Por María Fernanda Ballesteros *
La falta de una estrategia nacional consistente para contener la pandemia e impulsar la reactivación económica ha puesto a los gobiernos de los estados ante encrucijadas que dañan la efectividad de sus acciones. Por ejemplo, el pasado 15 de enero la jefa de Gobierno de la Ciudad de México anunció que, a pesar del semáforo rojo y las más de 19 mil defunciones acumuladas hasta ese día, a los restaurantes se les permitiría abrir en terrazas, con ciertas restricciones.
Esto se dio tras el reclamo que, con el lema de “Abrimos o morimos”, muchos restauranteros le hicieron al Gobierno capitalino cuando éste decretó que se ampliaba el semáforo rojo. La desobediencia hacia esta medida regulatoria de cierre para establecimientos con actividades no esenciales bien puede considerarse como una puesta en duda de la legitimidad de la decisión de la autoridad. Y parece no ser del todo infundada. La imposibilidad de sostener su actividad económica y de mantener a sus empleados, así como las fallas en la implementación de la medida, relacionadas con la decisión de no aplicarlas a comercios informales (o “negocios de barrio”, como se les identifica en la Gaceta Oficial de la capital), son todas razones con las que los comercios justificaron su desobediencia.
Es verdad que el Gobierno de la CDMX hizo un esfuerzo y otorgó ciertos beneficios, como el apoyo de 2,200 pesos para 100 mil trabajadores de restaurantes. Sin embargo, podría quedarse corto; los propios restauranteros han señalado que gran parte de su personal ni siquiera viven en la ciudad y, por tanto, no cuenta con los requisitos para recibir esos apoyos. Y es que es a nivel federal donde está el mayor número de facultades para actuar, en materia de salubridad y económica, en tiempos de emergencia.
A la falta de apoyos económicos desde la Federación se suma el hecho de que no se ha dado la unidad de la acción sanitaria que la pandemia exige (y para lo que existe un Consejo de Salubridad General). Incluso la consideración formal de contingencia sanitaria hubiera provocado la suspensión temporal de relaciones laborales y un plan de remuneración distinto para los trabajadores, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.
Lo que sí está claro es que una regulación bien diseñada, basada en evidencia y de cumplimiento efectivo ayudaría mucho al Gobierno de la CDMX. Para ello, debe hacer al menos dos cosas: involucrar a los actores interesados antes de tomar las medidas y hacer evaluaciones ex post de las mismas. Ésas son las herramientas regulatorias que la OCDE ha reconocido como críticas para situaciones de emergencia.
Sobre el primero de estos dos puntos, si bien es cierto que resulta muy complejo hacer consultas públicas de disposiciones emitidas en tiempos de emergencia, la propia OCDE destaca el caso de diferentes países que han tomado una aproximación de mayor flexibilidad, incluyendo periodos cortos de consultas, y enfocando éstas a grupos preseleccionados, entre los que se cuentan representantes de los directa e indirectamente afectados en los sectores privado y social. Asimismo, es clave contar con un grupo de asesores o expertos que ayuden a analizar la información y evidencia proporcionada por las partes.
Asimismo, y por lo que respecta al segundo punto, evaluar las medidas tomadas anteriormente es fundamental para dotar de confianza al proceso. La autoridad pudo haber socializado, por ejemplo, la información generada a partir de su estrategia de códigos QR, si es que aportaba elementos para demostrar riesgos de la actividad en restaurantes.
Éste es el camino para incrementar la confianza en la acción gubernamental y reforzar la obediencia que se requiere para contener la emergencia e impulsar la reapertura y la recuperación económica, en lugar de reaccionar a partir de una molestia abierta de un grupo de interés como se hizo en este caso.
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* Coordinadora del programa de Competencia y Regulación Económicas de México Evalúa
(@mfballe)
