/ domingo 25 de octubre de 2020

Divorcio

Desde hace muchos años existe un divorcio entre lo que nos preocupa a los ciudadanos y lo que creen los políticos que nos preocupa. Una coincidencia tan simple entre gobernados y gobernantes se vuelve compleja y, a veces, irreconciliable.

Basta revisar la más reciente encuesta en vivienda del INEGI para darnos cuenta, otra vez, de la brecha que hay entre las demandas inmediatas de las y los mexicanos y la lentitud con la que se atienden o de plano se ignoran.

Según este ejercicio, la primera demanda de la ciudadanía a nivel nacional es el arreglo de calles y avenidas. La "guerra contra los baches" podría titularse la necesidad que tenemos en todos los estados de la República de contar con un

asfaltado que dure. De este reclamo civil, además se desprenden el tráfico, la falta de buen alumbrado público y la deficiencia en el servicio de recolección de basura.

¿Y la seguridad? Es la preocupación número cuatro, lo que no quiere decir bajo ninguna circunstancia que ya estamos satisfecho o el problema de la delincuencia está disminuyendo.

Sin embargo, según el INEGI, pasa a un plano menos relevante, porque hasta el estado del drenaje público, tapado por la basura que tiramos sin pensar en las consecuencias, está ubicado entre los requerimientos ciudadanos de primer orden.

No debería sorprendernos, porque esta relación con el espacio público es diaria, influye en nuestra rutina y está directamente relacionada con nuestra

calidad de vida, la que tenemos, y a la que aspiramos.

Lo inusitado reside en que han pasado sexenios enteros, administraciones completas y el bache o el automóvil abandonado y el cascajo en las banquetas siguen ahí.

Con base en cálculos que corresponden a las estimaciones oficiales y que pude atestiguar cuando hacíamos estudios similares desde la sociedad civil, 7 de cada 10 quejas ciudadanas tienen que ver con malos servicios y fallas en la infraestructura pública.

Si alguna alcaldesa o alcalde quisiera reducir dramáticamente sus dolores de cabeza, bastaría con que supervisara el correcto funcionamiento de estos aspectos. Supongo que sería una buena noticia deshacerse de hasta el 75% de las

quejas, aunque por los resultados que vemos nada más salir a la calle, la mayoría tienen otras prioridades o ven estos rubros como poco rentables en lo electoral y, peor, como oportunidades de corrupción. Sólo así podríamos explicar una desconexión tan evidente.

Esa falta de sensibilidad, que tiene mucho que ver con el sentido común y poco con la política, es parte de la explicación sobre el descrédito y la mala reputación social de muchos de los que participan en puestos públicos y en cámaras legislativas a cualquier nivel.

Esta falta de identificación se agrava cuando, a pesar de la falta de resultados, los salarios y las prestaciones en algunos ayuntamientos del país representan la mayor parte del gasto público.

No es tan difícil calcular cuántos metros

cuadrados podrían pavimentarse con concreto hidráulico si los presidentes municipales, regidores y síndicos, por ejemplo, tuvieran remuneraciones más cercanas a la mayoría de la población; la interrogante es por qué si es sencillo, esas autoridades no lo ven de la misma forma.

Esa gestión de reparaciones, obras y adecuaciones, que ayudaría a las y los legisladores a estar cerca de sus electores, tampoco es un ejercicio que les llame la atenciób, salvo en momentos muy precisos de la competencia electoral. Es decir, nos buscan cuando llega el tiempo de pedir el voto o de buscar la reelección.

Esa forma utilitaria de interpretar las necesidades de las y los ciudadanos genera esta grave disociación y quien lo dude salga a recorrer su calle y su colonia, de noche si es posible, para verificar qué

tanta atención le presta su autoridad y su representante popular a lo que nos ocurre.

Vienen elecciones el próximo año, unas que se anticipan cruciales para la continuidad del proyecto que hoy gobierna y para sus críticos y opositores; nuestra tarea ciudadana es evaluar a quienes están en el cargo conforme a nuestras preocupaciones y lo que hicieron para atenderlas, al tiempo que nos fijamos muy bien en que las promesas de los que quieren competir sí corresponden con esas necesidades, tengan la voluntad y el compromiso de llevarlas a cabo, y deseen cerrar esa brecha de comunicación que hay con nosotros.

A partir de ahí demos o no nuestro voto, la herramienta que tenemos a la mano para presionar y para ejercer nuestro papel en una democracia.

Si se busca construir alternativas al modelo presente, o preservarlo los cuatro años que quedan, el denominador común debe ser que se cumplan con esas necesidades básicas, pensando en el futuro, estableciendo las bases de infraestructura que requiere una nación moderna, y con la transparencia mínima para que, por fin, podamos encontrarnos en puntos comunes con quienes tienen la responsabilidad de dirigir el rumbo de las instituciones y quienes formamos parte de una sociedad que se tiene que involucrar y volver más participativa.

