/ sábado 15 de mayo de 2021

Disco duro | Represión a radicales, denuncia EPR 

El Ejército Popular Revolucionario dice tenerle guardados al gobierno del presidente López Obrador varios agravios. Actos represivos que, según los guerrilleros, echan abajo la cantaleta de que “este gobierno no reprime”.

Cabe recordar que para los radicales de izquierda, la 4T no es más que una junta administrativa de los intereses económicos capitalistas, disfrazada de gobierno popular y social.

Desde su punto de vista la promesa de “no desatar la represión, nunca se va a reprimir al pueblo de México”, es inverosímil, pues para ellos los hechos perpetrados por las fuerzas policíaco militares, particularmente por elementos de la Guardia Nacional, dan cuenta de la verdad que pesa sobre el discurso demagógico de la que llaman “junta administrativa”.

Para ilustrar la contradicción entre el dicho y el hecho, los rebeldes mencionan de menos 14 casos donde se ha reprimido al movimiento social:

Represión a normalistas en Michoacán

El 28 de abril de 2020, tres normalistas de la Organización de Normales del Estado de Michoacán (ONOEM) fueron lesionados con arma de fuego durante un ataque de la Policía de Michoacán y Guardia Nacional y durante una protesta contra el recorte de la matrícula.

10 de septiembre de 2020, detuvieron a siete normalistas de la Escuela Normal Rural “Vasco de Quiroga” de Tiripetío y 50 normalistas de la Escuela Normal Indígena de Michoacán (ENIM) en Cherán, por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Michoacán, a la altura de la caseta de Zinapécuaro, en apoyo a la Normal Rural de Panotla, estado de Tlaxcala.

11 de septiembre de 2020, cerco policíaco a la Normal Rural “Vasco de Quiroga”. Resultaron tres heridos y otros 30 sufrieron alguna lesión por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Michoacán.

El 8 de octubre de 2020, integrantes de la Coordinación de Egresados Normalistas del Estado de Michoacán (CNOEM), denunciaron represión de policías de Michoacán y de la Guardia Nacional. Normalistas que habían iniciado una jornada de lucha días antes, que consistió en la toma de las vías férreas en exigencia de la libertad de presos políticos, plazas docentes, pagos atrasados a docentes eventuales, el derecho a organización…

Contra los maestros de la CNTE

El 17 de enero de 2018, detención arbitraria de 22 integrantes del magisterio democrático de la sección XVIII, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE-SNTE), en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, perpetrada por policías de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Michoacán, durante una movilización en exigencia de salarios devengados, suspensión de la reforma neoliberal en materia de educación, entre otros.

El 30 de septiembre de 2020, desalojo a maestros de la CNTE y normalistas de las vías del tren en Caltzontzin, Uruapan, en Michoacán, por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Michoacán y la Guardia Nacional a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) y FiscalíaGeneral del Estado (FGE). Resultado de este hecho, siete maestros fueron detenidos al mantener reivindicaciones desde inicios del sexenio como el pago de salarios devengados y plazas a normalistas egresados.

Represión en otras latitudes del país el año 2020

El 16 de febrero, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, más de 200 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, con equipo antimotín, una tanqueta lanza granada (coloquialmente conocido como Rinoceronte) y cohetones, estudiantes y padres de los 43 normalistas detenidos desaparecidos en Iguala, Guerrero, durante la “Caravana Sur en Busca de los 43” fueron desalojados. Posteriormente, fueron cercados en las instalaciones de la escuela Normal Rural de Mactumactzá. El resultado fue de tres normalistas y tres madres heridas y lesión a una niña.

El 9 de noviembre, 50 elementos de la policía municipal (con chalecos antibalas, armas largas y encapuchados) dispararon a mansalva para dispersar una manifestación frente a Palacio de Gobierno en Cancún, Quintana Roo, quienes exigían justicia por el asesinato de la joven de 20 años, Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado. Días antes habían denunciado su desaparición forzada. Resultaron con heridas de bala dos periodistas: Roberto Becerril, de La Verdad, con un impacto en el hombro y Cecilia Solís, de Radio Turquesa, con impacto en el pie. Dos más resultaron heridos.

El 8 de septiembre, elementos de la Guardia Nacional dejaron a dos personas muertas en el marco de las protestas de agricultores en la presa La Boquilla, en Delicias, Chihuahua; en el contexto de las movilizaciones en demanda del abastecimiento de agua para hacer frente a la sequía; 17 personas más fueron detenidas. Esa vez actuaron la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Estado.

