La clase política, por lo general, enfrenta una justicia diferente al resto; una justicia rebajada, lenta y selectiva. Dentro del desfile de gobernadores y exgobernadores acusados de robar millones de pesos, tan solo unos cuantos han sido investigados y muchos menos han sido sancionados. El estándar es tan bajo que ni siquiera se aspira a recuperar lo robado: el logro, si acaso, es que acaben en la cárcel. Las autoridades reafirman la desilusión cada que pueden. Hace un mes, el Congreso de Veracruz autorizó la donación de una propiedad adquirida a través de actos de corrupción por el exmandatario, Javier Duarte, al ejército mexicano. ¿No se suponía que sería para el pueblo?
El desfalco del exgobernador veracruzano, estimado en 60 mil millones de pesos, se hizo a través de diversas empresas fantasmas y prestanombres. Por ello, la recuperación de sus bienes y fondos ha sido complicada y lenta. Sin embargo, la administración estatal pasada recuperó una parte del rancho “Las Mesas” cuyo valor es aproximadamente de 21 millones de pesos. En su momento, plantearon vendérselo a la SEDENA y destinar los recursos obtenidos a construir infraestructura carretera y hospitalaria, pero el resultado fue diferente. El actual gobernador, Cuitláhuac García, se lo donó a la SEDENA por sus labores de seguridad y auxilio a la ciudadanía. Sin embargo, la propiedad ni siquiera está en Veracruz; está en el Estado de México. Entonces, en todo caso, las y los veracruzanos -las verdaderas víctimas del desfalco- no recibirán ningún beneficio.
En realidad, esta donación se inscribe dentro de la única política nacional de seguridad sustentada en el fortalecimiento desmedido y sin control de la SEDENA. A esta institución no solo le han otorgado el mayor incremento presupuestal en toda su historia, también ha recibido predios por parte de gobiernos locales para construir los cuarteles de la Guardia Nacional. De hecho, el Estado de México es la entidad que más tiene: el año pasado se construyeron diez y este año construirán otros doce más. Lo peor de todo es que diversas fuentes periodísticas han documentado que la mayoría de los cuarteles no están en operación. La donación únicamente abona al crecimiento de su patrimonio y, por consecuencia, de presencia y poder como ninguna otra institución en el país.
Por supuesto que el gobierno estatal tenía otras opciones. Por ejemplo, pudo vender el rancho y con ese dinero contratar a 525 nuevos policías o pagar la nómina anual de 84 policías; la mayoría de los fondos de seguridad pública fueron parte del desfalco. O bien, comprar medicamentos oncológicos para el tratamiento de cáncer porque también se robaron los fondos de salud o simplemente por el desabasto que persiste hoy en día. O adquirir respiradores y mayor equipamiento para los hospitales y mejorar el salario del personal médico debido a que el país está en medio de una crisis sanitaria. Tan solo por mencionar algunas opciones.
Cuando la impunidad falla y se logra recuperar algo de lo robado, el mensaje que mandan las autoridades es que importan más los intereses institucionales y políticos que reparar el daño causado en la sociedad. Dicho en otras palabras: gana “lo que usted quiera, señor presidente” sobre “todo se le va a devolver a la gente”. Por si fuera poco, resulta que lo que quiere es fortalecer, aún más, al ejército. Y esta realidad de impunidad, influyentismo y militarización no ha traído ningún resultado y mucho menos augura un buen futuro.
David Blanc. Consultor en seguridad y justicia. @ddblanc
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