El desfalco de Javier Duarte a Veracruz, sin duda pasará a la historia como uno de los más escandalosos y perjudiciales para México. Es posible que sólo aquellos textos históricos aun no escritos, sean los que nos den un poco de justicia, y retraten a Duarte, como uno de los traidores a la patria más grandes que han existido. Hoy, sin embargo, la justicia parece agotarse en una efímera sentencia y un pago de 58 mil pesos, que prácticamente, es un millón de veces menor que lo que el ex gobernador se robó.
Entre la lista de los bienes incautados, además de aquel diario lleno de decretos de abundancia, reflejo de una obsesiva compulsión de Karime Macías; figuran también 41 bienes inmuebles confiscados con un valor de más de 600 millones de pesos. Entre los más ostentosos, destacan 21 parcelas en Campeche, 2 departamentos en Polanco, otros 3 en la zona más exclusiva de Boca del Río, Veracruz, en Costa de Oro; también, otros 4 en Guerrero valuados en 1.5 millones de dólares cada uno, un edificio en la Colonia Lomas de Chapultepec, otros 3 departamentos en Santa Fe, así como 4 terrenos en Cancún,y una casa en Tlacotalpan, Veracruz.
Ese mismo Duarte, vio culminado hace unos días el proceso en su contra por el desvío de más de 66 mil millones de pesos, de los cuales sólo aceptó haber tomado 1,650 millones, y por lo cual el juez Marco Antonio Fuente Tapia, dictó sentencia de apenas 9 años de prisión, y una multa de menos de 60 mil pesos contra el ex gobernador veracruzano. Por si fuera poco, este mismo juzgador a unas cuantas horas determinaría excarcelar al exsecretario del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez, en una escena que va más allá de una serie de eventos desafortunados para la justicia nacional.
Hace unos días, se reveló que el ex tesorero de Duarte, Antonio Tarek Abdalá Saad, quien fuese protegido por el PRI al convertirle en Diputado Federal la Legislatura pasada, declaró en mayo pasado ante la PGR, que el dinero que se desviaba, se tomaba de partidas públicas que se asignaban a distintas dependencias, aun cuando éstas tenían comprometidos los recursos,el dinero era transferido para los fines que decidían Duarte y su esposa.
El extesorero, reconoció con total descaro que el dinero era transferido a la Tesorería y desde ahí a compañías irregulares, los recursos provenían primordialmente de la Secretaría de Educación, la de Seguridad Pública, la de Agricultura, la de Obras y la de Desarrollo Social de Veracruz.
La semana pasada, si bien el Senado aprobó un exhorto para que la Corte Penal de La Haya, investigue a Javier Duarte en el caso de la pruebas apócrifas de VIH, y el agua destilado que se suministró a niños con cáncer, mucho es lo que debe hacer antes nuestro sistema judicial, para otorgar justicia a las víctimas y a sus familias, ante un agravio que no sólo representa un delito, sino que rebasa lo inhumano.
A pesar del proceso que terminó la semana pasada, la PGR tiene en sus manos decenas de denuncias más, derivadas de la labor de investigación de la ASF, que bien podrían concluir –si hay voluntad para ello- en proceso que sumen años de sentencia para Duarte.
Sin embargo, es urgente poner en el centro de estas discusiones, el hecho de que la decisión que definió una sentencia tan laxa para Duarte, es un reflejo del penosísimo papel que están jugando nuestros jueces, al momento de combatir la corrupción y la impunidad. El Consejo de la Judicatura, tiene en sus manos, establecer una ruta de acción para corregir que tan terribles definiciones sean aceptadas en la carrera judicial como normales, o como consecuencia de una interpretación de la ley.
El resultado hasta hoy, sin duda ha dejado decepcionado a todos, y con un compromiso enorme para la siguiente administración, el de dejar tras las rejas a Duarte, y poner en claro que la transformación del país, necesariamente cruza con castigar a los corruptos, sobre todo tratándose de un caso como el del ex gobernador veracruzano, que es conocido internacionalmente, y por el que a los ojos de la comunidad internacional somos ejemplo de corrupción e impunidad.
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