/ sábado 16 de enero de 2021

Disco duro | Cofepris, lentitud que enferma

Por Alejandro Jiménez

Cuando una mala administración pública culmina en el deterioro de la la salud o aun en la muerte de sus presuntos beneficiarios, estamos hablando de algo que debe tener consecuencias.

Es el caso de la actual administración de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), titulada por José Alonso Novelo, quien la dirige más con prejuicios ideológicos que con criterios de eficiencia y eficacia.

Esto ha repercutido en el generalizado desabasto de medicinas experimentado en los últimos dos años, que ha dejado morir a niños de cáncer y dejado sin tratamiento a miles de mexicanos, que simplemente no alcanzan la salud por que hay un señor que no quiere tratar con farmacéuticas y tiene detenido todo su trabajo.

La 4T ha insistido en que el desabasto de medicamentos se debe sólo a su combate a la corrupción y asegura que se resolverá comprándolos en otros países, pero especialistas del sector han señalado que se trata de un problema con muchas caras.

Una de ellas es la agilidad con la que la autoridad sanitaria mexicana, gestiona trámites y solicitudes.

Para que se dé una idea, en los últimos 24 meses no se ha entregado registro sanitario a ningún medicamento innovador (moléculas nuevas), lo que implica que esos medicamentos estén ausentes de clínicas y hospitales. Hay 30 de estos medicamentos en esa situación, a pesar de que ya han sido aprobados por agencias reconocidas en otros países como la FDA en EUA o la Agencia Europea de Medicinas.

Ante la falta de que los funcionarios del organismo que encabeza realicen su trabajo, las empresas que realizan investigación, producción e importación de medicamentos de innovación en México, se han visto obligados a realizar su propio seguimiento para exhibir la gravedad de esta situación: en total cuantifican más de 1,500 trámites rezagados entre registros sanitarios, modificaciones y prórrogas, certificados de buenas prácticas y permisos de importación.

Además, en un momento en que la investigación clínica ha demostrado ser necesaria para el cuidado de la salud y la reactivación económica (las vacunas contra Covid-19 son producto de esta actividad), Cofepris tiene rezagados 816 trámites para que se realicen ensayos clínicos en nuestro país para probar medicamentos nuevos sobre enfermedades como cáncer, diabetes, hipertensión entre otros. Tan sólo un trámite no resuelto implica que varios pacientes perderán la oportunidad de acceder a uno de estos tratamientos.

Y encima, pifias adquisitivas

La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), en voz de su Director Regional Adjunto Giuseppe Mancinelli, se ha esforzado por difundir que su proceso de compra de medicamentos para el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) va avanzando, nos cuentan que, en su convocatoria a licitación iniciada el 4 de diciembre, no todo ha estado bien coordinado.

La Asociación Mexicana de Industrias de Innovación Farmacéutica (AMIIF), que dirige Cristóbal Thompson, detectó que en dicha licitación UNOPS había metido claves de medicamentos de patente dentro de las listas para la compra de medicamentos genéricos, abriendo así la posibilidad a que entraran productos que violarían la ley de propiedad industrial de México. Hablamos de 34 claves de productos patentados, muchas claves para considerarlo como un simple error.

La UNOPS ya se habría dado cuenta y ya retiraron 26 claves de esas listas, pero no han dado señal de qué sucederá con las nueve restantes; las empresas han buscado contacto con estas autoridades, pero las respuestas han caído a cuentagotas.

No es cualquier cosa, además de que esa pifia de UNOPS e INSABI violaría la ley mexicana de protección a la propiedad industrial, provocaría que México infringiera tratados internacionales como T-MEC, los Acuerdos ADPIC y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT). ¿Los responsables de esta licitación sabrán siquiera en qué consisten las leyes mexicanas y acuerdos comerciales? El riesgo potencial es que nuevamente queden medicamentos sin ser adquiridos y se prolonguen situaciones de desabasto.

Y mientras todas estas lentitudes, postergaciones, bloqueos y pifias suceden, la salud de los mexicanos se deteriora. Con eso no se juega.

