El Gobierno de la República ha impulsado, desde el inicio de la actual administración, el proceso transformador más importante en la historia del país. De esta manera, se ha comprometido con estabilidad macroeconómica como una condición indispensable para avanzar hacia un México próspero.
El manejo sostenible y prudente de las finanzas públicas, constituye la columna vertebral de dicha estrategia de política económica, cuya finalidad es generar condiciones favorables para el crecimiento económico, la atracción de inversiones y la creación de empleos, en beneficio de las mexicanas y mexicanos.
Ello ha distinguido a nuestro país entre las economías emergentes, en un escenario adverso y volátil, que tiene un impacto negativo sobre las finanzas públicas nacionales.
En este contexto, es pertinente instrumentar medidas orientadas a garantizar la disciplina financiera de los gobiernos estatales y municipales, con reglas claras y transparentes para una gestión responsable y equilibrada de sus haciendas.
Por ello, la aprobación el año pasado de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios por el Congreso de la Unión, resulta de suma trascendencia para la economía y el desarrollo nacional. Recordemos que su propósito cardinal es ordenar el endeudamiento en los ámbitos estatales y municipales
La Ley incorpora definiciones claras de la deuda, las obligaciones y la inversión pública productiva; crea un sistema de alertas sobre el manejo de deuda y un Registro Público Único de Deuda; fija sanciones a los servidores públicos que incurran en un manejo irresponsable de los recursos y de la deuda; y establece reglas claras en materia de transparencia y rendición de cuentas, entre otros.
Bajo estas premisas, destaca la aprobación en días pasados por el Senado de la República, de diversas reformas y adiciones a dicha Ley, que pretenden mejorar la calidad y eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos, para generar estabilidad a las finanzas estatales y municipales, así como lograr mejores condiciones en la contratación de Financiamientos y Obligaciones.
En efecto, establece condiciones claras y transparentes para la revisión, adquisición y fiscalización de nuevos esquemas de endeudamiento de estados y municipios, a fin de evitar desfalcos de los recursos públicos ejercidos.
Asimismo, otorga mayor certidumbre a los estados en la elaboración de sus paquetes económicos y un margen de maniobra más amplio en el uso de sus recursos excedentes, al establecer distintos porcentajes que deben destinarse a la amortización de la deuda, diferenciados por los niveles de endeudamiento.
Otro punto relevante de estos ajustes es la posibilidad de que los estados puedan atender, por medio de sus ingresos de libre disposición, a la población afectada por desastres naturales con oportunidad y eficiencia, también orientarlos a la constitución de un fondo que atienda sus necesidades inmediatas, para salvaguardar sus derechos sociales fundamentales.
Estas reformas permiten contar con nuevas y mejores herramientas para asegurar finanzas públicas sanas, que deben ser potenciadas por los gobiernos estatales y municipales en beneficio de su propio desarrollo.
El manejo responsable de las finanzas públicas y el uso eficiente de los recursos públicos, representa un asunto de política económica de primera relevancia, que se debe asumir con compromiso, responsabilidad y transparencia, con el objeto de que su eficaz y oportuna instrumentación posibilite continuar fortaleciendo la estabilidad macroeconómica del país y que esta contribuya, al mismo tiempo, a incrementar el mejoramiento sistemático del bienestar de las familias mexicanas.
Senadora por el PRI
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