Varios hechos marcaron negativamente el sexenio que está terminando, uno de ellos sin duda fue la impunidad que gozaron varios gobernadores surgidos del PRI y la desfachatez con que se movieron durante sus gobiernos.
Y en los prolegómenos del debacle se distingue el caso Javier Duarte quién formaba parte de las nuevas generaciones de políticos priistas gozando un poder inconmensurable, que podía hacer lo que le viniese en gana y seguramente confabulado con el alto poder de su partido, y como muchos otros, confiaba nada lo tocaría.
Duarte fue acusado de haberse beneficiado en su gestión, imposible ocultarlo. Después de su extradición de Guatemala se pensó por fin enfrentaría a la justicia.
Pero no es así y hay cuando menos tres preguntas que debe contestar la PGR: ¿Porqué fincó responsabilidades contra Duarte por un monto menor lejano a la cifra multimillonaria que se aducía fue el desfalco al erario federal y a la hacienda estatal? ¿Porqué reclasificó el tipo penal de delincuencia organizada por el delito de asociación delictuosa? ¿qué le motivó a renunciar al derecho de impugnar la sentencia?
La suspicacia es inevitable: menos peculado, delito de menor impacto, mejores condiciones para una estrategia de su defensa para un procedimiento judicial abreviado, argucias que se aprovechan de las bondades del nuevo sistema.Déficit a modo por parte de la Procuraduría General de la República.
Y para que no quepa duda la inexplicable renuncia a impugnar la decisión del juez; 4 años y medio y puede salir de la cárcel quién además es señalado como uno de los prototipos de corrupción déspota.
La burla no para aquí, la fianza de 58,000 pesos forma parte de un tramado de una justicia paradójicamente injusta e ilegal, que debería avergonzar a quienes están todavía encargados del despacho de la PGR y que la han convertido en un despacho para fabricar simulaciones de ministerio público y es un “duro revés al derecho y una invitación a delinquir” como lo ha definido el Dr Diego Valadés.
Y en estas andábamos cuando sorprendentemente el Senado aprueba un punto de acuerdo para remitir a la Corte Penal Internacional en La Haya el caso Duarte y su vinculación con crímenes de lesa humanidad en materia de salud pública.
Es obvio que ante la incapacidad para que la institución que debe regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez; hoy está lejos de acatar la ética y los principios constitucionales que le distinguen.Se ha llevado al peor deterioro que puede sufrir una institución. Pero Duarte aún tiene mucho que explicar a la justicia, dónde quedaron las denuncias por las vacunas apócrifas para niños con cáncer, o por las desapariciones forzadas que son un horror, o los asesinatos y amenazas a periodistas
Algo tenemos que hacer para que se pueda detener a quienes se mueven como villeyes haciendo de las suyas a la vista de todos de manera impune. Por lo pronto es urgente que la PGR se constituya en la Fiscalía autónoma e independiente del gobierno, que tengan al frente profesionales que garanticen una procuración de justicia que no sea tapadera de ningún funcionario y mucho menos lo sea del Presidente. Nada podrá evitar se perciba que toda esta faramalla Duarte está encaminada a no saber a dónde también paró la desviación de los recursos públicos, además de su círculo cercano.
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