El despliegue de la Guardia Nacional a inicios del sexenio en la frontera sur significó la presencia y fortalecimiento policíaco militar en el estado de Chiapas, bajo el supuesto de “contener el flujo migratorio”. Esto derivó en el uso de la fuerza que desencadenó el cometido de violaciones a los derechos humanos y/o constitucionales a extranjeros y connacionales.

En el estado del sur, señala el EPR, son diversas las quejas y denuncias del movimiento popular sobre actos represivos contra campesinos y colonos, el distintivo es la presencia de la Guardia Nacional, que en conjunto con el resto de las fuerzas policíaco militares han cercado pueblos y comunidades organizadas de manera independiente con el propósito, aseguran los subversivos, de aniquilar la organización popular.

También en la CdMx de Sheinbaum

En la Ciudad de México, en el marco de la marcha feminista del 8 de marzo del presente año, la policía utilizó polvo químico seco, balas de caucho con gas lacrimógeno y lanzamiento de botellas con orines; en efecto, este último artefacto policíaco no es equiparable a un arma de fuego. Aquí lo que define todo es el contexto y el objetivo político de contener y disolver la protesta, “a la vez que refleja su actitud bestial y el odio de clase dispersado por un miserable desclasado”.

“Para la junta administrativa de los intereses burgueses, el diálogo es instrumento purgante del descontento acumulado de los distintos sectores populares, las exigencias políticas, económicas y sociales sentidas del pueblo se aplazan, las administran en función de las necesidades políticas de la clase en el poder y se enfrascan en el burocratismo, la corporativización, el clientelismo y la manipulación lingüística”, señalan.

Especialmente en Chiapas

Para los eperristas la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas tiene un sello especialmente represivo, que se materializa en la creación de carpetas incriminatorias contra el pueblo organizado y no organizado.

“Adopta la tortura como método de investigación para crear falsos culpables; se incrementa las detenciones arbitrarias por motivos políticos y sociales contra las masas trabajadoras, el despojo legalizado y el despliegue de fuerzas policíacas y ministeriales en todo el estado que hostigan y agreden al pueblo son evidencia de este carácter”.

Los siguientes casos son sus botones de muestra de tal proceder represivo y criminal de la FGE:

• Carlos Antonio López Robles, quien se encuentra recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 14, conocido como “El Amate”, ubicado en Cintalapa Chiapas, denunció el caso de tortura que sufrieron él y su esposa. Expresó que fue detenido y privado de su libertad de manera injusta por agentes de la fiscalía de alto impacto, quien con violencia entraron a su domicilio ubicado en la colonia Las Granjas, en Tuxtla Gutiérrez.

Además, en su denuncia expone que el 29 de octubre del 2019 en compañía de su esposa

fueron “envueltos con vendas en la cara y cuerpo para inmovilizarlos y torturarlos con golpes en el estómago, agua y toques eléctricos. Les colocaron bolsas de plástico en la cara, fueron colgados de pies y manos hasta quedar inconscientes, los reanimaron con chorros de agua”. A raíz de los golpes se complicó su estado de salud a tal grado que su estómago estuvo a punto de estallar, en el caso de su esposa presentó complicaciones y daños en la columna vertebral.

• Adolfo Gómez Gómez fue detenido de manera injusta, acusado del delito de trata de personas y de la desaparición del niño Dylan, que el 27 de julio fue encontrado muerto en su celda en el penal de San Cristóbal de las Casas; su cuerpo presentaba huellas de tortura.

• El recluso con el nombre de Alfredo perteneciente a la organización OICH, quien fue asesinado al interior del CRSS No. 5 en San Cristóbal de las Casas, tras recibir dos impactos de arma de fuego. Los responsables de este crimen serían los mismos guardias y el director del penal. Alfredo cumplía una sentencia de 6 años y 8 meses, le faltaba poco para salir libre. Familiares de Alfredo exigen justicia del asesinato, porque al interior del penal existen irregularidades, ya que se introduce droga y armas, solapados por el director del penal.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos en Chiapas protege a autoridades involucradas en los crímenes de lesa humanidad, el ejemplo más claro es contra el ex fiscal Jorge Luis Llaven Abarca, quien se encontraría involucrado en cometer tortura, mientras la CEDH se encarga de garantizar la impunidad en los casos de violación de los derechos humanos en la entidad.

En suma, que el corte social del gobierno del presidente López Obrador, no lo exime, como tampoco lo fue con sus antecesores en la Presidencia, del juicio revolucionario de quienes dicen luchar por el establecimiento de un Estado socialista en el país.