Desde hace muchos años existe un divorcio entre lo que nos preocupa a los ciudadanos y lo que creen los políticos que nos preocupa. Una coincidencia tan simple entre gobernados y gobernantes se vuelve compleja y, a veces, irreconciliable.

Basta revisar la más reciente encuesta en vivienda del INEGI para darnos cuenta, otra vez, de la brecha que hay entre las demandas inmediatas de las y los mexicanos y la lentitud con la que se atienden o de plano se ignoran.

Según este ejercicio, la primera demanda de la ciudadanía a nivel nacional es el arreglo de calles y avenidas. La "guerra contra los baches" podría titularse la necesidad que tenemos en todos los estados de la República de contar con un

asfaltado que dure. De este reclamo civil, además se desprenden el tráfico, la falta de buen alumbrado público y la deficiencia en el servicio de recolección de basura.

¿Y la seguridad? Es la preocupación número cuatro, lo que no quiere decir bajo ninguna circunstancia que ya estamos satisfecho o el problema de la delincuencia está disminuyendo.

Sin embargo, según el INEGI, pasa a un plano menos relevante, porque hasta el estado del drenaje público, tapado por la basura que tiramos sin pensar en las consecuencias, está ubicado entre los requerimientos ciudadanos de primer orden.

No debería sorprendernos, porque esta relación con el espacio público es diaria, influye en nuestra rutina y está directamente relacionada con nuestra

calidad de vida, la que tenemos, y a la que aspiramos.

Lo inusitado reside en que han pasado sexenios enteros, administraciones completas y el bache o el automóvil abandonado y el cascajo en las banquetas siguen ahí.

Con base en cálculos que corresponden a las estimaciones oficiales y que pude atestiguar cuando hacíamos estudios similares desde la sociedad civil, 7 de cada 10 quejas ciudadanas tienen que ver con malos servicios y fallas en la infraestructura pública.

Si alguna alcaldesa o alcalde quisiera reducir dramáticamente sus dolores de cabeza, bastaría con que supervisara el correcto funcionamiento de estos aspectos. Supongo que sería una buena noticia deshacerse de hasta el 75% de las

quejas, aunque por los resultados que vemos nada más salir a la calle, la mayoría tienen otras prioridades o ven estos rubros como poco rentables en lo electoral y, peor, como oportunidades de corrupción. Sólo así podríamos explicar una desconexión tan evidente.

Esa falta de sensibilidad, que tiene mucho que ver con el sentido común y poco con la política, es parte de la explicación sobre el descrédito y la mala reputación social de muchos de los que participan en puestos públicos y en cámaras legislativas a cualquier nivel.

Esta falta de identificación se agrava cuando, a pesar de la falta de resultados, los salarios y las prestaciones en algunos ayuntamientos del país representan la mayor parte del gasto público.

No es tan difícil calcular cuántos metros

cuadrados podrían pavimentarse con concreto hidráulico si los presidentes municipales, regidores y síndicos, por ejemplo, tuvieran remuneraciones más cercanas a la mayoría de la población; la interrogante es por qué si es sencillo, esas autoridades no lo ven de la misma forma.

Esa gestión de reparaciones, obras y adecuaciones, que ayudaría a las y los legisladores a estar cerca de sus electores, tampoco es un ejercicio que les llame la atenciób, salvo en momentos muy precisos de la competencia electoral. Es decir, nos buscan cuando llega el tiempo de pedir el voto o de buscar la reelección.

Esa forma utilitaria de interpretar las necesidades de las y los ciudadanos genera esta grave disociación y quien lo dude salga a recorrer su calle y su colonia, de noche si es posible, para verificar qué

tanta atención le presta su autoridad y su representante popular a lo que nos ocurre.

Vienen elecciones el próximo año, unas que se anticipan cruciales para la continuidad del proyecto que hoy gobierna y para sus críticos y opositores; nuestra tarea ciudadana es evaluar a quienes están en el cargo conforme a nuestras preocupaciones y lo que hicieron para atenderlas, al tiempo que nos fijamos muy bien en que las promesas de los que quieren competir sí corresponden con esas necesidades, tengan la voluntad y el compromiso de llevarlas a cabo, y deseen cerrar esa brecha de comunicación que hay con nosotros.

A partir de ahí demos o no nuestro voto, la herramienta que tenemos a la mano para presionar y para ejercer nuestro papel en una democracia.

Si se busca construir alternativas al modelo presente, o preservarlo los cuatro años que quedan, el denominador común debe ser que se cumplan con esas necesidades básicas, pensando en el futuro, estableciendo las bases de infraestructura que requiere una nación moderna, y con la transparencia mínima para que, por fin, podamos encontrarnos en puntos comunes con quienes tienen la responsabilidad de dirigir el rumbo de las instituciones y quienes formamos parte de una sociedad que se tiene que involucrar y volver más participativa.

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