Muchos quieren que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales se mantenga como está.
El Presidente López Obrador, a quien todo lo que son órganos autónomos le dan urticaria, lo quiere mandar a una oficinita de la Secretaría de la Función Pública porque asegura que es ineficiente y caro.
Y hay quienes opinan que no puede ser parte del Poder Ejecutivo, porque su naturaleza es autónoma, pero que bien puede reducirse a un departamento de la Auditoría Superior de la Federación.
Del Grupo Oaxaca
Esta semana, los diarios de la Organización Editorial Mexicana presentan en su suplemento de fin se semana un trabajo sobre el origen de la discusión de los temas de transparencia y acceso a la información, cuando en los albores del sexenio de Vicente Fox, el llamado Grupo Oaxaca, integrado por periodistas y académicos, empujaron la ley en la materia y se creara el órgano garante de la misma.
El periodista Roberto Rock y el académico Ernesto Villanueva, integrantes de ese grupo, cuentan la historia de aquellos trabajos, que culminaron con la aprobación en 2002 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, por la cual el gobierno federal se comprometía a abrir sus expedientes y compartirlos con la ciudadanía, salvo en casos específicos donde se afectara la seguridad nacional o algún tema sensible para la nación.
Con el tiempo ya no sólo fue el gobierno federal el sujeto obligado, sino que esta figura se amplió a los gobiernos de los estados, a los poderes Legislativos y Judicial, sindicatos, fideicomisos, partidos políticos y todo ente que recibiera fondos públicos.
Cuando usted lea el texto verá que ambos entrevistados cuentan la historia de manera idéntica. Lo que cambia es su evaluación sobre en qué momento estamos en materia de trasparencia gubernamental, a 20 años de creado el Grupo Oaxaca.
Para los dos, el camino recorrido hacia la transparencia no tiene forma de desandarse. Ninguno cree que el presidente López Obrador pueda ahogar esta herramienta de rendición de cuentas, pues necesitaría embarcarse en una reforma constitucional para la que no tiene –por lo pronto— los votos suficientes.
Rock sin embargo cree que AMLO está mal informado sobre lo que es y hace el INAI; que su presupuesto no es tan oneroso como dice (sale mas caro apoyar al béisbol, por ejemplo); que arrumbado en la SFP no podría, por cuestiones de soberanía y autonomía, procurar que los demás sujetos obligados fuera del gobierno acataran sus resoluciones; y que por si fuera poco el órgano garante ha servido para que se hayan dado a conocer asuntos históricos como Acteal, Ayotzinapa, la guerra sucia, la matanza de San Bernardo, Tanguato, el tema de Tlatelolco, Tlatlaya el caso Odebrecht, el caso Duarte, el Paso Express de Cuernavaca, grupo Higa, el tren México-Querétaro, la Casa Blanca, la Estafa Maestra, documentos de Gobernación en relación con el EZLN, la violencia en general, los índices de violencia, las fosas en el país, entre muchos otros.
Villanueva dice que por desgracia en México no se ha creado una cultura de la transparencia; que no habrá en la calle marchas de un millón de personas en el Zócalo defendiendo al INAI lo que abarata al presidente el costo político de intervenirlo; que sólo lo consulta una élite de periodistas, abogados y académicos; que sus integrantes tienen un innecesario perfil político anti-4T; que se han detectado irregularidades en su manejo administrativo; y que si bien es imposible que desaparezca, él sugiere que sí puede cambiar su estructura hacia algo más económico, de bajo perfil político y más técnico, sin encargarse de la protección de datos personales, y dentro del ámbito de la ASF, pero nunca dentro del gobierno federal.
En el USB…
La negociación entre la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) y Aeroméxico que comanda Andrés Conesa se mantiene este fin de semana antes de que se cumpla la fecha límite del miércoles 27 de enero para llegar a un acuerdo sobre la reestructura.
Nos cuentan que en las mesas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Luisa María Alcalde aún queda tensión por reducciones a sueldos y prestaciones equivalentes a 17 millones de dólares.
Esta cifra sorprende luego de que se supiera, por medio del expediente de la Corte en Nueva York, que el equipo directivo se autorizó bonos este último año por nueve millones de dólares, que es la mitad de lo que le están pidiendo reducir a los más de 1,800 pilotos de Aeroméxico y Aeroméxico Connect.