Por Alejandro Jiménez

Cuando una mala administración pública culmina en el deterioro de la la salud o aun en la muerte de sus presuntos beneficiarios, estamos hablando de algo que debe tener consecuencias.

Es el caso de la actual administración de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), titulada por José Alonso Novelo, quien la dirige más con prejuicios ideológicos que con criterios de eficiencia y eficacia.

Esto ha repercutido en el generalizado desabasto de medicinas experimentado en los últimos dos años, que ha dejado morir a niños de cáncer y dejado sin tratamiento a miles de mexicanos, que simplemente no alcanzan la salud por que hay un señor que no quiere tratar con farmacéuticas y tiene detenido todo su trabajo.

La 4T ha insistido en que el desabasto de medicamentos se debe sólo a su combate a la corrupción y asegura que se resolverá comprándolos en otros países, pero especialistas del sector han señalado que se trata de un problema con muchas caras.

Una de ellas es la agilidad con la que la autoridad sanitaria mexicana, gestiona trámites y solicitudes.

Para que se dé una idea, en los últimos 24 meses no se ha entregado registro sanitario a ningún medicamento innovador (moléculas nuevas), lo que implica que esos medicamentos estén ausentes de clínicas y hospitales. Hay 30 de estos medicamentos en esa situación, a pesar de que ya han sido aprobados por agencias reconocidas en otros países como la FDA en EUA o la Agencia Europea de Medicinas.

Ante la falta de que los funcionarios del organismo que encabeza realicen su trabajo, las empresas que realizan investigación, producción e importación de medicamentos de innovación en México, se han visto obligados a realizar su propio seguimiento para exhibir la gravedad de esta situación: en total cuantifican más de 1,500 trámites rezagados entre registros sanitarios, modificaciones y prórrogas, certificados de buenas prácticas y permisos de importación.

Además, en un momento en que la investigación clínica ha demostrado ser necesaria para el cuidado de la salud y la reactivación económica (las vacunas contra Covid-19 son producto de esta actividad), Cofepris tiene rezagados 816 trámites para que se realicen ensayos clínicos en nuestro país para probar medicamentos nuevos sobre enfermedades como cáncer, diabetes, hipertensión entre otros. Tan sólo un trámite no resuelto implica que varios pacientes perderán la oportunidad de acceder a uno de estos tratamientos.

Y encima, pifias adquisitivas

La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), en voz de su Director Regional Adjunto Giuseppe Mancinelli, se ha esforzado por difundir que su proceso de compra de medicamentos para el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) va avanzando, nos cuentan que, en su convocatoria a licitación iniciada el 4 de diciembre, no todo ha estado bien coordinado.

La Asociación Mexicana de Industrias de Innovación Farmacéutica (AMIIF), que dirige Cristóbal Thompson, detectó que en dicha licitación UNOPS había metido claves de medicamentos de patente dentro de las listas para la compra de medicamentos genéricos, abriendo así la posibilidad a que entraran productos que violarían la ley de propiedad industrial de México. Hablamos de 34 claves de productos patentados, muchas claves para considerarlo como un simple error.

La UNOPS ya se habría dado cuenta y ya retiraron 26 claves de esas listas, pero no han dado señal de qué sucederá con las nueve restantes; las empresas han buscado contacto con estas autoridades, pero las respuestas han caído a cuentagotas.

No es cualquier cosa, además de que esa pifia de UNOPS e INSABI violaría la ley mexicana de protección a la propiedad industrial, provocaría que México infringiera tratados internacionales como T-MEC, los Acuerdos ADPIC y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT). ¿Los responsables de esta licitación sabrán siquiera en qué consisten las leyes mexicanas y acuerdos comerciales? El riesgo potencial es que nuevamente queden medicamentos sin ser adquiridos y se prolonguen situaciones de desabasto.

Y mientras todas estas lentitudes, postergaciones, bloqueos y pifias suceden, la salud de los mexicanos se deteriora. Con eso no se juega.