La tragedia de Tlahuelilpan arrojó más de 100 muertos y casi cincuenta heridos. La desgracia develó los problemas de las tomas clandestinas, carencias en protección civil, fugas en los ductos y, sobre todo, la problemática en las comunidades del Estado de Hidalgo, Puebla, Estado de México y otras entidades. El gobierno federal decidió otorgar apoyos económicos a dichas comunidades. En Acambay, Estado de México, el gobierno reiteró su deseo de apoyar a las entidades afectadas por el cáncer del Huachicol. Sin duda, acción noble. ¿Podría existir otra forma de solucionar el problema?
La desgracia de Tlahuelilpan necesita de la verdad. La Fisclía General debe esclarecer el contexto solical, político e histórico de las comunidades en donde existe Huachicoleo. Quién abrió -o- perforó el ducto el día de la catástrofe; y debemos saber por qué hubo una explosión con esas carácterísticas. Con la verdad podríamos generar justicia, dicho en otras palabaras: con la información obtenida se podría conocer qué funcionarios de Pemex o qué miembros de la delincuencia organizada están vinculados a los hechos y ponerlos a disposición de un Juez. También está el apartado de reparaciones, el cual, por supuesto que corre desde el apoyo en gastos directos por la tragedia hasta apoyo pscològico. Toda política pública necesita de recursos económicos pero necesita de otros factores, en este de verdad y justicia. En mi óptica, los recursos económicos por sí solos no arreglan el problema.
La administración pública se manifiesta a través de las políticas públicas. La entrega de apoyos económicos, por sí mismos, no parece ser una política pública integral. Las entidades de la República afectadas por el huachicol necesitan de verdad y justicia. Necesitamos saber cuáles son las causas del Huachicol. Hoy conocemos pobreza y corrupción, y puede haber otras. Las causas de los funcionarios de Pemex, servidores públicos locales o los miembros de la delincuencia organizada. Conocer eso, también nos permitiría saber cómo evitarlo en el futuro.
Las políticas públicas que estén relacionadas a temas de investigación criminal deben cumplir los más altos canones internacionales y todos sus componentes.
Los casos como Tlahuelilpan no se pueden repetir. Debemos negarnos a un estado cíclico de tragedias o a la cotidianediad de las desgracias. Por ello, no solo es necesario que se bajen los recursos federales a las entidades que han sido afectadas por el Huachicol, sino que se haga una investigación sobre las causas, contexto y los responsables (Verdad), para que más adelante se hagan procesos de justicia en contra de funcionarios públicos o miembros de la delincuencia organizada. En mi óptica, los apoyos económicos son insuficientes para arreglar la situación.
Doctor en Derecho / @jangulonobara