Corría el año de 2007, un comando armado secuestró en San Miguel de Allende al empresario Eduardo García Valseca y a su esposa Jayne. Él estuvo retenido durante siete meses, ella fue liberada para negociar el rescate. Fue uno más de los secuestros de alto impacto que conmocionaron a la pequeña población turística guanajuatense durante esos aciagos años.
Facundo Rosas, entonces subsecretario de Seguridad Pública con Genaro García Luna, hizo correr la versión de que los perpetradores habían sido guerrilleros del Ejército Popular Revolucionario, pues se habían encontrado panfletos revolucionarios y una hoz y un martillo en la cajuela de los autos utilizados. Que había sido un secuestro con fines de financiamiento político.
Los eperristas se deslindaron del hecho en diversos comunicados donde expresaban que desde el año 2000 habían acordado, desde su máximo Congreso Nacional, desistirse de los secuestros como vía de financiamiento político. Y acusaron a los funcionarios de la SSP de estar involucrados en esos delitos.
Desesperada, Jayne acudió a todas las instancias posibles porque nunca vio avance en las investigaciones. Nadie se movía, decía con impotencia. Acudió a los medios de comunicación, lo que molestó a Rosas, quien nunca se movió de la idea de que eran guerrilleros los delincuentes. Nunca quiso dar entrevistas sobre esos casos. Su equipo de comunicación era particularmente hostil cuando se tocaba ese tema.
La NBC estadounidense tomó el caso en sus noticieros, denunciando lo peligroso que estaba resultando a sus conciudadanos visitar México o comprar propiedades en San Miguel y eso hizo que estallara una furia desproporcionada de los funcionarios de la SSP, quienes desmintieron a la cadena de televisión, pero nunca les dieron entrevista. ¿Por qué el hermetismo?, insistía la televisora.
Eduardo fue liberado tras ser pagado un rescate en marzo de 2008. Mal de salud, se fue del país y murió en el extranjero, al igual que su esposa Jayne, quienes nunca se recuperaron del episodio y siempre mantuvieron la hipótesis de que las autoridades federales encubrieron todo ese tiempo a los secuestradores. Apuntaban a Facundo Rosas.
Muchos secuestros después, todos en San Miguel --más el de Diego Fernández de Cevallos en Querétaro, en 2010--, se supo que el perpetrador de todos ellos había sido el chileno Raúl Julio Escobar Poblete, en efecto ex guerrillero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, conocido como el “Comandante Emilio”, quien se escondió en la ciudad guanajuatense bajo la identidad de Ramón Alberto Guerra, y quien ya no hacía trabajo político en su país sino que sus secuestros eran para financiarse él, a manera de delincuencia común. Sus procedimientos eran particularmente crueles y podía retener a sus víctimas por meses.
Estaba diluido en la sociedad sanmiguelense, a tal grado que se probó que fue amigo de varias de sus víctimas, incluido García Valseca, con quien apareció en varias fotos de convivencias sociales.
Escobar fue detenido finalmente en el año de 2017, ya sin Genaro García Luna ni Facundo Rosas en la SSP, tras el secuestro de la ciudadana francoestadounidense Nancy Kendall. Litigó todo lo que pudo para no ser enviado de regreso a Chile, donde le aguardaban órdenes de aprehensión y cadena perpetua de cárcel.
Sin embargo, durante todos estos años, nunca ha dejado de estar presente la sombra de un posible encubrimiento desde los más altos niveles de la seguridad federal a este personaje, tanto por la inacción para resolver los casos, como por el peculiar enojo que les causaba que el tema llegara a los medios de comunicación.
