/ martes 16 de enero de 2018

Dólares, centavos y sadismo republicano

Los demócratas quieren fortalecer la red social de seguridad; los republicanos quieren debilitarla. Pero, ¿por qué?

La oposición del Partido Republicano a los programas que ayudan a los menos afortunados, suele estar enmarcada en términos monetarios. Por ejemplo, el senador Orrin Hatch, a quien se cuestionó sobre la incapacidad del congreso para tomar medidas en relación con el Programa de Seguro de Salud para Niños (CHIP por sus siglas en inglés), una parte de Medicaid que cubre a cerca de nueve millones de niños, declaró que “la razón por la cual el CHIP está en problemas es porque ya no tenemos dinero”.

Sin embargo, ¿es un asunto de dinero? No, es un asunto de crueldad. En los últimos años, cada vez es más evidente que el sufrimiento que genera la oposición republicana a los programas de red de seguridad no es un error, es una característica. El objetivo es causar dolor.

Como muestra de lo que digo, basta considerar tres historias sobre las políticas de atención a la salud.

La primera: la saga de la expansión de Medicaid bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible. La Suprema Corte permitió que los estados no entraran a la expansión. Sin embargo, aceptar la expansión habría sido algo evidente para cualquier estado: en un inicio, el gobierno federal habría pagado el costo, e incluso a largo plazo habría pagado 90 por ciento, mientras tanto llegarían dinero y trabajos a las economías estatales. No obstante, 18 estados —todos ellos controlados por republicanos, gobernadores republicanos o ambos— siguen sin expandir Medicaid. ¿Por qué?

Por un tiempo, se podía argumentar que era una estrategia política cínica: la expansión de Medicaid fue una política de Barack Obama, y los republicanos no querían dar ningún éxito político a un presidente demócrata. Sin embargo, esa historia no puede explicar la resistencia continua de los estados a la idea de brindar cobertura de salud a miles de sus ciudadanos por un costo mínimo.

No, en este momento es claro que los políticos republicanos no quieren que las familias de ingresos más bajos tengan acceso a la atención médica y en realidad están dispuestos a dañar las economías de sus propios estados con el fin de negarles esta posibilidad.

La segunda: el asunto de los requisitos de trabajo para tener Medicaid. Durante años, algunos estados han solicitado el derecho para obligar a los destinatarios de Medicaid a tener trabajo, y esta semana el gobierno de Trump declaró que les permitiría hacerlo. No obstante, ¿qué hay detrás de esta demanda?

La realidad es que la gran mayoría de los adultos que tienen Medicaid son de familias donde al menos un adulto trabaja. Y una gran mayoría de los que no hacen tienen buenas razones para no ser parte de la fuerza laboral: son discapacitados, cuidan a otro familiar o son estudiantes.

Los demócratas quieren fortalecer la red social de seguridad; los republicanos quieren debilitarla. Pero, ¿por qué?

La oposición del Partido Republicano a los programas que ayudan a los menos afortunados, suele estar enmarcada en términos monetarios. Por ejemplo, el senador Orrin Hatch, a quien se cuestionó sobre la incapacidad del congreso para tomar medidas en relación con el Programa de Seguro de Salud para Niños (CHIP por sus siglas en inglés), una parte de Medicaid que cubre a cerca de nueve millones de niños, declaró que “la razón por la cual el CHIP está en problemas es porque ya no tenemos dinero”.

Sin embargo, ¿es un asunto de dinero? No, es un asunto de crueldad. En los últimos años, cada vez es más evidente que el sufrimiento que genera la oposición republicana a los programas de red de seguridad no es un error, es una característica. El objetivo es causar dolor.

Como muestra de lo que digo, basta considerar tres historias sobre las políticas de atención a la salud.

La primera: la saga de la expansión de Medicaid bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible. La Suprema Corte permitió que los estados no entraran a la expansión. Sin embargo, aceptar la expansión habría sido algo evidente para cualquier estado: en un inicio, el gobierno federal habría pagado el costo, e incluso a largo plazo habría pagado 90 por ciento, mientras tanto llegarían dinero y trabajos a las economías estatales. No obstante, 18 estados —todos ellos controlados por republicanos, gobernadores republicanos o ambos— siguen sin expandir Medicaid. ¿Por qué?

Por un tiempo, se podía argumentar que era una estrategia política cínica: la expansión de Medicaid fue una política de Barack Obama, y los republicanos no querían dar ningún éxito político a un presidente demócrata. Sin embargo, esa historia no puede explicar la resistencia continua de los estados a la idea de brindar cobertura de salud a miles de sus ciudadanos por un costo mínimo.

No, en este momento es claro que los políticos republicanos no quieren que las familias de ingresos más bajos tengan acceso a la atención médica y en realidad están dispuestos a dañar las economías de sus propios estados con el fin de negarles esta posibilidad.

La segunda: el asunto de los requisitos de trabajo para tener Medicaid. Durante años, algunos estados han solicitado el derecho para obligar a los destinatarios de Medicaid a tener trabajo, y esta semana el gobierno de Trump declaró que les permitiría hacerlo. No obstante, ¿qué hay detrás de esta demanda?

La realidad es que la gran mayoría de los adultos que tienen Medicaid son de familias donde al menos un adulto trabaja. Y una gran mayoría de los que no hacen tienen buenas razones para no ser parte de la fuerza laboral: son discapacitados, cuidan a otro familiar o son estudiantes.