Esta semana la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso de la Ciudad de México presentó la iniciativa de Ley que regula el Espacio Público y Subsuelo y contempla, entre otras cosas, favorecer el soterramiento de cables en la CDMX. Es decir, enterrar los cables que hoy cuelgan de los postes, tanto de luz como de telecomunicaciones.
No sólo para que no se vean feo y mejorar la imagen urbana, sino para salvaguardar de emergencias a la ciudadanía, meter al orden a las empresas que despliegan su infraestructura por toda la ciudad y abatir la posibilidad de seguir colgando “diablitos” de robo de luz que son tan recurrentes en la ciudad.
Los diputados Gabriela Salido y Federio Döring presentaron la iniciativa, que no nace de una ocurrencia, sino que ya han sido consultadas dependencias locales como SEDUVI, Agencia Digital de Innovación Pública, Secretaría de Obras; contando con las opiniones técnicas de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como de la Secretaría de Administración y Finanzas, la cual dictaminó que la aprobación de esta ley no tendrá impacto en las finanzas de la capital.
En los ámbitos federal y privado acompañaron la construcción de esta ley el Instituto Federal de Telecomunicaciones, además de empresas de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI). Es decir, es una iniciativa que cuenta con un alto grado de consenso con el gobierno capitalino actual y con los actores involucrados.
El plan no es abrir las banquetas de toda la ciudad al mismo tiempo, sino diseñar una estrategia a mediano plazo, que vaya contemplando trabajar zona por zona de la capital.
Salido, ingeniera de profesión, y quien es hoy la presidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público del Poder Legislativo local, asegura que se consideran aspectos técnicos y de la naturaleza del suelo en distintas partes de la metrópoli, porque no es posible aplicar una política general de soterrado sin tener en cuenta las características de las zonas o polígonos a intervenir.
Ahora bien, pese a sus evidentes virtudes, esta legislación tiene que sortear diversos obstáculos.
Por una parte está el deslinde de qué tendrá que pagar el gobierno de la ciudad, qué las alcaldías y qué las empresas involucradas, algunas de las cuales ya manifestaron en el pasado ciertas reservas sobre el proyecto, que las haría incurrir en gastos adicionales.
Aunque, nos dicen, que la idea es generar mecanismos de participación en conjunto para disminuir los costos; hoy, por ejemplo, para la intervención de forma tradicional en postes y cableado aéreo, las empresas tienen que pagar una licencia en términos del reglamento de construcciones.
Lo que se pretende, aseguran, es establecer polígonos debidamente planeados y alineados con los Programas Anuales de Obras o con intervenciones en las alcaldías, para que, aprovechando trabajos de mantenimiento en el espacio público, se pueda ejecutar el programa de soterramiento y de esta forma bajen los costos para todos.
Digamos que sí hay una inversión, pero será escalonada y atendiendo a las distintas zonas de la ciudad, pues habrá algunas colonias, pueblos o barrios, que por la composición del suelo hagan muy difícil estas intervenciones, y en estos casos sólo se plantea reordenarlos y retirar el cableado en desuso.
Ahora bien, los cables aéreos se prestan para que la gente se cuelgue de manera ilegal a la red de luz mediante “diablitos”, para uso habitacional pero sobre todo para uso del comercio informal, que históricamente se ha beneficiado de acceder ilícitamente a electricidad gratis. Son los mercados y asociaciones de informales quienes integran buena parte de las bases clientelares de la izquierda capitalina y la movilización de estas bases son capaces de generar inestabilidad política.
Se asegura que en las zonas donde ya se han hecho este tipo de intervenciones, no sólo en la ciudad sino en distintas partes del país, hay mejoras en la prestación de los servicios (de luz, gas, internet) e incluso se reducen riesgos en temas de protección civil.
Por ejemplo, refiere Gaby Salido, en casos de sismos o incendios, vemos lo riesgoso que son los cables chocando unos con otros, o cuando hay árboles muy grandes que tienen contacto con los cables de luz provocan incidentes; si los cables ahora se encuentran debajo del suelo, se disminuyen riesgos, y por supuesto, la posibilidad de que se presenten este tipo de conexiones ilegales.
Y para finalizar, un problema de origen: no es una iniciativa de Morena, sino de panistas. Es decir, en el papel no estaría en las prioridades legislativas del grupo parlamentario mayoritario, aun cuando ya se ha avanzado mucho en su cabildeo y conformación
Aun así, los promoventes de la iniciativa dicen estar dispuestos a buscar los consensos necesarios con todas las fuerzas políticas y por supuesto de la mano con las instituciones públicas y privadas relacionadas con el tema
Respecto a la ruta legislativa que debe seguirse, a partir de la presentación de la iniciativa, la Constitución otorga un plazo de por lo menos 10 días para recibir comentarios u observaciones de la ciudadanía y de la industria, a partir de esto, se elaboraría un calendario de mesas de trabajo, foros y otros ejercicios de parlamento abierto para atender y escuchar todas las voces que sean necesarias.
Ya con las conclusiones de este trabajo, se estaría en condiciones de armar un proyecto de dictamen que busque el consenso de la mayoría al interior de las comisiones y posteriormente en el Pleno de la Cámara de Diputados de la CdMx.
