@ebuendiaz
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, máximo ordenamiento de nuestro país, establece como deber de todo funcionario público, antes de tomar posesión del cargo, realizar la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Con independencia de las convicciones personales, si alguien desea ejercer el servicio público, una vez que se realiza dicha protesta se compromete a respetar lo que ésta establece. También, a garantizar con sus actuaciones y mandatos el cumplimiento de sus disposiciones.
En días recientes varios Gobernadores han alegado que el INE los ha censurado al ordenar bajar de sus redes sociales un comunicado en el que bajo el pretexto de defender al titular del Ejecutivo Federal de lo que consideran campañas de calumnias, se narraban lo que a juicio de 18 Gobernadores son logros del gobierno del Presidente de la República.
A dichos alegatos se han sumado varias críticas al INE por parte de Diputadas y Diputados, así como de algunos Senadores de la República, en el sentido que la autoridad electoral pretende silenciarlos y les impide promover la participación de la ciudadanía en la revocación de mandato.
Ni hay censura, ni muchos menos la intención de silenciar a nadie. Simplemente el INE está cumpliendo con lo establecido en disposiciones de la Constitución y la Ley Federal de la Revocación de Mandato que, dicho sea de paso, fueron aprobadas en 2019 y septiembre de 2021.
En efecto, en diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en la que se incorporó como derecho ciudadano el participar en los procesos de revocación de mandato (RM). En dicha reforma se establecieron en el artículo 35, fracción IX, numeral 7º, expresamente dos restricciones: 1) Durante el tiempo que comprende el proceso de RM, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno. Solamente podrán ser difundidas aquellas campañas relativas a salud, educación y servicios de emergencia, y 2) Queda prohibido el uso de recursos públicos con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de RM.
Dichas restricciones fueron incorporadas en los mismos términos en el artículo 33 de la Ley Federal de RM. Legislación que fue aprobada en septiembre de 2021, esto es, en la presente legislatura y con amplias mayorías legislativas (Senado de la República por 101 votos y en la Cámara de Diputados por 483 votos).
Siguiendo dichas disposiciones constitucionales y legales, es que el INE, al aprobar la convocatoria para el proceso de RM el 4 de febrero pasado, reiteró las prohibiciones antes señaladas. Seamos claros: la autoridad electoral no es la creadora de las mismas.
De ahí que llame la atención las múltiples críticas formuladas al INE cuando éste aplica la Constitución y la Ley, en su calidad de autoridad encargada de la organización y conducción del proceso de RM. Pero además sorprende que las y los funcionarios públicos que las emiten desconozcan el contenido de dichos ordenamientos, pese a que todas y todos protestaron el cumplimiento de los mismos. En muchos casos, las y los legisladores a quienes ahora les incomoda la aplicación de dichas restricciones fueron los mismos que las aprobaron.
Uno de los beneficios de vivir en democracia es que siempre resulta importante discutir la razonabilidad de las decisiones y de las restricciones. También ejercer el derecho a la libertad de expresión conforme al marco jurídico y manifestar los acuerdos y desacuerdos. Sin embargo, también vivir en democracia exige a quienes ejercen el servicio público o tienen un rol de trascendencia pública, el respetar las decisiones que emiten las autoridades y, si hay desacuerdo, acudir a las instancias que las y los mexicanos nos hemos dado en la Constitución y las leyes para resolver cualquier diferendo.
Por eso resulta preocupante que MORENA el miércoles pasado haya publicado en redes sociales un posicionamiento en el que señala: Ante los intentos de censura y acallamiento por parte de los organismos “autónomos” y los medios de comunicación de la oligarquía, nuestro movimiento hace un llamado a la militancia y al pueblo de México a rebelarse y rechazar con firmeza estos actos...
Posicionamientos de esta naturaleza son muy delicados en una democracia. Más si provienen de fuerzas políticas que por su naturaleza de entidades de interés público, tienen la obligación de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, como es el de legalidad. No hay duda que vienen días difíciles para la democracia y para las autoridades que trabajan para cuidarla y fortalecerla.
*Jefe de oficina de la Presidencia del Consejo General del INE.
