Por Paola Zuart.
El trabajo de la tierra está vinculado fuertemente con la reproducción de la vida. Sin embargo, para las mujeres de las localidades rurales esto representa un gran obstáculo ya que no cuentan con seguridad en materia de propiedad o tenencia de la tierra. Como consecuencia, las mujeres se ven impedidas a tener apoyos públicos y participar en la toma de decisiones que impactan su vida diaria y la de sus familias.
Ante este hecho, es necesario considerar a la falta de acceso a la propiedad como una causante de violencia de género. Es así que el tema de la distribución de la tierra no debe ser abordado únicamente desde una perspectiva económica, esto es debido a que hay repercusiones que superan estos factores al afectar múltiples áreas de la vida de las mujeres rurales.
Una de dichas áreas es el aspecto patrimonial. El privar a las mujeres del acceso a la propiedad resulta en inseguridad material, dependencia, y subordinación; siendo éstos factores que afectan tanto su presente como su futuro al ponerlas en una situación de tremenda vulnerabilidad.
Un dato que resulta ser muy ilustrativo de este problema es que al menos 40% de las mujeres rurales han sufrido violencia en sus relaciones de pareja. A pesar de que ellas deseen separarse, no hay forma de dividir los bienes: “están en una situación de violencia y no pueden quedarse con el patrimonio familiar porque es del hombre y para que ellas tenga derecho sobre eso tendría que ir a un juicio agrario y padecerían una revictimización”, explica Anabel López, colaboradora del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.
Esto demuestra que la falta de acceso a la propiedad tiene un impacto sumamente importante en la vida de las mujeres. Como lo explica Martha Patricia Castañeda, antropóloga social, “la posesión de la tierra demuestra socialmente la capacidad económica, la posición, el prestigio social del poseedor. A las mujeres la titularidad sobre este recurso les brinda fortaleza, seguridad en el hoy y el mañana”.
Es necesario subrayar que, a pesar de los avances legislativos, el poder tomar decisiones sobre un territorio y participar en los órganos de representación es un derecho que se les sigue negando a miles de mujeres. Según datos dados por INMUJERES, en 2018 vivían 28.9 millones de personas en localidades con menos de 2,500 personas, donde al menos el 50.8% son mujeres, pero sólo 3 de cada 10 personas ejidatarias o comuneras son mujeres. En otras palabras, de cada 10 personas con derechos sobre la tierra, ni siquiera tres son mujeres. Esto demuestra que precisamente en los territorios donde existe la mayor riqueza natural, también existen las mayores condiciones de desigualdad, injusticia y exclusión.
