/ sábado 22 de enero de 2022

Disco duro | ¿Ya importa la sociedad civil?

El miércoles pasado, en eventos separados, dos destacadas mujeres de la 4T lanzaron sendos guiños a las organizaciones de la sociedad civil que durante los últimos tres años han sido tildadas de conservadoras y parasitarias

De un lado, la ex secretaria de Gobernación, hoy presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, propuso el miércoles crear la Comisión Nacional Antihomicidios y Feminicidios, dentro del Sistema de Seguridad Pública, cuyo objetivo explícito sería integrar los esfuerzos de la Sociedad Civil Organizada (sic) y que tenga la responsabilidad de elaborar, dar seguimiento y modificar una estrategia para combatir homicidios dolosos y feminicidios. 

La comisión propuesta también buscaría coordinar los esfuerzos institucionales de los tres niveles de gobierno para, entre otras cosas, tener una mejor administración de las estadísticas. La iniciativa propone cambios en el análisis del fenómeno delictivo con el objetivo de mejorar las estrategias de las autoridades “y si se requiere, modificar las políticas públicas orientadas a investigar y disminuir los homicidios dolosos…” 

Además de lo llamativo que es el reconocimiento implícito de parte de una distinguida representante del gobierno de la 4T de la necesidad de revisar las políticas públicas sobre estos temas (quizá con la idea de que la actual política no está funcionando), llama también la atención esa mano tendida a las organizaciones de la sociedad civil para sumarse al esfuerzo.  

Y hete aquí que el mismo día, pero en otro escenario, Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) presentó su segundo informe de labores en el que pidió ayuda al Gobierno de Claudia Sheinbaum, así como a organizaciones sociales, juristas, académicas, organizaciones de mujeres, al propio Congreso de la Ciudad de México para presentar una propuesta consensuada y modificar el Código Penal, y ser más efectivos en la erradicación de la violencia doméstica que no se ha podido atacar en la ciudad. 

No está mal si se parte del hecho de que la narrativa gubernamental federal hasta ahora ha recelado de la sociedad civil organizada, que al Presidente le parece reprobable, primero porque sus estudios suelen criticarlo, y segundo porque está convencido que sólo son arietes de empresarios que han perdido sus privilegios, chupan recursos públicos para corromperse, o se financian de organizaciones extranjeras con aviesas intenciones ideológicas. 

No se diga de las organizaciones de mujeres feministas, a las que tilda de ser manipuladas por poderosos empresarios, y a las que acusa de abrazar una causa neoliberal “de moda”, que distrae la atención de lo realmente importante que es el combate a la corrupción y la atención a los pobres. 

Lo cierto es que si en algún tema la sociedad civil organizada sabe hacer su trabajo es en el tema de seguridad: el Observatorio Nacional Ciudadano, México Evalúa, Causa en Común, el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia,  el Insyde, el IMCO, la UNAM, la UAM, la Ibero, analistas como Ernesto López Portillo, Alejandro Hope, Sergio Aguayo, Eduardo Guerrero, entre muchos otros, tienen años estudiando el fenómeno y han generado kilos de estadísticas e inteligencia. 

Estos tímidos llamados a colaborar e ir de la mano en la construcción de políticas públicas puede que no tengan la bendición presidencial pero sí la suficiente confianza de una ex secretaria de Gobernación y de una procuradora que han visto al monstruo de cerca, mismo que, saben, no será abatido con abrazos, pero tampoco necesariamente a puro balazo, sino con inteligencia. Ojalá estas dos manos tendidas no queden en el aire

El miércoles pasado, en eventos separados, dos destacadas mujeres de la 4T lanzaron sendos guiños a las organizaciones de la sociedad civil que durante los últimos tres años han sido tildadas de conservadoras y parasitarias

De un lado, la ex secretaria de Gobernación, hoy presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, propuso el miércoles crear la Comisión Nacional Antihomicidios y Feminicidios, dentro del Sistema de Seguridad Pública, cuyo objetivo explícito sería integrar los esfuerzos de la Sociedad Civil Organizada (sic) y que tenga la responsabilidad de elaborar, dar seguimiento y modificar una estrategia para combatir homicidios dolosos y feminicidios. 

La comisión propuesta también buscaría coordinar los esfuerzos institucionales de los tres niveles de gobierno para, entre otras cosas, tener una mejor administración de las estadísticas. La iniciativa propone cambios en el análisis del fenómeno delictivo con el objetivo de mejorar las estrategias de las autoridades “y si se requiere, modificar las políticas públicas orientadas a investigar y disminuir los homicidios dolosos…” 

Además de lo llamativo que es el reconocimiento implícito de parte de una distinguida representante del gobierno de la 4T de la necesidad de revisar las políticas públicas sobre estos temas (quizá con la idea de que la actual política no está funcionando), llama también la atención esa mano tendida a las organizaciones de la sociedad civil para sumarse al esfuerzo.  

Y hete aquí que el mismo día, pero en otro escenario, Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) presentó su segundo informe de labores en el que pidió ayuda al Gobierno de Claudia Sheinbaum, así como a organizaciones sociales, juristas, académicas, organizaciones de mujeres, al propio Congreso de la Ciudad de México para presentar una propuesta consensuada y modificar el Código Penal, y ser más efectivos en la erradicación de la violencia doméstica que no se ha podido atacar en la ciudad. 

No está mal si se parte del hecho de que la narrativa gubernamental federal hasta ahora ha recelado de la sociedad civil organizada, que al Presidente le parece reprobable, primero porque sus estudios suelen criticarlo, y segundo porque está convencido que sólo son arietes de empresarios que han perdido sus privilegios, chupan recursos públicos para corromperse, o se financian de organizaciones extranjeras con aviesas intenciones ideológicas. 

No se diga de las organizaciones de mujeres feministas, a las que tilda de ser manipuladas por poderosos empresarios, y a las que acusa de abrazar una causa neoliberal “de moda”, que distrae la atención de lo realmente importante que es el combate a la corrupción y la atención a los pobres. 

Lo cierto es que si en algún tema la sociedad civil organizada sabe hacer su trabajo es en el tema de seguridad: el Observatorio Nacional Ciudadano, México Evalúa, Causa en Común, el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia,  el Insyde, el IMCO, la UNAM, la UAM, la Ibero, analistas como Ernesto López Portillo, Alejandro Hope, Sergio Aguayo, Eduardo Guerrero, entre muchos otros, tienen años estudiando el fenómeno y han generado kilos de estadísticas e inteligencia. 

Estos tímidos llamados a colaborar e ir de la mano en la construcción de políticas públicas puede que no tengan la bendición presidencial pero sí la suficiente confianza de una ex secretaria de Gobernación y de una procuradora que han visto al monstruo de cerca, mismo que, saben, no será abatido con abrazos, pero tampoco necesariamente a puro balazo, sino con inteligencia. Ojalá estas dos manos tendidas no queden en el aire