Cuando este día terminen los actos de investidura del presidente número 46 de los Estados Unidos, Joe Biden, se harán tal vez visibles algunos nubarrones que auguran tormentas en las relaciones de esa nueva administración con su vecino del Sur a causa de posturas y decisiones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que el demócrata vencedor en las elecciones habrá de tener en cuenta. Dos de ellas tienen especial significación: la seguridad y la política energética.
Al rechazar los elementos con los que el Departamento de Justicia que sirvieron a una juez federal para librar la orden de aprehensión contra el exsecretario de la Defensa de México, general Salvador Cienfuegos, el gobierno de López Obrador “descubrió” que la agencia de combate a las drogas, la DEA, “fabricó” los delitos por los que acusó al militar mexicano y al mismo tiempo hizo público el expediente de supuestas pruebas que involucrarían a otros miembros del Ejército mexicano lo mismo que a políticos de la administración de Enrique Peña Nieto, descalificación que avala el fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero. Independientemente de que se considere la culpabilidad o la inocencia del general Cienfuegos, la publicación del expediente y la acusación directa de pruebas falsas a un órgano del Estado norteamericano constituyen hechos que inciden en el Tratado de Asistencia Legal vigente entre los dos países que el gobierno de Biden podrá tener en cuenta. Otro elemento, de tanta o mayor importancia en el trato entre las dos naciones, será el extrañamiento del Departamento de Estado, las secretarías de Energía y Comercio de ese país al gobierno de México por la política relacionada con las empresas que promueven la generación de energías limpias, que López Obrador ha cancelado, proyectos considerados parte de los compromisos dentro del tratado trilateral de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. El presidente Joe Bidien ha manifestado con claridad que entre sus prioridades están los esfuerzos para reducir los efectos del cambio climático y que incluso su gobierno retornará al Acuerdo sobre la materia firmado en París, abandonado por el gobierno de Donald Trump. El gobierno de López Obrador rechazó también el señalamiento de un posible incumplimiento por parte de México de sus compromisos dentro del T-MEC invocando principios de autodeterminación para decidir sobre su política económica. No obstante, lo mismo que en otros aspectos esa autodeterminación no se viola si se tiene en cuenta que en toda libertad y en pleno ejercicio de la soberanía se firman y deben cumplirse tratados y otros instrumentos internacionales. Es evidente que el gobierno de Joe Biden puede y debe hacer suyos hechos, si bien producidos en la ya concluida era trumpista, tienen evidentes efectos para el futuro de la relación entre los dos países.
Hay, sin duda, otros factores que podrían nublar la relación entre los dos países, entre ellos el descuido y el desaseo en los usos de la diplomacia y la consideración entre gobiernos. El anuncio anticipado de la designación de un nuevo embajador sin la previa solicitud del beneplácito a la propuesta del secretario de Educación, Esteban Moctezuma, a ese cargo diplomático, podría ser uno de los elementos que empañen esa relación. Otro sería la ocurrencia de López Obrador de otorgar asilo a Julián Assange, quien permanece detenido por el gobierno de Inglaterra. Sin embargo el gobierno de Biden ha dado muestras de estar en la mejor disposición para establecer nuevas y firmes bases en la amistad y la cooperación con México lo mismo que con otros países de América Latina; anuncia medidas concretas en su política migratoria, especialmente de beneficio para los grupos de mexicanos y de otros países del área latinoamericana con una ley que hoy mismo presentará al Congreso norteamericano. Específicamente hace saber su determinación de fortalecer y dar seguridad a la frontera entre los dos países con medidas que contrastan con las del gobierno de Donald Trump. El tratamiento a los migrantes por parte de Biden incluye la decisión de terminar con la separación de padres e hijos a causa de una política migratoria que el gobierno de Trump mantuvo vigente. Esa disposición, que se muestra esencial en la política norteamericana en el futuro próximo, permitirá sin duda la superación de problemas por arduos que sean. En tanto, debemos esperar que cuestiones tan delicadas como las relacionadas con la seguridad y los compromisos dentro del tratado trilateral sean resueltas con esa voluntad de vecindad, cooperación y amistad que ya se anuncian desde el inicio del nuevo gobierno norteamericano.
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