/ martes 19 de marzo de 2019

Desigual trabajo en el hogar

Por: Juliette Bonnafé

Las tareas de cuidados y trabajo no remunerado se refieren tanto a las labores domésticas como cocinar, limpiar, ordenar, realizar las compras diarias, pagar las cuentas, etc., así como el cuidado de personas dependientes (niñas/os, ancianas/os, personas con discapacidad o personas enfermas), éstas son realizadas en su mayoría por las mujeres. En México, sabemos que las horas que las mujeres dedican a estas actividades es tres veces más de las que dedican los hombres.

En el caso de América Latina y el Caribe, las mujeres mexicanas son las que más trabajan con un estimado de 74.4 horas a la semana. Esta sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados recae de manera desproporcionada en mujeres adultas, jóvenes y niñas, lo que se refleja en una distribución desigual, injusta e insostenible; que conlleva un enorme impacto en la calidad de vida de quienes lo realizan, y es una afectación directa en el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.

Como si esto fuera poco, la mayoría de estas horas trabajadas por las mujeres en México no son remuneradas, es decir, 53.9 horas semanales son dedicadas al trabajo invisible que realizan las mujeres, principalmente en los hogares. Se calcula que el trabajo doméstico no remunerado equivale al 23.3% del PIB en México, lo cual representa una contribución invisible pero altísima de las mujeres a la economía nacional; un subsidio a las actividades y políticas que deberían de garantizar el Estado, las familias y los mercados, un impuesto invisible y desigual que todas las mujeres pagamos.

Para reducir esta desigualdad, son indispensables las políticas de protección social. La protección social es entendida como todas aquellas políticas y programas destinados a reducir y prevenir la pobreza, la vulnerabilidad, la violencia y la exclusión social.

Las mujeres, especialmente las mujeres con bajos ingresos y jóvenes, carecen de acceso a la seguridad social, es decir, no cuentan con acceso a pensiones, seguro de desempleo, seguro de accidentes, seguro de invalidez y discapacidad, acceso a planes de ahorro, entre otros servicios. El que las mujeres no puedan acceder a esquemas de protección social está directamente relacionado con su menor presencia en el empleo formal. Asimismo, la carga de trabajo no remunerado que recae sobre ellas les impide integrarse al sector laboral.

Es de carácter urgente tomar acciones en México para liberar a las mujeres y las niñas del trabajo doméstico no remunerado y así poder aumentar la productividad del trabajo de las mujeres y por ende de todo el país. En este sentido, invertir en servicios de cuidado infantil accesibles y de largo plazo, puede ser muy efectivo para aumentar el empleo de las mujeres y, a su vez, para brindar atención de calidad a las niñas y niños.

El diseño y la prestación de servicios públicos con perspectiva de género fomenta oportunidades importantes para cambiar las relaciones desiguales de poder. Los servicios públicos y de protección social junto con las infraestructuras sostenibles, deben trabajarse conjuntamente y estar acompañados por políticas macroeconómicas y del mercado laboral que mejoren la creación de empleos y los medios de vida, tanto para mujeres como para hombres.

Si en México no existe una inversión adecuada en servicios de salud y de educación, que respondan a las necesidades de la población, las mujeres no podrán integrarse en igualdad de condiciones al mercado laboral y al crecimiento económico y, con esto, México hace a un lado el enorme potencial que las mujeres pueden aportar a la economía nacional, y pierde la oportunidad de volverse un país menos desigual y con desarrollo sostenible.

Es indispensable promover la participación y el liderazgo de las mujeres para garantizar que los sistemas de protección social, los servicios públicos y las inversiones en infraestructura sostenible respondan a sus derechos y necesidades. Desde ONU Mujeres, hacemos un llamado a poner como motor esencial del crecimiento económico, un sistema nacional y público de cuidados que garantice la corresponsabilidad entre las familias y el Estado, para una repartición más justa de la carga de cuidados, que permita a las mujeres participar plenamente en el desarrollo del país.