El Ejército Popular Revolucionario dice tenerle guardados al gobierno del presidente López Obrador varios agravios. Actos represivos que, según los guerrilleros, echan abajo la cantaleta de que “este gobierno no reprime”.

Cabe recordar que para los radicales de izquierda, la 4T no es más que una junta administrativa de los intereses económicos capitalistas, disfrazada de gobierno popular y social.

Desde su punto de vista la promesa de “no desatar la represión, nunca se va a reprimir al pueblo de México”, es inverosímil, pues para ellos los hechos perpetrados por las fuerzas policíaco militares, particularmente por elementos de la Guardia Nacional, dan cuenta de la verdad que pesa sobre el discurso demagógico de la que llaman “junta administrativa”.

Para ilustrar la contradicción entre el dicho y el hecho, los rebeldes mencionan de menos 14 casos donde se ha reprimido al movimiento social:

Represión a normalistas en Michoacán

El 28 de abril de 2020, tres normalistas de la Organización de Normales del Estado de Michoacán (ONOEM) fueron lesionados con arma de fuego durante un ataque de la Policía de Michoacán y Guardia Nacional y durante una protesta contra el recorte de la matrícula.

10 de septiembre de 2020, detuvieron a siete normalistas de la Escuela Normal Rural “Vasco de Quiroga” de Tiripetío y 50 normalistas de la Escuela Normal Indígena de Michoacán (ENIM) en Cherán, por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Michoacán, a la altura de la caseta de Zinapécuaro, en apoyo a la Normal Rural de Panotla, estado de Tlaxcala.

11 de septiembre de 2020, cerco policíaco a la Normal Rural “Vasco de Quiroga”. Resultaron tres heridos y otros 30 sufrieron alguna lesión por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Michoacán.

El 8 de octubre de 2020, integrantes de la Coordinación de Egresados Normalistas del Estado de Michoacán (CNOEM), denunciaron represión de policías de Michoacán y de la Guardia Nacional. Normalistas que habían iniciado una jornada de lucha días antes, que consistió en la toma de las vías férreas en exigencia de la libertad de presos políticos, plazas docentes, pagos atrasados a docentes eventuales, el derecho a organización…

Contra los maestros de la CNTE

El 17 de enero de 2018, detención arbitraria de 22 integrantes del magisterio democrático de la sección XVIII, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE-SNTE), en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, perpetrada por policías de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Michoacán, durante una movilización en exigencia de salarios devengados, suspensión de la reforma neoliberal en materia de educación, entre otros.

El 30 de septiembre de 2020, desalojo a maestros de la CNTE y normalistas de las vías del tren en Caltzontzin, Uruapan, en Michoacán, por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Michoacán y la Guardia Nacional a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) y FiscalíaGeneral del Estado (FGE). Resultado de este hecho, siete maestros fueron detenidos al mantener reivindicaciones desde inicios del sexenio como el pago de salarios devengados y plazas a normalistas egresados.

Represión en otras latitudes del país el año 2020

El 16 de febrero, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, más de 200 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, con equipo antimotín, una tanqueta lanza granada (coloquialmente conocido como Rinoceronte) y cohetones, estudiantes y padres de los 43 normalistas detenidos desaparecidos en Iguala, Guerrero, durante la “Caravana Sur en Busca de los 43” fueron desalojados. Posteriormente, fueron cercados en las instalaciones de la escuela Normal Rural de Mactumactzá. El resultado fue de tres normalistas y tres madres heridas y lesión a una niña.

El 9 de noviembre, 50 elementos de la policía municipal (con chalecos antibalas, armas largas y encapuchados) dispararon a mansalva para dispersar una manifestación frente a Palacio de Gobierno en Cancún, Quintana Roo, quienes exigían justicia por el asesinato de la joven de 20 años, Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado. Días antes habían denunciado su desaparición forzada. Resultaron con heridas de bala dos periodistas: Roberto Becerril, de La Verdad, con un impacto en el hombro y Cecilia Solís, de Radio Turquesa, con impacto en el pie. Dos más resultaron heridos.

El 8 de septiembre, elementos de la Guardia Nacional dejaron a dos personas muertas en el marco de las protestas de agricultores en la presa La Boquilla, en Delicias, Chihuahua; en el contexto de las movilizaciones en demanda del abastecimiento de agua para hacer frente a la sequía; 17 personas más fueron detenidas. Esa vez actuaron la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Estado.

