Por: María Fernanda Ballesteros
Está por cerrar el año y todavía no es claro cómo el Estado debería intervenir para cambiar el comportamiento de la ciudadanía y los establecimientos comerciales en aras de contener la pandemia; cómo lograr que los ciudadanos usemos mascarilla y mantengamos distanciamiento social, y que los establecimientos efectivamente limiten su aforo al 30%, antes de implementar un cierre obligatorio, por ejemplo.
De ese tipo de cuestiones está hecha, en parte, una estrategia regulatoria en materia sanitaria. Muchas se traducen en verdaderos dilemas: ¿es proporcional tal o cual regla?, ¿no afecta innecesariamente la recuperación económica?, ¿no abre la puerta a más corrupción, en vez de atacar el problema?
Es preocupante la forma en que esta crisis está impactando en la economía mexicana, sobre todo en las pequeñas empresas y negocios —la mayoría en el país—, tan vulnerables a emergencias y situaciones extraordinarias. De acuerdo con el Inegi, en los últimos 15 meses casi 400 mil negocios desaparecieron y muy pocas pymes y micronegocios han nacido.
Además de darles apoyos directos, ¿cómo tendría el Gobierno que ayudar a las pymes? Por lo pronto, no causándoles problemas adicionales a los que ya tienen. Y aquí es donde se muestra la importancia de una regulación de calidad. Se están creando muchas reglas con motivo de la emergencia, pero hay que cuidar que tengan un propósito justificado y que no entorpezcan la reactivación económica.
Una carga regulatoria excesiva e innecesaria tiene un duro impacto en pymes y emprendedores, y eliminan oportunidades para poder competir, crecer, ser más productivos. Esto nos afecta a todos como consumidores, y en términos de bienestar social. Con esta preocupación en mente, desde México Evalúa convocamos el pasado 3 de diciembre a representantes del sector privado, público y social a discutir en torno al proceso de reactivación económica.
En el encuentro aprendimos que del lado de las buenas noticias están los avances tecnológicos que impulsan la agenda regulatoria. Y es que esta emergencia podría ser la ocasión para dar un salto en innovación gubernamental para la mejora regulatoria; prodríamos lograr una mayor transparencia en el proceso regulatorio, y utilizar de forma efectiva formas no tradicionales para inducir comportamientos —los famosos nudges o pequeños empujones para cambiar conductas— y modificar la forma de hacer inspecciones.
Pero la tecnología no carece de riesgos y dilemas desde la perspectiva regulatoria. Tomemos el caso del código QR y la política de rastreo que ha implementado la CDMX. En un principio se habló de obligatoriedad. Sin embargo, las limitantes de la implementación fueron efectivamente señaladas por organizaciones; la principal: el 24% de la población no cuenta con un celular. También se expusieron preocupaciones en materia de protección de datos personales. Como consecuencia, el Gobierno local rectificó y mejoró la calidad regulatoria del sistema, al reconocer la necesidad de que fuera una medida voluntaria y establecer una temporalidad para la eliminación de datos.
Es importante que ante la falta de una estrategia nacional las autoridades estatales y municipales asuman la relevancia de su función regulatoria y el impacto que puede tener en el manejo de la pandemia, así como en la necesaria reactivación. Además, el papel que jugamos todos los potenciales afectados es fundamental y no debe ser subestimado por las autoridades. Todos debemos formar parte de la discusión. Se tienen que abrir más canales de comunicación con la ciudadanía, un rasgo que también es característico de una regulación de calidad.
Coordinadora del programa de Regulación y Competencia Económica en México Evalúa.
@mfballe