Especialista de Programas en ONU Mujeres

Por: Juliette Bonnafé

Las tareas de cuidados y trabajo no remunerado se refieren tanto a las labores domésticas como cocinar, limpiar, ordenar, realizar las compras diarias, pagar las cuentas, etc., así como el cuidado de personas dependientes (niñas/os, ancianas/os, personas con discapacidad o personas enfermas), éstas son realizadas en su mayoría por las mujeres. En México, sabemos que las horas que las mujeres dedican a estas actividades es tres veces más de las que dedican los hombres.

En el caso de América Latina y el Caribe, las mujeres mexicanas son las que más trabajan con un estimado de 74.4 horas a la semana. Esta sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados recae de manera desproporcionada en mujeres adultas, jóvenes y niñas, lo que se refleja en una distribución desigual, injusta e insostenible; que conlleva un enorme impacto en la calidad de vida de quienes lo realizan, y es una afectación directa en el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.

Como si esto fuera poco, la mayoría de estas horas trabajadas por las mujeres en México no son remuneradas, es decir, 53.9 horas semanales son dedicadas al trabajo invisible que realizan las mujeres, principalmente en los hogares. Se calcula que el trabajo doméstico no remunerado equivale al 23.3% del PIB en México, lo cual representa una contribución invisible pero altísima de las mujeres a la economía nacional; un subsidio a las actividades y políticas que deberían de garantizar el Estado, las familias y los mercados, un impuesto invisible y desigual que todas las mujeres pagamos.

Para reducir esta desigualdad, son indispensables las políticas de protección social. La protección social es entendida como todas aquellas políticas y programas destinados a reducir y prevenir la pobreza, la vulnerabilidad, la violencia y la exclusión social.

Las mujeres, especialmente las mujeres con bajos ingresos y jóvenes, carecen de acceso a la seguridad social, es decir, no cuentan con acceso a pensiones, seguro de desempleo, seguro de accidentes, seguro de invalidez y discapacidad, acceso a planes de ahorro, entre otros servicios. El que las mujeres no puedan acceder a esquemas de protección social está directamente relacionado con su menor presencia en el empleo formal. Asimismo, la carga de trabajo no remunerado que recae sobre ellas les impide integrarse al sector laboral.

Es de carácter urgente tomar acciones en México para liberar a las mujeres y las niñas del trabajo doméstico no remunerado y así poder aumentar la productividad del trabajo de las mujeres y por ende de todo el país. En este sentido, invertir en servicios de cuidado infantil accesibles y de largo plazo, puede ser muy efectivo para aumentar el empleo de las mujeres y, a su vez, para brindar atención de calidad a las niñas y niños.

El diseño y la prestación de servicios públicos con perspectiva de género fomenta oportunidades importantes para cambiar las relaciones desiguales de poder. Los servicios públicos y de protección social junto con las infraestructuras sostenibles, deben trabajarse conjuntamente y estar acompañados por políticas macroeconómicas y del mercado laboral que mejoren la creación de empleos y los medios de vida, tanto para mujeres como para hombres.

Si en México no existe una inversión adecuada en servicios de salud y de educación, que respondan a las necesidades de la población, las mujeres no podrán integrarse en igualdad de condiciones al mercado laboral y al crecimiento económico y, con esto, México hace a un lado el enorme potencial que las mujeres pueden aportar a la economía nacional, y pierde la oportunidad de volverse un país menos desigual y con desarrollo sostenible.

Es indispensable promover la participación y el liderazgo de las mujeres para garantizar que los sistemas de protección social, los servicios públicos y las inversiones en infraestructura sostenible respondan a sus derechos y necesidades. Desde ONU Mujeres, hacemos un llamado a poner como motor esencial del crecimiento económico, un sistema nacional y público de cuidados que garantice la corresponsabilidad entre las familias y el Estado, para una repartición más justa de la carga de cuidados, que permita a las mujeres participar plenamente en el desarrollo del país.

Especialista de Programas en ONU Mujeres