La corrupción ha sido identificada como el principal obstáculo para el desarrollo social y económico de nuestro país. Tanto el Banco de México como el Foro Económico Mundial coinciden en que estos problemas son el mayor lastre para el país. Delincuencia organizada, venta de drogas, asaltos, homicidios y secuestros, son cada vez más fenómenos complejos que comienzan a revelar una crisis sin precedentes y una decadencia de nuestra sociedad que revela una clara e inminente descomposición social.
Lo de Minatitlán ha conmocionado a todo México, no sólo ha sido la terrible brutalidad, ni el fatal desenlace, sino también un recordatorio de lo urgente que es para este país combatir el crimen y la inseguridad. La violencia, ha cobrado particularmente una nueva dimensión en nuestra realidad, mientras que casos como los de la tortura contra mujeres continúa siendo ejemplo claro de que como ciudadanos exigimos paz.
En el caso de éste último, quiero recordar que el número de mujeres víctima de tortura ha aumentado significativamente en los últimos 15 años en México. Las quejas ante la CNDH se ha incrementado en más de 743%, habiendo años como 2013 en los que llegaron a registrarse más de 12 mil quejas en todo el país por tortura o malos tratos.
Esta previsto que hoy miércoles más de 100 asociaciones civiles denuncien ante Naciones Unidas, sobre las agresiones sexuales cometidas por autoridades federales, estatales y municipales en contra de mujeres que enfrentan un proceso legal. El proceso que está lidereado por algunas organizaciones entre las que participan Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Equis Justicia para las Mujeres, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, y continúa con una loable lucha en la que coincido desde hace ya varios años. La denuncia será presentada en el marco del 66 periodo de sesiones del Comité Contra la Tortura de la ONU, y está sustentada en cifras recopiladas por las ONG.
A más de 4 años de la instalación del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual por parte de SEGOB – y ante la reiteración de la solicitud de la sociedad civil en el marco de las Naciones Unidas-, la violación sistemática de los derechos humanos de cientos de mujeres permanece en la impunidad ante una “cultura de encubrimiento” por parte de los Ministerios Públicos, médicos y cuerpos policíacos.
Es urgente que la justicia tome cartas en el asunto. México está harto de masacres y delitos impunes. Debemos configurar nuevas soluciones de una perspectiva participativa, gobierno y ciudadanos debemos pasar de la consternación y la demanda, a la acción preventiva.
