La madrugada del martes pasado, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen al Código Fiscal que integra el Paquete Económico 2022, el cual contempla impuestos a plataformas dedicadas a reparto de alimentos y otros productos ¡por usar la infraestructura urbana!
El Código Fiscal se aprobó con pocos cambios, como la adición de un párrafo a la propuesta del Artículo 307 TER, con el fin de esclarecer que repartidores y usuarios no serán afectados por el impuesto de dos por ciento a las plataformas.
"El aprovechamiento a que se refiere este artículo es intransferible y no estará sujeto a traslación, ni deberá incluirse en el costo total a cargo del usuario, ni cobrarse a los terceros oferentes o a cualquier otro tercero que realice la entrega de paquetes, alimentos, víveres o cualquier tipo de mercancía”, indica, pero sin decir cómo se va a evitar que eso suceda.
Este gravamen sacado de la manga sólo es recaudatorio, porque no se ve por ningún lado la justicia fiscal que se argumenta para aplicarlo, además de que es discriminatorio, porque las empresas afectadas ya pagan ingresos sobre la renta y sólo se aplica a las apps de reparto alimentos y servicio, y nos todas en general. Sólo se gravan a Uber, Didi, Rappi, pero no a otras plataformas como Amazon y Microsoft, que también hacen uso de este tema y hacen desgaste de las calles de la ciudad.
Por supuesto que las empresas van a trasladar ese impuesto al consumidor final, sin que los diputados puedan evitarlo, lo que se irá a cuenta de la inflación en ese sector.
Justicia laboral, no impuestos
Ahora bien, los repartidores de estos productos, lejos de necesitar que les cobren impuestos a sus consumidores y empresas, lo que requieren es justicia laboral.
La organización no gubernamental Nosotrxs, de Mauricio Merino, ha venido documentando el tema, concluyendo que la pandemia visibilizó este tipo de trabajos, pero también las condiciones adversas a las que se enfrentan (asaltos, atropellamientos, discriminación, acoso), que se agravan cuando no son reconocidos sus derechos.
Estas empresas, están muy lejos de ser el paraíso de la “economía gig”. A cambio del “te doy chamba”, “conéctate cuando quieras”, “gana lo que quieras”, las apps buscan convencerlos de que no pueden hablar de prestaciones, menos aún de seguridad social o acceso a servicios de salud, pese a que de forma continua han estado en la primera línea de contagio. Hoy no se sabe a ciencia cierta cuántos de nuestros compañeros enfermaron o murieron por Covid-19 porque no hay cifras oficiales ni un monitoreo de nuestra situación laboral.
Por esta y otras razones, varios repartidores y repartidores fundaron en 2018 el colectivo “Ni Un Repartidor Menos” tras la muerte de José Manuel Matías, quien perdió la vida tras ser atropellado por un tráiler mientras entregaba un pedido en su primer día de trabajo. Comenzaron siendo un grupo de apoyo entre repartidores en caso de accidentes y emergencias, pero con los años han ampliado su horizonte de lucha.
“No pretendemos que los repartidores tengan más derechos que cualquier otro trabajador asalariado común, simplemente pugnamos para que en lugar de que nos clasifiquen como “socios repartidores”, seamos nombrados y reconocidos por el Estado y las plataformas como trabajadores. Solo así las plataformas se verán obligadas a tomar responsabilidad para con los repartidores, otorgarnos un seguro médico y las prestaciones laborales que la ley establece. A la fecha somos nosotros los que cargamos con los costos cuando nos accidentamos o quedamos con alguna discapacidad”, han escrito en diversos momentos.
Esto y no impuestos inventados, es lo que se hubiera preferido en este caso.
