El INEGI publicó la semana pasada su encuesta de victimización correspondiente al ejercicio de 2018 y en la que se mantienen las principales tendencias que se han identificado durante la última década y que arrojan cifras muy interesantes sobre la forma en que vivimos la inseguridad en México.
Una constante es la desconfianza, los ciudadanos seguimos considerando que acudir a denunciar cualquier delito es una pérdida de tiempo o que no servirá de mucho para obtener justicia y eso provoca que el índice de crímenes que no son llevados ante las autoridades se encuentre en un, tristemente, estable 93 por ciento.
Este porcentaje de impunidad vuelve muy difícil el trabajo de las autoridades de seguridad y de procuración de justicia, que siempre pueden escudarse en el argumento de la falta de denuncia para perseguir un delito, lo que traba el sistema desde el inicio y se vuelve solo a favor de quien delinque, porque no le sucederá nada.
Otro factor que no cambia es la percepción de inseguridad en la mayoría de la población, arriba del 70 por ciento, la sensación de que podemos ser víctimas en cualquier momento, de cualquier delito, afecta prácticamente a toda la sociedad mexicana.
Lo anterior, a pesar de que el mercado del crimen también se mantiene en un terrible 35 por ciento de la población encuestada, es decir, que afecta a un tercio de la gente en una nación de 125 millones de habitantes, sin que alguna de las múltiples estrategias planeadas durante los sexenios anteriores pudiera ayudar a disminuir la incidencia.
Los principales delitos siguen siendo los mismos: robo a transeúnte en la calle y/o en el transporte público, el número uno, y extorsión, en el segundo lugar. El primero que alimenta al segundo, porque el robo de celulares es hasta la fecha el objetivo de este tipo de criminales.
El INEGI advierte en su encuesta que no incluye delitos de alto impacto como el tráfico de drogas, la trata de personas y el robo de combustible (huachicol), por lo que su muestra se concentra en la percepción -y la realidad- de muchas y muchos mexicanos que son víctimas de la criminalidad, aunque no necesariamente de esas estructuras más profesionales que tanto asustan a una sociedad.
En un escenario de percepción alta y números de incidencia delictiva también al alza, se produce la tormenta perfecta en materia de seguridad pública; aquí no hay puntos de vista o manipulación en la forman de ver las cosas, entramos a un contexto en el que lo que sentimos sí corresponde en gran medida a lo que vivimos.
¿Por qué no cambia? Bueno, la confianza en las instituciones sigue por los suelos, los mecanismos de intermediación civil para fomentar la denuncia están en crisis, y el crimen organizado, que es todo, está aprovechando la transición política para hacerse de la mayor cantidad de recursos posible antes de que sus conexiones de protección policiaca, judicial y gubernamental cambien por las medidas que anuncia el nuevo gobierno.
En este sentido, lo que podemos hacer como ciudadanos es organizarnos mejor y rápido, porque vivir con miedo no es vivir, eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. Denunciar es otra tarea pendiente de los mexicanos y debemos hacerlo no importa si consideramos que no sirve, de otra manera no podremos presionar a las autoridades a entregar resultados. También ayudará mucho que cambiemos nuestra manera de ver a las y los policías, respetemos a la Guardia Nacional y fomentemos una cultura de la prevención, no podemos seguir pidiendo seguridad y orden, cuando somos los primeros en no quererla para nosotros.
