Qué buen escudero fuera si tuviera un buen señor, sentenció en su Cantar Rodrigo Díaz de Vivar, el Mio Cid. Desde su púlpito palaciego, Andrés Manuel López Obrador no estaba obligado a responder a la carta de renuncia de Carlos Urzúa, documento histórico que hace patente las consecuencias de los graves errores de su gobierno para el país.
Decisiones de política pública sin sustento sufciente, imposición de nombramientos de funcionarios sin la menor idea de la hacienda pública, conflictos de intereses y extremismos inaceptables, sean de izquierda o de derecha.
El documento de Carlos Urzúa es una denuncia, testimonio de la crítica que el país entero debe hacer suya ante el poder omnímodo del gobierno de López Obrador. Que se recuerde, las renuncias en los altos niveles de la administración en la historia de México han sido obligadas por orden del presidente. Por primera vez, un secretario de Hacienda lo hace explicando a la opinión pública los motivos que lo impelen a la dimisión: profundo desacuerdo con las sinrazones de la política impuesta desde la Presidencia y con la imposibilidad, fundada en la razón, de llevar adelante los dictados de una austeridad que lejos de beneficiar, siembra incertidumbre, desconfianza y caos para el desarrollo. Como dijo el sabio Groucho Marx: No quiero pertenecer a un club que acepte personas como yo.
El comentario, que no responde a los términos claros y contundentes de la renuncia del por siete meses secretario de Hacienda, por parte del presidente de la República fueron una síntesis del monólogo sostenido desde el comienzo de su administración: no se entiende, dijo, el cambio de un gobierno que lucha contra la corrupción y busca la transformación total de la economía en beneficio de los más pobres. Recortes a tambor batiente, no importa lo que se destruya o se derrumbe. El autoritarismo total. Si en la Policía Federal hay casos de corrupción, acabara con la policía y los derechos humanos y laborales de todos. En los medios públicos de comunicación se despide a cientos de personas acusadas de corrupción y abuso.
Tras la renuncia del secretario Urzúa, la paridad cambiaría y la cotización del mercado bursátil sufrieron momentos de nerviosismo y preocupación. En relativa calma la bolsa y el peso frente al dólar retornaban a una aparente tranquilidad cuando el presidente anunció el nombramiento del nuevo secretario de Hacienda, el economista Arturo Herrera hasta ese momento subsecretario del ramo. Cuestionado y desautorizado en dos ocasiones por el propio presidente de la República, el joven funcionario aparecía ante las cámaras que captaban el acto de su asunción con un rictus de preocupación por la gravedad de la circunstancia. A diferencia del que fuera su jefe al frente de las finanzas públicas del país, Carlos Urzúa, Arturo Herrera deberá plegarse y aceptar sin reserva alguna los lineamientos de una política que, más allá de renuncias y cambios circunstanciales, no ha podido mostrar la eficacia de sus determinaciones ni la confianza de una economía que mantiene al país en la zozobra y en la incertidumbre.
La renuncia de Carlos Urzúa a la secretaría de Hacienda era esperada, no obstante lo sorpresivo de su difusión. Once funcionarios desde el primer nivel hasta los mandos medios han dimitido por decisión propia en lo que va de la presente administración. Vendrán más. Con ellas, se harán aportaciones a la opinión pública sobre los errores, las distorsiones, las contradicciones y los caprichos de una administración que provoca y vive en permanente crisis.
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