El despliegue de la Guardia Nacional a inicios del sexenio en la frontera sur significó la presencia y fortalecimiento policíaco militar en el estado de Chiapas, bajo el supuesto de “contener el flujo migratorio”. Esto derivó en el uso de la fuerza que desencadenó el cometido de violaciones a los derechos humanos y/o constitucionales a extranjeros y connacionales.

En el estado del sur, señala el EPR, son diversas las quejas y denuncias del movimiento popular sobre actos represivos contra campesinos y colonos, el distintivo es la presencia de la Guardia Nacional, que en conjunto con el resto de las fuerzas policíaco militares han cercado pueblos y comunidades organizadas de manera independiente con el propósito, aseguran los subversivos, de aniquilar la organización popular.

También en la CdMx de Sheinbaum

En la Ciudad de México, en el marco de la marcha feminista del 8 de marzo del presente año, la policía utilizó polvo químico seco, balas de caucho con gas lacrimógeno y lanzamiento de botellas con orines; en efecto, este último artefacto policíaco no es equiparable a un arma de fuego. Aquí lo que define todo es el contexto y el objetivo político de contener y disolver la protesta, “a la vez que refleja su actitud bestial y el odio de clase dispersado por un miserable desclasado”.

“Para la junta administrativa de los intereses burgueses, el diálogo es instrumento purgante del descontento acumulado de los distintos sectores populares, las exigencias políticas, económicas y sociales sentidas del pueblo se aplazan, las administran en función de las necesidades políticas de la clase en el poder y se enfrascan en el burocratismo, la corporativización, el clientelismo y la manipulación lingüística”, señalan.

Especialmente en Chiapas

Para los eperristas la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas tiene un sello especialmente represivo, que se materializa en la creación de carpetas incriminatorias contra el pueblo organizado y no organizado.

“Adopta la tortura como método de investigación para crear falsos culpables; se incrementa las detenciones arbitrarias por motivos políticos y sociales contra las masas trabajadoras, el despojo legalizado y el despliegue de fuerzas policíacas y ministeriales en todo el estado que hostigan y agreden al pueblo son evidencia de este carácter”.

Los siguientes casos son sus botones de muestra de tal proceder represivo y criminal de la FGE:

• Carlos Antonio López Robles, quien se encuentra recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 14, conocido como “El Amate”, ubicado en Cintalapa Chiapas, denunció el caso de tortura que sufrieron él y su esposa. Expresó que fue detenido y privado de su libertad de manera injusta por agentes de la fiscalía de alto impacto, quien con violencia entraron a su domicilio ubicado en la colonia Las Granjas, en Tuxtla Gutiérrez.

Además, en su denuncia expone que el 29 de octubre del 2019 en compañía de su esposa

fueron “envueltos con vendas en la cara y cuerpo para inmovilizarlos y torturarlos con golpes en el estómago, agua y toques eléctricos. Les colocaron bolsas de plástico en la cara, fueron colgados de pies y manos hasta quedar inconscientes, los reanimaron con chorros de agua”. A raíz de los golpes se complicó su estado de salud a tal grado que su estómago estuvo a punto de estallar, en el caso de su esposa presentó complicaciones y daños en la columna vertebral.

• Adolfo Gómez Gómez fue detenido de manera injusta, acusado del delito de trata de personas y de la desaparición del niño Dylan, que el 27 de julio fue encontrado muerto en su celda en el penal de San Cristóbal de las Casas; su cuerpo presentaba huellas de tortura.

• El recluso con el nombre de Alfredo perteneciente a la organización OICH, quien fue asesinado al interior del CRSS No. 5 en San Cristóbal de las Casas, tras recibir dos impactos de arma de fuego. Los responsables de este crimen serían los mismos guardias y el director del penal. Alfredo cumplía una sentencia de 6 años y 8 meses, le faltaba poco para salir libre. Familiares de Alfredo exigen justicia del asesinato, porque al interior del penal existen irregularidades, ya que se introduce droga y armas, solapados por el director del penal.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos en Chiapas protege a autoridades involucradas en los crímenes de lesa humanidad, el ejemplo más claro es contra el ex fiscal Jorge Luis Llaven Abarca, quien se encontraría involucrado en cometer tortura, mientras la CEDH se encarga de garantizar la impunidad en los casos de violación de los derechos humanos en la entidad.

En suma, que el corte social del gobierno del presidente López Obrador, no lo exime, como tampoco lo fue con sus antecesores en la Presidencia, del juicio revolucionario de quienes dicen luchar por el establecimiento de un Estado socialista en el país.