido en un hecho cotidiano para todos nosotros y que, el día de ayer 30 de agosto, volvió a reactivar la protesta social en el marco del “Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas”, instituido por las Organización de las Naciones Unidas en el año 2010.

De acuerdo con este organismo internacional, las desapariciones forzadas ocurren cuando “se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley”.

Al momento de leer esta conceptualización, con toda certeza vienen a la mente de cada uno de nosotros muchos casos de desapariciones de las cuales nos hemos enterado por uno u otro medio. Sin duda alguna, el más impactante ha sido el de los normalistas de Ayotzinapa, que precisamente el próximo mes de septiembre se cumplirán cuatro años de tan lamentables hechos.

De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, al 30 abril de este año, existía un total de 36 mil 265 hechos registrados del fuero común, aunque no hay que olvidar que hay tantos otros que no se denuncian. Esta cifra la integran 34,016 mexicanos, 209 extranjeros y 2 mil 40 casos “no especificados”. Del total de víctimas 9,327 son mujeres y 26,938 corresponde a hombres.

En el año de 2016, los registros daban cuenta de 29,485 personas desaparecidas; para el 2017 había ascendido a 32,277 y para el 2018 llegamos a esas 34,016 víctimas. Esto nos da un panorama de la espiral en la que nos encontramos.

También, es una pena que ningún estado de la república está a salvo de este problema. En todo el país, en mayor o menor medida, ocurre la desaparición de personas. Existen casos en donde notablemente la situación se ha desbordado: Tamaulipas (5,990 personas), México (3,890), Jalisco (3,362) y Sinaloa (3,027). Tan sólo en estos cuatro estados se concentra casi el 50 por ciento de personas desaparecidas. Es incomprensible, que teniendo bien identificadas las entidades más vulnerables, el estado mexicano no sea capaz de garantizar seguridad a los ciudadanos.

En contraste, podría decirse que los estados “más seguros” son: Tlaxcala, Campeche y Baja California Sur, los cuales no superan los cincuenta registros, cada uno.

Por otra parte, llama la atención que el sector de mayor riesgo son los jóvenes que tienen entre 15 y 29 años; en este segmento se han acumulado 14,649 hechos, que representan el 40 por ciento del total nacional.

Ante lo que brevemente he expuesto, uno podría pensar que a estas alturas el gobierno federal cuenta ya con una estrategia bien articulada, infraestructura y suficientes recursos para atender las demandas de los familiares de las víctimas.

Pero no es así, estamos a unos meses de que concluya esta administración y, en este tema, también se les queda a deber mucho a los mexicanos. La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas tiene apenas pocos de meses de haber sido creada y según notas periodísticas, cuenta únicamente con 20 empleados para empezar a operar.

Esto nos da una pequeña idea de la indolencia del gobierno que ya se va.

Ojalá que el gobierno que viene asuma con responsabilidad y eficacia este problema que, literalmente, está fuera de control.

A los miles de familiares de las víctimas les urge tener resultados; para ellas y ellos los temas de la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto, la Amnistía o la venta del avión presidencial, que por ahora tienen ocupado al futuro gobierno, son asuntos secundarios.

Presidente de la Academia Mexicana de Educación.